El Sindicat de Llogateres exige al Ayuntamiento de Barcelona recuperar 17 'colivings' del fondo Vandor para hacer vivienda protegida

El Sindicat de Llogateres ha presentado este jueves una instancia en el Ayuntamiento de Barcelona para reclamar la reconversión de 17 colivings —repartidos en cuatro fincas, propiedad del fondo buitre Vandor— en vivienda protegida. Según ha explicado la portavoz del sindicato, Carme Arcarazo, a las puertas de la Oficina de Atención Ciudadana en la plaza de Sant Miquel, la empresa se está saltando la medida del 30% y el consistorio no actúa a pesar de tener constancia.

Vandor Real Estate es una SOCIMI que nace como rama del fondo de inversión inmobiliario inglés Patron Capital en el Estado y que ya ha comprado 13 bloques y más de 200 pisos en Barcelona. Su modus operandi, según explica el sindicato, es adquirir los edificios, no renovar los contratos y hacer obras para compartimentar los pisos y sacar un beneficio superior a la hora de alquilarlos.

"Denunciamos que no se están haciendo cumplir las leyes. Llegan empresas que saquean nuestros bloques, echan a los vecinos y trocean los pisos para alquilarlos a precio de oro y el Ayuntamiento no hace nada", ha manifestado Arcarazo. La medida del 30% en la capital catalana obliga a los promotores a destinar un tercio de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida.

En la atención a los medios, Arcarazo ha revelado que hay varios informes técnicos del Ayuntamiento que certifican que Vandor ha hecho grandes rehabilitaciones sin permisos en cuatro fincas de Barcelona —Nàpols, 106; Consell de Cent, 538; Rocafort, 219, y Entença, 69— y que no ha respetado la reserva del 30%. Por este motivo, el Sindicat de Llogateres ha instado a hacerla efectiva para recuperar 17 viviendas y evitar el desahucio de varios inquilinos. El caso más urgente es el de Elisabeth, vecina de Consell de Cent, 538, que ya tiene fijada una fecha para el desalojo, el próximo 16 de abril.

Muy afectada por su situación, Elisabeth no ha podido hablar ante los medios de comunicación y lo ha hecho, en representación suya y de otras compañeras, Rosario Castillo, la última vecina de la finca ubicada en la calle Entença, 69, también en el Eixample. Su situación es algo distinta: aún no tiene fecha para el desahucio, pero también la han demandado porque, a pesar de seguir pagando cada mes, su contrato acabó hace tres años. "Nos quieren echar, pero nos deberían haber aplicado la medida del 30%", se ha quejado la mujer.

Castillo ha explicado que Vandor les ha ofrecido moverse a otro piso, pero que es más pequeño y no se adecua a sus necesidades. "Si nos ofrecen un nuevo contrato, exigimos que sea el de nuestra casa". Al encuentro también ha asistido otra inquilina en riesgo, Wendy.

En este sentido, Arcarazo ha apuntado que "el Ayuntamiento dice que quiere ampliar el parque de vivienda asequible", pero que, "a la hora de la verdad, deja escapar pisos para no molestar a las grandes empresas". Desde el punto de vista del sindicato, alguien en la administración está "bloqueando" la sanción al fondo buitre. Un abogado de la entidad, Ivo Recoder, ha recordado que el Ayuntamiento "tiene la obligación de hacer cumplir la normativa urbanística". "Podría detener los desahucios, pero no lo quiere hacer por razones que desconocemos", ha concluido.

BComú pide la comparecencia de Laia Bonet

Barcelona en Comú ha reaccionado a la instancia del Sindicat de Llogateres y ha solicitado por escrito la comparecencia de la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, responsable del área de urbanismo, por, según la formación, "incumplir de manera flagrante y sistemática el 30%". Al mismo tiempo, el grupo municipal ha denunciado la "permisividad" del gobierno de Jaume Collboni "con la aplicación de la norma del 30% en grandes rehabilitaciones y construcciones", avalada recientemente por el Tribunal Supremo.

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Vandor responde a la instancia del Sindicat de Llogateres

El fondo Vandor ha respondido a la acción a través de un comunicado en el que "niega haber realizado grandes rehabilitaciones de sus edificios y por lo tanto haber incumplido la reserva del 30% para VPO". Y continúa: "Las actuaciones que practica Vandor con todos sus inmuebles no entran en el apartado de obra mayor y que por su entidad técnica o incidencia urbanística, no afectan a los elementos estructurales, modifican la configuración arquitectónica del edificio o alteran su volumen, uso o condiciones de seguridad".

No obstante, la información de la que dispone Públic del Ayuntamiento de Barcelona sobre los inmuebles de Consell de Cent, 538, y Nàpols, 206, indica que las reformas fueron "globales" y no parciales y, por tanto, procede aplicar el 30%. El consistorio propone que, "en base a la legislación vigente, se obtenga la preceptiva licencia de obras mayores que ampare las obras ejecutadas".

En su comunicado, Vandor ha dicho que "presentará las alegaciones y recursos pertinentes ante los informes del Ayuntamiento, al considerar que existe una discrepancia técnica de fondo en la valoración de las obras".