Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han urgido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una reunión para "evitar el colapso" que se producirá en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) si se produce el cese de 1.635 trabajadores interinos previsto por una resolución de su dirección General de Costes de Personal y la de Función Pública.

En una misiva conjunta subrayan que se trata del 19% de la plantilla global y casi el 28% en relación a los efectivos en la red de Oficinas de Prestaciones, "quienes prestan atención presencial a los usuarios de este servicio público", cuando el SEPE continúa aún con una carga de trabajo que "casi cuadriplica la existente en este mismo mes del año 2019".

Conforme a sus cálculos, se contaría ya ahora con 900 efectivos menos de los que el SEPE mantenía en julio de 2019 para una carga que se ha multiplicado por cuatro, al ser su número de 7.065 frente a los 7.970 de hace dos años.

"El resultado entra dentro de claves grotescas, incluso cómicas si no fuera por las consecuencias que supone tal decisión", denuncian en la carta a Montero, subrayando que además de frustrar las expectativas de los empleados que ha realizado "un esfuerzo titánico para responder al mayor reto administrativo al que se ha enfrentado la administración", perjudicará al trabajo de la plantilla que continúe y se resentirá el servicio.

Al respecto aseguran que unas 158 unidades de atención van a quedar comprometidas, un 23% de la red, y tendrán que proceder al cierre de centros al verse desprovistos de personal, además de provocar demoras en los tiempos de resolución de las prestaciones para los trabajadores en desempleo.

Según los sindicatos, el ahorro que se logrará con su salida "es ridículo comparado con el volumen de recursos económicos que están gestionando, no llegando a alcanzar el 0,001% de dichos recursos", y obligará a realizar otras inversiones para encarar los problemas que provocará en la gestión.