La emergencia social se ha agravado a raíz de la pandemia y el alza de precios provocada por una inflación en máximos históricos. Esto impacta en cada vez más familias en toda Catalunya, que acuden a los servicios sociales o a entidades para pedir ayuda para pagar el alquiler, los suministros o la comida. Pero, en el caso de L'Hospitalet de Llobregat, el Ayuntamiento no está reaccionando: es lo que denuncian varias organizaciones, que tachan la situación de "insostenible" y reclaman que se aceleren los trámites más urgentes.

En el último año, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza por la Pobreza Energética (APE) y el Sindicat de Llogateres del municipio han detectado un incremento de habitantes de la segunda ciudad de Catalunya en las sus asambleas. Como Djamila, que en diciembre se puso en contacto con los servicios sociales y no le dan cita hasta febrero, cuando seguramente Endesa ya le habrá cortado la luz. "Los informes de vulnerabilidad social tardan muchísimo, o no se emiten. Una vez lo tenga y le devuelvan la luz, pasará un tiempo", lamenta Diana Virgós, portavoz de la PAH.

La demora para las citas se suma a las dificultades para conseguirlas: la saturación del correo y un teléfono que no funciona no facilita el acceso de las familias a este servicio. Además, desde la pandemia no se ha recuperado la atención presencial en la primera visita, por lo que personas con dificultades lingüísticas o de otro tipo lo tienen muy complicado para comunicarse con el Ayuntamiento. "O no tienen acceso o tarda mucho, y eso hace que una problemática urgente se eternice", señala la portavoz de la APE, María Campuzano.

Los colectivos, que protestaron el pasado diciembre dentro y fuera del Pleno municipal, señalan la "angustia" que todo esto genera a los usuarios, en situación de exclusión social. Como el caso de una mujer, con un menor a cargo, que desde septiembre no tiene agua y no sabe cuándo podrá recuperarla.

"Bloqueo" del Ayuntamiento

Los servicios sociales de todas partes están gestionando unas peticiones que no paran de aumentar, pero las entidades denuncian que en L'Hospitalet existe un "bloqueo" para implementar las medidas que reclaman. "Los otros ayuntamientos se han puesto las pilas ante una situación de pobreza y emergencia habitacional cada vez más desgarradora, pero este no", destaca Campuzano.

Las entidades niegan que estén señalando a los trabajadores del servicio, sino a un equipo de gobierno municipal que las ve como "enemigos" y que "no está priorizando el buen funcionamiento de los servicios sociales". Denuncian protocolos incomprensibles y que no se aplican en otros sitios, como la negativa a que el usuario tenga una copia de su propio informe de vulnerabilidad social.

En noviembre se reunieron con Jesús Husillos, teniente de alcaldía de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos del Ayuntamiento, pero más allá de reconocer algunas disfunciones y "compromisos vacíos y muy generales", no hubo más resultados, lamentan. Hoy en día no existen conversaciones activas. Público se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de L'Hospitalet, pero en el momento de cerrar este artículo no había dado respuesta a las preguntas planteadas.

"La situación se ha desbordado a muchos niveles, una crisis que ya se arrastraba se ha agravado y el Ayuntamiento no ha invertido ni un euro más", critica Virgós. Los colectivos reclaman más recursos, especialmente para reforzar al personal de los servicios sociales. Actualmente sólo hay un trabajador para gestionar las urgencias: "Una sola persona no puede atender todas las solicitudes de la segunda ciudad más grande de Catalunya. No pueden dejar desamparada a la ciudadanía. El Ayuntamiento debe detectar las necesidades de los habitantes de su ciudad", concluye Virgós.