Antes de La Manada estuvo José Diego Yllanes

El jueves 26 de abril de 2018 las mujeres españolas conteníamos el aliento a la espera de la publicación de la sentencia del conocido como el caso de La Manada, la violación múltiple de una joven por un grupo de cinco amigos en la madrugada del 7 de julio del 2016, en San Fermín. Esta violación había generado un enorme malestar social en las mujeres del país que veíamos con estupor cómo el abogado de los cinco acusados, que se autodenominaron como La Manada, se paseaba de plató en plató de televisión cantando las loas de unos tipos que habían grabado la agresión y se habían vanagloriado de ella, así como de otra agresión sucedida meses antes en Pozoblanco, en varios grupos de WhatsApp que compartían con amigos, novias y familiares.

Sin embargo, no todo el mundo se mostró conmocionado por la brutal violación; la extrema derecha, que ya estaba empezando a asomar su sucia patita, utilizó el caso para arremeter contra el feminismo, las mujeres y las leyes que nos protegían, alentando y jaleando a los energúmenos que filtraron en foros de internet la identidad de la víctima, que se había acogido a su derecho a mantener el anonimato. Y el panfleto facha La Tribuna de Cartagena, por su parte, publicó, en mayo del 2018, una columna titulada Yo no te creo, que iba ilustrada con una de las fotos que los violadores tomaron de la joven durante la agresión.

Y a pesar de que cuatro de los cinco acusados y cuyos nombres son, no lo olvidemos nunca, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza, tenían antecedentes penales por desórdenes, lesiones, robos con fuerza, conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas y desobediencia a la autoridad, todo el foco se puso, como siempre ocurre en estos casos, en señalar con el dedo acusador a la víctima. Tanto su forma de vestir como de sentarse durante su declaración en el juicio fueron desmenuzados y analizados al milímetro para ser utilizados en su contra. En el juicio incluso se presentó un informe elaborado por un detective privado contratado por los violadores que grabó y espió a la víctima durante días, en el que se alegaba que la joven no estaba recluida y avergonzada en su casa tras la violación, que era, por tanto, una mala víctima, que se merecía lo que le había pasado. Estas eran todas las pruebas que necesitaban los machistas y los fachas para demostrar la inocencia de unos acusados que se habían grabado agrediendo a la víctima.

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Con estos mimbres no es de extrañar que las mujeres tuviéramos la mosca detrás de la oreja. Y los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra no nos defraudaron al defraudar a la víctima con una sentencia condenatoria, no por violación -agresión sexual-, sino por abuso. Y es que los jueces argumentaban que en ningún momento los violadores habían ejercido violencia ni tampoco la víctima se había resistido. La sentencia venía además con otra sorpresa oculta: el voto particular del magistrado Ricardo Javier González, que pedía la absolución de los cinco agresores pues no había visto en aquel vídeo repugnante nada que le hiciera pensar que estaba contemplando una agresión. Lo que Ricardo Javier González tampoco vio -venir- fue la ola de indignación y las protestas en respuesta a la sentencia. Las calles se llenaron de mujeres hartas de que se nos exigiera que tuviéramos que demostrar, con heridas, golpes, moratones, o incluso con la vida, que nos habíamos resistido. Algo que había hecho Nagore Laffage. Y sin embargo tampoco en su caso fue suficiente.

Diez años antes de la sentencia de La Manada, en otro 7 de julio también en Pamplona, pero en el año 2008, Diego Yllanes asesina a golpes en su piso a la joven de veinte años Nagore Laffage, cuando esta trata de resistírsele. Laffage, estudiante de segundo curso de enfermería que estaba en prácticas en la Clínica Universitaria de Pamplona, e Yllanes, estudiante del MIR en el mismo centro, coinciden de forma accidental en un bar durante el comienzo de las fiestas. Yllanes, que se había pasado la noche bebiendo y bailando con su novia, tras dejar a esta en casa decide continuar la fiesta por su cuenta cuando, sobre las seis de la mañana, se encuentra con Laffage. Y, por primera vez, decide dirigirle la palabra a la joven estudiante con la que se había cruzado por la Clínica Universitaria en alguna ocasión.

Juntos se irán, a las siete y cuarenta y cinco de la mañana, al domicilio del asesino. A la una de la tarde, Yllanes telefonea a un amigo para pedirle que le ayude a deshacerse del cuerpo de Laffage, y se niega a entregarse a la Policía, pues asegura que no quiere arruinarle la vida a su familia. Ajeno a todo lo que no sea salvar su propio pellejo, Yllanes intentará borrar todas las pruebas del asesinato: limpiará escrupulosamente su piso y arrojará el cadáver de la joven en Orondritz, a más de treinta kilómetros de Pamplona, con la esperanza de alejar las sospechas de él. Pero una mujer que paseaba con sus perros descubrirá los restos de Laffage y avisará a la Policía, que además ya había sido puesta sobre aviso por el amigo del asesino.

A pesar de los esfuerzos de Yllanes por hacer pasar la muerte de Nagore por un accidente, los hematomas y las fracturas por todo el cuerpo de la joven dejados por los treinta y ocho golpes que le propinó, así como las marcas en su cuello, cuentan una historia completamente distinta. Su asesino se excusará entonces alegando que lo que pasó fue fruto de un malentendido cuando interpretó que la joven quería tener relaciones sexuales con él, y cuando esta se resistió, acabó muerta. Pero la historia no termina aquí, pues estas historias realmente nunca acaban, especialmente para la familia de la víctima.

Y en el caso del asesinato de Nagore Laffage fue el jurado popular quien incrementó el sufrimiento de la familia cuando, al no lograr alcanzar los siete votos que se necesitaban para emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato, declaró a Yllanes culpable de homicidio. Este fue condenado a doce años y medio después de que se aplicaran los atenuantes de intoxicación etílica, obcecación, arrebato emocional y confesión del delito, en un juicio en el que tuvieron la desfachatez de preguntarle a la madre de la víctima, Asun Casasola, si su hija era “muy ligona”. Porque ni siquiera cuando una mujer se resiste a una agresión sexual está libre de sospecha. Libre de pecado.

Esta sentencia y, sobre todo, la voluntad y el trabajo de Casasola, que ha defendido de manera incansable a lo largo de estos años la memoria de su hija, Nagore Laffage, dando charlas en escuelas e institutos, donde educa a los jóvenes sobre libertad sexual y denuncia la falta de empatía del sistema judicial hacia las víctimas de delitos sexuales, fueron el inicio de una lenta pero progresiva e imparable concienciación social con respecto a la violencia sistémica sexual que sufrimos las mujeres. La indignación que provocó el asesinato de Laffage fue creciendo como una bola de nieve hasta provocar el alud que supusieron las protestas masivas del 2018 tras la sentencia de La Manada, marchas que revitalizaron y fortalecieron el movimiento feminista en España.

Esta movilización social se materializó en una ley pionera: la conocida como la ley del solo sí es sí. Una ley que supuso un cambio de paradigma y que nos libró de la trampa 22 en que nos tenía atrapadas el anterior código penal, que exigía que el violador ejerciera la fuerza –que fuera violento- pero también que la víctima se resistiera activamente y se sometiera aún a más dolor y sufrimiento en aras de demostrar su pureza. Pero el hecho de resistirse tampoco era garantía de condena, pues su comportamiento -el de la víctima, jamás el del agresor-, incluida su ropa, su apariencia y su historial sexual, se utilizaba en su contra y podía servir de excusa para una absolución, o de atenuante en una condena. Resistirse a una agresión es, a su vez, un acto muy arriesgado para la víctima, que suele acabar malherida o, como en el caso de Nagore Laffage, asesinada.

En el año 2024 Yllanes, que está en libertad desde el año 2017, intentó que Google retirara todas las noticias relacionadas con él invocando su derecho al olvido. Afortunadamente la Audiencia Nacional desestimó el recurso. Porque Yllanes ciertamente tiene, como el resto de la ciudadanía, el derecho a rehabilitarse y rehacer su vida. Pero a lo que no tiene derecho es a exigir que olvidemos lo que hizo: asesinar a una joven simplemente porque esta le dijo que no y luego intentar borrar para siempre, no solo la memoria de su crimen, sino el nombre, el recuerdo y la historia de Nagore Laffage.