¿Cómo solicitar las ayudas económicas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda?
El Gobierno ha aprobado un paquete de 30 millones de euros en compensaciones económicas y anticipos de las indemnizaciones de los seguros.
El accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre de 2026, ha conmocionado al país después de que dos trenes de pasajeros colisionaran en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El siniestro ha dejado, hasta el momento, 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
La tragedia también ha tenido sus primeras consecuencias políticas, entre ellas la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, anunciada este martes 3 de noviembre. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, el Gobierno ha aprobado este martes un paquete de medidas económicas para atender a las víctimas y a sus familiares.
La norma, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece las compensaciones económicas y los procedimientos para acceder a ellas. A continuación, explicamos quién puede solicitarlas, qué cantidades corresponden y cómo realizar los trámites para recibirlas.
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¿Cuánto dinero va destinado a las ayudas?
El Gobierno ha aprobado un paquete de 30 millones de euros para atender a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y a sus familiares. Esta cantidad se divide en dos partidas de 15 millones de euros: una destinada a conceder ayudas económicas urgentes y otra para adelantar las indemnizaciones correspondientes a los seguros de accidentes. Ambas compensaciones serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, estarán exentas de tributación y se abonarán en un único pago.
En el caso de las personas fallecidas, sus familiares podrán recibir 72.121 euros en concepto de ayuda directa y otros 72.121 euros como anticipo de la indemnización del seguro. De esta manera, la cantidad total asciende a 144.242 euros por víctima mortal.
Para quienes hayan sufrido lesiones corporales, las cantidades dependerán de la gravedad de los daños. Las ayudas directas oscilarán entre los 2.404 euros para las lesiones de menor consideración y los 84.141 euros para los casos de máxima gravedad. A estas cantidades se sumará otro importe equivalente en concepto de anticipo del seguro, por lo que la compensación total podrá alcanzar los 168.282 euros en los supuestos más graves.
¿Quién puede solicitar estas ayudas?
Las ayudas están dirigidas a las personas que viajaban en cualquiera de los dos trenes implicados en el accidente ferroviario de Urda y las familias afectadas. Esto incluye tanto a los pasajeros como a los maquinistas, el personal en formación y los trabajadores que prestaban servicio a bordo de los convoyes, independientemente de su categoría profesional.
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En el caso de las personas fallecidas, sus familiares también podrán acceder a las compensaciones económicas como víctimas indirectas. El decreto establece un orden de prioridad para determinar quién tiene derecho a recibirlas, comenzando por el cónyuge o la pareja de hecho de la persona fallecida y sus hijos, con independencia de su edad.
También podrán beneficiarse los hijos menores de la pareja y los mayores de edad que dependieran económicamente de la persona fallecida. Para las parejas de hecho, será necesario acreditar una convivencia permanente de al menos dos años antes del fallecimiento, salvo que tengan descendencia en común, en cuyo caso bastará con demostrar que convivían inmediatamente antes del accidente.
Si no existen cónyuge, pareja o hijos con derecho a la ayuda, podrán solicitarla los padres de la víctima. En ausencia de estos, el derecho pasará a los abuelos u otros ascendientes de segundo grado y, en último lugar, a los hermanos.
Cuando haya varios familiares con derecho a percibir la compensación, el reparto dependerá del grado de parentesco. Si concurren el cónyuge o pareja y los hijos, la cantidad se dividirá en dos mitades: una para la pareja y otra para los hijos, que se repartirán esa parte a partes iguales. Si no existen estos beneficiarios, la ayuda corresponderá al grupo familiar que tenga prioridad según el orden establecido en el decreto y se distribuirá por igual entre sus integrantes.
¿Cómo solicitar estas ayudas?
Las personas afectadas tendrán dos opciones para presentar la solicitud. La primera será por internet, a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La segunda será de forma presencial, en las Oficinas de Atención Integral habilitadas en las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de las comunidades autónomas donde residan los afectados. En estos puntos, las víctimas y sus familiares recibirán asistencia personalizada para completar los trámites y aportar la documentación requerida. También podrán presentar la solicitud en cualquiera de los registros oficiales contemplados en la Ley 39/2015.
Además, quienes no puedan desplazarse hasta una oficina podrán recibir atención en su propio domicilio, independientemente de dónde residan, a través del programa 'La Administración Cerca de Ti', del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
¿Cuánto tiempo hay para presentar la solicitud?
En cuanto al procedimiento, el plazo para presentar las solicitudes será de tres meses, aunque el cómputo no comenzará con la publicación del Real Decreto-ley, sino a partir de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible que concrete cómo se tramitarán las ayudas.
Una vez presentada la solicitud, si la Administración detecta que falta algún documento o necesita información adicional, se lo comunicará al interesado para que pueda corregir los errores o aportar los datos pendientes. Para ello, dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación. El plazo general de tres meses también podrá ampliarse, de oficio o a petición de los afectados, cuando existan causas justificadas.
¿Qué otras medidas ha puesto en marcha el Gobierno tras el accidente?
Por otra parte, el decreto publicado este miércoles contempla una protección especial para las personas trabajadoras que hayan resultado afectadas por el accidente. Las bajas laborales por incapacidad temporal derivadas del siniestro tendrán la consideración de accidente de trabajo a efectos de las prestaciones económicas. Esto permitirá que los afectados cobren desde el primer día de baja, en lugar de tener que esperar hasta el cuarto, y reciban el 75% de su base reguladora, frente al 60% que corresponde a las bajas por contingencias comunes.
Esta misma consideración se aplicará al cálculo de las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como a las prestaciones por incapacidad permanente parcial, siempre que resulte más favorable para los beneficiarios. También se contemplan mejoras para las personas incluidas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que tengan derecho a una pensión de jubilación por incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de sus padres. En estos casos, se aplicará el régimen de pensiones extraordinarias cuando suponga una cuantía superior.
Todas estas medidas de protección social se reconocerán de oficio, por lo que los afectados no tendrán que presentar una solicitud específica para acceder a ellas. Además, tendrán carácter retroactivo, incluso si la baja laboral ya ha finalizado o la pensión correspondiente ya ha sido reconocida o se ha extinguido.
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