La sentencia emitida este miércoles por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) es un varapalo económico y estratégico para Marruecos. La anulación de los acuerdos comerciales entre Rabat y Bruselas y el reconocimiento de la soberanía del Frente Polisario sobre sus recursos naturales en el Sáhara Occidental supone una pérdida de dinero importante para el país de Mohamed VI, que dejará de recibir de Bruselas una media de 90 millones de euros anuales en materia agrícola y pesquera.

Cada año la Unión Europea paga 52 millones de euros a Marruecos para poder faenar en sus costas, incluidas las aguas saharauis donde 129 barcos (90 de ellos españoles) se benefician de permisos de pesca y donde, según el Frente Polisario, se producen entre el 70% y el 90% de las capturas pesqueras. 

Sin libre comercio, las aduanas entre Europa y Marruecos volverán a levantarse, por lo que Rabat deberá pagar por sus exportaciones de productos agrícolas una media de 6,6 millones de euros anuales, según datos del Frente Polisario. En materia pesquera el país africano no sólo dejará de recibir las mencionadas compensaciones europeas, sino que deberá enfrentarse a impuestos comerciales a la exportación de peces y mariscos. Se estima, en este caso, que el Estado alauita deberá pagar cada año 30 millones de euros en aduanas pesqueras.

El peso de Europa en la economía marroquí es crucial. El 73% de las exportaciones de Marruecos tienen como destino algún país de los 27. El presidente de la Patronal de Marruecos, Chakib Alj, estima que las ventas hacia la UE que se benefician de los acuerdos comerciales anulados este miércoles por el TGUE representan unos 500 millones de euros anuales para la economía del país.

Las implicaciones de esta decisión judicial afectan directamente al Sáhara Occidental y reconocen al Frente Polisario como única autoridad con soberanía sobre determinados recursos. Si en materia pesquera se estima que hast el 90% de las capturas se realizan en aguas que pertenecen al territorio ocupado por Mohamed VI, en agricultura no hay estimaciones generales que permitan saber en qué medida Marruecos expolia plantaciones saharauis. No en vano, algunas investigaciones señalan el peso de algunos productos concretos como el tomate, cuyos cultivos ilegales gestionados por colonos en zonas ocupadas representan hasta el 14% de las exportaciones marroquíes a la UE, tal y como informaba una publicación reciente de la Fundación Mundubat. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), estás prácticas de expolio agrícola tienen consecuencias directas en las huertas de España, pues se trata de cultivos producidos con mano de obra muy barata contra la que es imposible competir desde Europa. En los últimos años, esta "competencia desleal" ha llevado a la pérdida 2.000 hectáreas de cultivo en Andalucía, según la organización agrícola. 

Así, al reconocerse la soberanía del pueblo saharaui sobre sus propios recursos se reabre un debate que Bruselas ha tratado de afrontar en diversas ocasiones. Se trata del etiquetado, pues las exportaciones agrarias y pesqueras no llevan el distintivo de origen adecuado, vulnerándose el reglamento 543/2011 de la UE. Hasta el momento, los productos cultivados o pescados en territorio saharaui por colonos marroquíes eran vendidos a los países europeos como si fueran producidos en Marruecos. En 2019, el comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski ya denunciaba esta situación: "Todos los productos importados, incluyendo aquellos originarios del Sáhara Occidental, deben cumplir la legislación pertinente, incluyendo los requerimientos de proveer de información precisa y no engañosa sobre el país de origen o procedencia de esos productos, lo que en este caso debería ser, pues, Sáhara Occidental".

La pesca y la agricultura en territorio ocupado no sólo tienen una importancia económica para Marruecos. Las numerosas plantaciones y los barcos que faenan en las aguas de El Aiún se han convertido en una poderosa herramienta colonizadora. Tanto es así que numerosos reportes internacionales han denunciado cómo Mohamed VI utiliza a estos sectores económicos para dar trabajo y asentar a población marroquí en territorio ocupado, discriminando a la población local en las contrataciones.

Si bien la sentencia atañe únicamente a la pesca y la agricultura, el reconocimiento del Frente Polisario como representante del territorio saharaui pone sobre la mesa otras cuestiones como la minería, un sector económico del que también se lleva años beneficiando Marruecos. Según la BBC, al menos el 10% del fosfato generado por el país alauita procede de reservas asentadas en territorio ocupado.