Doñana lleva sufriendo un fenómeno silencioso y demoledor el “robo del agua”, de sus acuíferos desde los años 80. La Organización Mundial por la naturaleza WWF, apunta en un reciente informe como el aporte se ha visto reducido en “un 80 por ciento”. Y es que el acuífero se va secando lentamente por la sobreexplotación agrícola de cultivos de regadío que asedian el entorno del Parque. Una situación catastrófica. Los arroyos ya casi no llevan agua. Una sequía extrema que también se agrava por la explotación de la costa cercana de Matalascañas, abarrotada por el turismo y que termina de absorber la poca reserva de agua subterránea que queda en este espacio, declarado Patrimonio de la Humanidad.

El binomio agricultura y naturaleza no tiene fácil solución. Es el principal agravante. Los colectivos se han sentado para encontrar una solución sostenible al caso del “robo del agua” del Parque. Pero las balsas ilegales siguen aumentando. También los pozos en fincas. Felipe Fuentelsaz declara a Público como representante de WWF que “si hablamos de toda la zona de Doñana la cifra de pozos existentes puede llegar a aumentar a más de 2.000. Solo 1.000 en la Corona Norte del Parque”. Este es un dato es oficial de la administración. El estudio, realizado por satélite, no permite conocer con total exactitud el número de pozos ilegales. Aunque se conoce que solo en 2017 las hectáreas ilegales han aumentado en más de doscientas. WWF calcula que existen unos 700 pozos más que podrían ser cerrados por las autoridades frente a los 300 que ya se han clausurado .

Pero ¿qué tendencia presentan los acuíferos? “Puede ser catastrófico”, alega Fuentelsaz. Las cifras que presenta anualmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el Consejo de Doñana muestran claramente un nivel descendente. Esta situación unida a las bajas precipitaciones y la sequía provoca un daño terrible a las lagunas. “Hay zonas que han bajado muchísimo como la zona de los Hatos o la de Matalagrana y hay áreas incluso donde la afección ambiental puede ser grave”. El último caso en la zona de Matalagrana se encuentra bajo juicio. “Se tendrán que sentar en el banquillo tanto antiguos consejeros como alcaldes y es un caso donde la fiscalía de medio ambiente está investigando”. Fuentelsaz añade a Público que “también está detectado el caso de una finca grande, que había justo al lado de Matalagrana y que sigue estando totalmente ilegal cultivando cítricos y arándanos con una extensión de 80 hectáreas de terreno. Nos gustaría que la administración actuara en relación a esta gran extensión”.

La falta de medidas urgentes si el acuífero no es declarado “en riesgo”, uno de los mayores problemas

Manuel (nombre ficticio) no quiere dar la cara. Se la juega. Es trabajador en una de estas fincas del área del Condado. Y sabe lo que hay en la comunidad de regantes que buscan una alternativa para tener agua superficial y alimentar sus cultivos. El objetivo, mantener la cosecha y garantizar la producción. “Los pozos no son visibles a simple vista, están tapados entre los matorrales y el dueño de la finca ha ganado mucho en rentabilidad por haber pasado de tierra de secano a regadío”. La producción es mucho más abundante. También el valor de la cosecha de arándanos en la que trabaja Manuel. “En los dos años que llevo aquí en los cultivos no hemos tenido un gran número de inspecciones por parte de la administración ni el Seprona. Ni tampoco han preguntado sobre los pozos de la zona”.

El gobierno andaluz trabaja en algunas de las zonas afectadas. “En el entorno de la Corona Norte y el arroyo de la Cañada el problema que hay es que la Confederación Hidrográfica junto a la comunidad de regantes han intentado legalizar esas balsas, algo que no ha sido posible desde el punto de vista legal”.

En torno al Arroyo de la Rocina y de la Cañada, se ha intensificado el trabajo de la administración ya que, tal y como afirma Fuentelsaz “Bruselas está presionando por la explotación estas áreas de terreno con informes de la Comisión Europea”.

El otro problema grave radica en la falta de aplicación de medidas urgentes, si el acuífero no es declarado “en riesgo”. “Es algo que pedimos a la Confederación que declaren el acuífero sobreexplotado oficialmente”. Una medida que no se termina de ejecutar.

¿Cómo ha ido aumentado esta ilegalidad?

Hasta 2015, la superficie total ocupada por cultivos de regadío, tanto legales como ilegales, era de 11.023,7 hectáreas. Más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales. Todos ellos han sido inspeccionados por el Plan de Ordenación de la Corona Norte de Doñana, llevado a cabo por la Junta y el Gobierno Central, que reubica el control de los cultivos en el Parque, poniendo fin a parte del caos.

Fuentes de la Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio señalan a Público que se trata de “un plan de inspección y seguimiento de aquellos suelos que se han transformado de forestal a agrícola, con el fin de comprobar si cumplen las normativas recogidas tanto en el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD) como en el citado Plan Especial”. Esto permite conocer qué suelos cuentan con aprobación para la extracción de agua y cuáles no.

Dentro del ámbito territorial correspondiente al Plan Especial de Ordenación, y en el marco de los expedientes sancionadores, la Consejería procede “a la clausura de todos aquellos pozos que no se encuentren amparados en la correspondiente concesiones administrativas”.

Según el último análisis de WWF, en la campaña 2016-2017 han aparecido 251,9 nuevas hectáreas de cultivos de regadío que no están amparados en la legislación. Todas ellas se han plantado fuera de los suelos clasificados como “regables” por el Plan de la Junta, incluso alguno de ellos en zonas de montes públicos o corredores ecológicos.

Cinco zonas “muy afectadas” por la falta de agua

Fuentelsaz, relata que han detectado cinco áreas claramente afectadas por la presencia de pozos ilegales y balsas. “A pesar de que llevamos cinco años de denuncia, las administraciones solo han intentado legalizar esta situación. En ningún momento ha primado el beneficio medioambiental por encima del económico”.

La zona forestal en la cabecera del arroyo de la Rocina tiene al menos 52 pozos y 7 balsas. En el área del Arroyo de la Cañada, se han detectado hasta 30 infraestructuras de riego. Matalagrana y su entorno sería la tercera zona afectada con fincas que no cuentan con permiso para extraer agua, localizándose al menos 200 hectáreas transformadas de secano a regadío tras la aprobación del POTAD.

El conocido Paraje Natural Laguna de las Madres tiene balsas en las fincas colindantes. WWF ha venido denunciado esta situación. La última sería Los Hatos. En esta área los niveles del acuífero han sufrido continuos descensos por la intensa extracción.

“Pese a las sentencias judiciales y las multas de la Administración, muchas siguen sin ejecutarse”, denuncian desde WWF

A pesar de que el Plan de Ordenación conocido como “Plan de la Fresa” lleva tres años en funcionamiento, este sigue sin aplicarse en su totalidad y la superficie de regadío en la zona no deja de crecer, según el análisis de imágenes de satélite realizado por WWF.

El objetivo de este plan de ordenación del gobierno andaluz implicaba la eliminación de 1.500 hectáreas aproximadas de cultivos irregulares en Doñana. Pero Felipe Fuentelsaz, representante de WWF, recuerda que “pese a las sentencias judiciales y las multas de la Administración, muchas siguen sin ejecutarse”. Se continúa extrayendo agua sin permiso, siendo los Hatos uno de los casos más destacados en el entorno del Espacio Natural y sobre las especies que allí se encuentran.

La advertencia de Bruselas sobre los pozos

La Comisión ha pedido al gobierno de España, tras la apertura de un procedimiento de infracción y ahora un dictamen que se ponga fin a "las intensas labores de regadío y la explotación turística" en el entorno de Doñana. Además las cadenas de supermercados europeos han empezado a preguntar sobre la legalidad de las aguas para la exportación de cítricos a sus zonas de origen.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha indicado que esta medida de infracción se ha llevado a cabo ante la grave situación del acuífero. Y Europa ha tomado cartas en el asunto, como ya lo hizo en su momento con la amenaza de la Declaración del Espacio como Patrimonio de la Humanidad. “Es urgente poner fin al caos y a la impunidad, por eso el Gobierno no puede esperar más para declararlo oficialmente ‘en riesgo’ y aplicar las medidas de control que prevé la Ley de Aguas”.

La Comisión, tras la carta de emplazamiento emitida en 2014, puede llevar al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" sino cumple el dictamen abierto.

Varias sentencias recientes

La fiscalía de Huelva, por su parte es la que actualmente tiene abiertos más procedimientos penales, un total de nueve, por el saqueo de agua en Doñana. La mayoría de ellas afectan a fincas situadas en las zonas donde el estado del acuífero es más delicado: Matalagrana, arroyo de la Rocina y arroyo de La Cañada.

Un juzgado de la localidad onubense de La Palma del Condado ha puesto en marcha un proceso el pasado verano al exconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas. También se encuentran implicados en este mismo proceso dos exalcaldes de Almonte. Los pozos abiertos de forma ilegal en su entorno eran conocidos por estas autoridades locales que no hicieron nada para obligar a los regantes a su autorización.

Las autoridades locales no hicieron nada con los pozos abiertos de forma ilegal

El Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva también ha condenado al pago de 146.710 euros a los dueños de un finca. Ubicada en Bonates (Huelva), conocida como 'El Avispero'. La multa a sus administradores proviene de la extracción ilegal de agua continuada del acuífero 27, que surte al Espacio Natural de Doñana. Este acuífero es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado ajustada a derecho la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) por permitir pozos ilegales en el entorno más próximo al área del Parque. El TSJA considera que el hecho de que los pozos no hayan sido abiertos por el Ayuntamiento "no elimina de su responsabilidad".

“El riego no se realiza con agua del acuífero”

En la otra parte del debate por el agua en Doñana se encuentran los agricultores y regantes de la comarca del Condado, que han levantado un mercado consolidado en Europa con la exportación de sus cosechas. Los regantes han pedido la revisión del Plan de Ordenación para intentar que el número de hectáreas que deben desaparecer de Doñana sea el menor número posible. Y así mantener en auge el negocio.

Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado declara a Público que “el riego en el Condado no se realiza desde los acuíferos de Doñana” Las hectáreas del Condado se riegan con agua proveniente de comunidades de regantes, agua subterránea controlada por comunidades de regantes y con casi medio millar de concesiones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a agricultores en zonas donde no llega el agua superficial.

Para las hectáreas restantes, la Plataforma se encuentra a la espera de la aprobación por parte del Congreso de un trasvase de 15 Hm³ desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras hasta la del Guadalquivir. Picón afirma que “este aporte de agua completaría la demanda de agua del sector en el Condado, que sólo regaría con agua superficial, acabando con las concesiones subterráneas de agua”, que provienen de Doñana.

El Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana delimita perfectamente la superficie agrícola. “No hemos crecido ni podemos crecer ni un metro más allá de lo que marca. Esta Plataforma defiende las superficie histórica de cultivo en el Condado y, por supuesto, no crecer ni una hectárea más”.

Por último puntualiza que ha sido “la zona de influencia de Doñana se ha ido ampliando, acercándose a los pueblos agrícolas, no al revés”.