Cuando no hay luz al final del túnel: la crisis de vivienda y la precariedad socavan la salud mental de los jóvenes

La precariedad laboral y la incertidumbre económica están dañando profundamente la salud mental de los jóvenes en nuestro país. El ritmo y la dinámica del sistema social, político y económico actual ha dado lugar a un día a día cada vez más invivible para muchos, generando un malestar emocional sin precedentes. 

Así lo pone de relieve el último informe publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) y Oxfam Intermón, Equilibristas: Las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual, donde se ofrece una mirada exhaustiva sobre la estrecha relación entre las condiciones estructurales que moldean la vida, en clave económica o de género, y el estado psicológico de la juventud. La propia OMS ya ha advertido en múltiples ocasiones esto mismo: que la exposición la pobreza es uno de los factores que socavan la salud mental.

El estudio revela que más del 55,6% de las personas jóvenes entre 16 y 29 años  con dificultades económicas sufren problemas de salud mental. El paro y el difícil acceso a la vivienda, en definitiva, la creciente precariedad impacta directamente en su capacidad para desarrollar su proyecto personal, construir una vida. En estos momentos, la tasa de emancipación para los jóvenes de entre 25 y 29 años es apenas del 37,6%, cinco puntos por debajo de la media europea. Esta situación obliga a muchos a vivir con sus familias más allá de los 30 años y postergar cada vez más su independencia.

Los datos muestran un alarmante aumento en los problemas psicológicos en este grupo social. La tasa de casos clínicos ha pasado de 5.712 por cada 100.000 habitantes en 2011 a 39.408 en 2022, lo que representa un incremento del 590%. A pesar de esta situación, solo el 17% de los jóvenes afectados ha recibido atención de un especialista de la sanidad pública en menos de un mes. La mayoría debe esperar entre uno y tres meses o más. Lo que lleva a que cuatro de cada diez no busque ayuda profesional debido al elevado coste de la atención privada, que puede consumir alrededor del 15% de sus ingresos mensuales.

El informe destaca que los jóvenes que viven en situación de pobreza o carencia material severa tienen una mayor probabilidad de experimentar problemas de salud mental, y no son pocos los casos. El 11,5% se encuentran en carencia material severa, lo que significa renunciar a necesidades básicas como calentar sus hogares en invierno o adquirir herramientas necesarias para su educación. 

Ello genera una percepción negativa sobre su futuro, justamente uno de los temas más recurrentes cuando se les pregunta. De hecho, solo cuatro de cada diez jóvenes están satisfechos con su situación educativa o laboral, y esta cifra desciende a tres de cada diez cuando se trata de su situación económica.

Las mujeres y los migrantes, doblemente vulnerabilizados

El Consejo de la Juventud de España destaca la especial incidencia de problemas de salud mental entre las mujeres, con el 49,9% de ellas diagnosticadas con algún tipo de trastorno, especialmente depresión y problemas relacionados con la alimentación. Esta disparidad se atribuye en buena medida a la brecha de género laboral, donde las mujeres jóvenes tienden a tener más contratos temporales.

Según datos de la EPA del tercer trimestre de 2023, la temporalidad juvenil ha disminuido del 51,6% al 19,4% gracias a la reforma laboral, pero las mujeres jóvenes aún enfrentan una mayor precariedad con una tasa de temporalidad del 22,1% frente al 16,8% de los hombres. El caso de Cristina, integradora social con personas migrantes, es bastante ilustrativo. Ella trabaja con contrato fijo desde hace dos años, pero a tiempo parcial, con horario sólo de festivos y fines de semana. Desde hace casi años sufre depresión y ansiedad crónica y explica que, como se viene advirtiendo, la causa principal está relacionada con situación familiar y contexto.

También enfrentan barreras adicionales los migrantes jóvenes en su acceso al empleo, la vivienda y los servicios básicos, lo que los sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad dentro de la sociedad. Uno de los aspectos más críticos es la situación administrativa irregular en la que se encuentran muchos de ellos. Se estima que hay más de 500,000 personas migrantes en España en esta circunstancia, una condición que limitan todavía más sus oportunidades.

Esto implica que estos jóvenes carecen de permisos de residencia y trabajo, lo que los obliga a aceptar empleos informales, mal remunerados y sin derechos laborales. A esto se le suma el racismo, tanto en el mercado laboral como en otros aspectos de la vida diaria.

Una apuesta por políticas que aborden la raíz de esta crisis

El informe revela un dato especialmente preocupante: tres de cada cinco jóvenes en situación de carencia material severa han pensado en el suicidio. Esta tasa es el doble de la registrada entre los jóvenes sin problemas económicos. 

Por ello, los hallazgos subrayan que es crucial que las políticas públicas aborden no solo la atención sanitaria, sino también las condiciones que generan y perpetúan estos problemas. Esto es, ofrecer un entorno que les brinde estabilidad y oportunidades vitales dignas a través de políticas que no solo traten los síntomas, sino que aborden la raíz de esta crisis.