Las otras víctimas del obispo investigado por abuso sexual: despidos, desahucios y sacerdotes apartados

El primer obispo español investigado por abusos sexuales y pederastia, Rafael Zornoza Boy, acumula en sus 14 años al frente de la diócesis de Cádiz y Ceuta una larga lista de denuncias por despidos, desahucios y cierre de recursos sociales para atender a la población más necesitada en la provincia con una de las mayores tasas de desempleo del país. Y quienes se han opuesto a su gestión "neoliberal" dentro de la iglesia han pagado cara la afrenta, como ha sido el caso de su principal opositor, el que era canónigo de la catedral gaditana y párroco de Conil, Rafael Vez, juzgado en un Tribunal Eclesiástico y suspendido de sus funciones durante más de cuatro años.

Zornoza Boy llegó a Cádiz en 2011, procedente de Getafe, la localidad madrileña donde se produjeron los presuntos abusos sexuales que han sido conocidos este lunes y donde él ejerció como obispo auxiliar en los tiempos en que el ultraconservador Antonio María Rouco Varela presidía con mano de hierro la Conferencia Episcopal Española. Poco a poco, el obispo fue imponiendo una gestión en la que primaba claramente la rentabilidad económica sobre la labor evangélica, causando de esa forma un gran malestar entre una parte del clero y organizaciones cristianas de base y, como consecuencia, un buen número de pleitos en los juzgados. 

En 2019, monseñor Zornoza acumulaba ya una veintena de despidos de trabajadores con una larga historia laboral en dependencias eclesiáticas y en los servicios de Cáritas, empleados que denunciaron que la diócesis gaditana funcionaba como una empresa preocupada únicamente por ahorrar costes y "cambiar dinámicas". Un exresponsable de Cáritas llegó a calificar al obispo como "un pastor empresario", que acusaba a su antecesor en el cargo, Antonio Ceballos, de haber dejado la diócesis en bancarrota y que estaba obsesionado con cerrar con beneficios el final de cada ejercicio, económico, no espiritual. 

Según algunas fuentes, al obispo le gustaba también comer en buenos restaurantes y descorchar botellas de vinos caros, decían que se le veía frecuentar a "gente de nivel" que iba de Madrid a pasar las vacaciones en algún punto de la costa gaditana, entre ellos la lujosa urbanización de Sotogrande, en San Roque, aunque otras aseguraban que no había tales lujos ni visitas de tanto postín. Un matrimonio de 68 y 72 años, que llevaba habitando desde 1975 una vivienda en la portería de un convento de las Capuchinas de San Fernando , fue otra de las víctimas de la gestión de Rafael Zornoza. La pareja recibió con gran sorpresa la orden de desahucio de la vivienda que desde hacía 49 años disfrutaban a cambio de encargarse de la portería, la limpieza y el mantenimiento del convento, del que el obispado se hizo propietario. 

Propiedad

"Es muy triste que te echen así y más si la que lo hace es la Iglesia", dijeron entonces a Público. Los porteros acusaron al obispo de no haber respetado la voluntad de la abadesa del convento, quien se había comprometido por escrito a que permanecieran en la vivienda cuando las monjas abandonaran el edificio y se mudaron a El Puerto de Santa María, lo que ocurrió en 2017, cuando su propiedad fue asumida directamente por la diócesis. Sin embargo, el obispado llegó luego a un acuerdo con una promotora inmobiliaria y el Ayuntamiento de San Fernando para construir en los más de 7.000 metros cuadrados que ocupa el monasterio una promoción de viviendas de renta libre y de protección, una residencia para personas mayores y zonas verdes.

Los recursos sociales destinados a los más desfavorecidos también han sufrido los hachazos de la gestión mercantilista del Obispado bajo el mandato de monseñor Zornoza Boy. En Algeciras, fue cerrada la casa de acogida La Esperanza, que auxiliaba en la parroquia del barrio de Los Pescadores a migrantes, muchos de ellos personas que acaban de jugarse la vida cruzando el estrecho en una patera. Al frente de ella se hallaba un cura que había estado 40 años de párroco y que se enteró un día por la prensa de que había sido cesado por el obispo. Al poco de ese cierre, una fundación de los Hermanos Franciscanos abrió un centro de emergencia social para atender a migrantes en el municipio algecireño. O sea, que el recurso hacía falta. 

Otras parroquias de la provincia de Cádiz también han sufrido el mandato del obispo Zornoza. Es el caso de las de Vejer de la Frontera y Medina Sidonia, que perdieron la titularidad de las tierras de capellanía, unos terrenos de labranza que administraban desde tiempos inmemoriales y que pasaron directamente a manos del obispado. Eso les supuso, según algunas estimaciones, pérdidas anuales de unos 120.000 euros por las rentas de explotación que dejaron de cobrar. Una de esas capellanías, la de una finca de unas 50 hectáreas arrendada a una empresa que instaló en ella un parque de paneles fototovoltaicos para obtener energía solar, estaba proporcionando unos ingresos anuales de en torno a 150.000 euros, según declaró la Sociedad de Amigos del País de Vejer, que exigió que los fondos de ese alquiler revirtieran en la parroquia vejeriega para facilitar su manutención y funcionamiento. 

El mandato de Zornoza Boy ha sido muy cuestionado por organizaciones laicas de base, como el Grupo Cristiano de Reflexión y Acción y Redes Cristianas, pero su principal oponente dentro del clero ha sido el que era canónigo de la catedral de Cádiz y párroco de Conil de la Frontera, Rafael Vez, quien a través de sus redes sociales denunció los desmanes de la gestión del obispo. A causa de esas denuncias públicas, Rafael Vez, después de más de 30 años de ejercicio clerical, lleva más de cuatro suspendido en su labor de sacerdote, profesor de seminario y canónigo, una decisión que fue objeto de varias protestas y concentraciones de apoyo en la capital gaditana y en Conil, cuyo alcalde, de IU, llegó a publicar un bando en su defensa. 

El obispado presentó contra el sacerdote una demanda en el Tribunal Eclesiástico de Cádiz , acusado por un promotor de justicia –lo que sería el fiscal en la jurisdicción civil ordinaria– nombrado por decreto por el propio obispo Zornoza. El promotor le acusó de violar el quinto y el octavo mandamiento de la Ley Divina y la Ley Canónica por los comentarios que hizo en redes sociales y en medios contra el obispo. Es decir, la misma persona que le designó como denunciante y acusador. Y en su petición de condena, llegó a solicitar un confinamiento espiritual de cinco años en un monasterio, además de obligarle a eliminar todos los comentarios y noticias compartidos en sus redes sociales, entre ellas siete informaciones de Público. 

Mediación

Dos años después del comienzo del juicio, Rafael Vez seguía esperando a mediados de 2024 la finalización del proceso. La última propuesta de mediación que recibió entonces fue la retirada de la demanda y la reincorporación al ministerio sacerdotal a cambio de un retiro de entre dos y tres años en una casa religiosa, bajo la guía y dirección espiritual de un sacerdote elegido por el obispo. La Santa Sede ha tenido conocimiento de todos estos hechos relatados, porque una plataforma creada por más de un centenar de clérigos y laicos, denominada Iniciativa Galilea, le hizo llegar un amplio informe con documentación sobre los desmanes de la gestión "neoliberal" del obispo Rafael Zornoza, después de que se lo hubiesen comunicado al nuncio del papa en España y a la Conferencia Episcopal, sin que obtuvieran respuesta alguna de ninguno de esos órganos. 

Ese informe contenía una extensa documentación sobre la situación del Obispado de Cádiz y Ceuta desde la llegada de monseñor Zornoza a la diócesis, según un portavoz de la plataforma, Juan Luis Torrejón, quien fue destituido en 2014 como director de Cáritas Diocesanas en Cádiz por haberse negado a destinar 13.000 euros de su presupuesto a pagar una auditoría de una consultora sobre las cuentas de su entidad, justo cuando la crisis económica golpeaba más fuerte y se formaban colas delante de las parroquias para pedir ayuda. 

Los escritos de las organizaciones cristianas gaditanas denunciando los desmanes del obispo fueron firmados por decenas de personas en toda España, entre ellas el conocido teólogo Juan José Tamayo, quien reclamó en un artículo publicado en 2019 el cese del obispo Zornoza, "porque no solo no ha sido elegido por el pueblo, sino que actúa en contra del pueblo y, en concreto, contra los sectores empobrecidos de la sociedad gaditana" argumentó. Entre las personas que han ocupado un puesto destacado durante el mandato de Zornoza se encuentra el general retirado Agustín Rosety, quien fue vicepresidente de la Fundación Educatio Servanda de Cádiz y Ceuta hasta que se presentó como cabeza de lista al Congreso de la formación ultraderechista Vox por la provincia gaditana. Al cumplir los 75 años, Rafael Zornoza solicitó en julio de 2024 al papa Francisco la retirada de su oficio, es decir, su jubilación.

 Más de un año después, sin embargo, sigue en su puesto, sobre el que ahora le toca decidir al papa León XIV, aunque, tras conocerse la investigación por un presunto abuso sexual continuado, el obispo ha dicho este lunes que va a suspender su actividad.