SEGOVIA/ ZAMORA.-Ramón Hernández camina con rostro indignado por el sendero que conduce a las praderas donde pastan las ovejas. “Han soltado a los lobos, los han soltado para que se extiendan”, protesta. Este ganadero de Armuña, en la provincia de Segovia, sufrió el primer ataque de un lobo a sus rebaños en 2001. Antes, ni él ni sus antecesores tuvieron que preocuparse por la presencia del depredador. “Tengo ganadería contando con que aquí no había lobos”, dice otro vecino de apellido oportuno, Fernando Pastor.

En realidad, el lobo campó a sus anchas por estos territorios y por los del resto de la Península Ibérica (salvo algunas zonas de Catalunya) hasta el siglo XIX. Perseguido y abatido por el hombre, fue poco a poco desapareciendo de la mitad sur del país hasta casi rozar la extinción en los años 70. Por eso ni Ramón ni Fernando los recuerdan.

Pero el éxodo rural por la vida moderna ha permitido la reaparición de corzos, ciervos y jabalíes, y con ellos la de estos grandes carnívoros, que ahora han recuperado parcialmente algunas de las zonas donde siempre habitaron. “No sabemos si han aumentado las poblaciones o si se debe sólo a cambios en la distribución”, matiza Jorge Echegaray, especialista en lobos y gestión ambiental.

En Castilla y León, una comunidad tradicionalmente lobera en su mitad septentrional, este hecho ha reavivado el conflicto con los ganaderos sobre todo de las áreas al sur del río Duero, poco acostumbrados a la convivencia con el mamífero. En los últimos años se ha elevado el número de denuncias por ataques de lobo en provincias como Ávila, Segovia o el norte de Madrid, dejando algunos datos curiosos. Del total de expedientes abiertos por la Junta entre 2005 y 2012 por supuestos daños de lobo, 3.162 se produjeron en la zona sur, mientras que en la zona norte, teóricamente saturada de lobos, sólo hubo 2.787. Algunos ganaderos están reclamando incluso que la Administración declare determinados territorios ‘libres de lobos’.

“Pueden llegar a matar 20 o 30 ovejas de una vez, deja estrés en el ganado y afecta a la leche, a la gestación y a los partos si hay animales preñados”, dice Pastor.

La Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo elaborada en 2005 cifra el valor del ganado depredado en más de un millón de euros al año, aunque otras estimaciones de 2010 elevan esta cantidad a los 2 millones y calculan que los ataques afectan a menos del 1% de la ganadería en extensivo. Según Ecologistas en Acción, son datos que “en absoluto justifican el conflicto social que los sindicatos agrarios están provocando”. Los sectores en la defensa del lobo atribuyen las denuncias de los ganaderos a la crisis económica que vive el sector y critican “la picaresca” que a veces impera cuando se atribuye al lobo los ataques que en muchos casos son de perros asilvestrados o descontrolados en aras de cobrar las subvenciones.

“La ganadería no quiere un guerra”, se defiende Ramón. Él –cuenta- tuvo que atrapar un ejemplar en 2004 para demostrar a la Administración la presencia de lobos. Desde entonces la Junta de Castilla y León ha accedido a pagarles la franquicia del seguro privado que están obligados a contratar si quieren recibir las ayudas en caso de agresión, pero la medida no les satisface en absoluto: “¿Por qué tengo que pagar yo por un daño que me hace un tercero? Además si doy un parte, al año siguiente me sube la cuota. Si el lobo es de la Junta, pues que lo pague la Junta”, se queja Fernando.

El régimen de compensación de daños por ataque de lobo es dispar y depende de cada comunidad autónoma. En Álava, por ejemplo, el Gobierno regional se hace cargo de todos los costes, tanto de los animales muertos como del lucro cesante (el beneficio que hubieran obtenido) y subvenciona a los ganaderos que tienen y crían mastines o que aplican medidas de prevención, como el vallado. Pero en Castilla y León se aplica el sistema de franquicias de seguros agrarios, que cubre entre un 10 y un 20% de los daños. Del resto se hace cargo una aseguradora privada, en caso de haberla contratado.

“En estas zonas se han relajado las costumbres de prevención”, dice Echegaray. “Sólo hay dos soluciones: o se separan en el espacio y en el tiempo a depredadores y a ganado, y a ver cómo lo consiguen –ironiza- o se cambian las prácticas ganaderas para que sea posible la convivencia. Y aquí el trinomio básico son los mastines, el pastoreo y la recogida nocturna del ganado”. “Lo que sí debería suceder –prosigue- es que las administraciones den ayudas a los ganaderos que tomen medidas de prevención”.

Fernando probó con la técnica del pastor eléctrico, un cerco que emite leves descargas en caso de que los depredadores lo toquen para intentar entrar y que ha resultado “muy eficaz”, asegura. Le costó 500 euros, pero se queja de que nadie le ayuda. “Todo nos lo costeamos nosotros”.

Al norte del río Duero la cosa cambia. Allí la población de lobos es abundante y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Lidiar con él es el pan de cada día. Alberto Fernández, un joven ganadero que heredó el negocio de sus padres en Santa Colomba de Sanabria, en Zamora, no ha sufrido nunca un ataque en los 30 años de oficio familiar. Dice que su mejor seguro son los 11 mastines que vigilan a sus 1.600 ovejas. Mantenerlos bien alimentados y saludables le cuesta alrededor de 4.000 euros al año, pero le compensa. El otro seguro, el de la Junta, va en contra de su moral, dice.

“El lobo es un hijoputa, pero nunca me habrá oído nadie decir que es innecesario. El lobo vivo sí, pero gestionado. Hay que controlarlo”.

Este es uno de los puntos más reclamados por los grupos ecologistas. "El lobo es el único gran carnívoro de este país que no está protegido", dice Jorge Echegaray.

La Directiva Hábitats de la Unión Europea cataloga al lobo como Especie de Interés Comunitario, pero establece diferentes formas de protección usando el Duero como línea de frontera. Al sur del río la especie está protegida (salvo algunas excepciones en las que se permiten controles poblaciones por parte de la Adminitración), mientras que al norte pueden ser objeto de medidas de gestión, que dependen de cada comunidad autónoma. En Castilla y León, Galicia, Cantabria y La Rioja el lobo es especie cinegética y se permite su caza estableciendo cupos. Asturias y el País Vasco sólo permiten la eliminación selectiva en controles de población y en Catalunya está totalmente protegido.

"No tiene sentido que el lobo tenga un estatus legal diferente según en qué territorio esté", dice Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, que reclama que el lobo ibérico sea incluido en el Catálogo de Especies Amenazadas. "Al norte del río Duero mueren la misma cantidad de lobos de manera legal que ilegal", sostiene, debido al furtivismo que impera en la zona, que en la mayoría de los casos resulta impune dado que deriva en procesos administrativos farragosos y que aplica, en todo caso, bajas sanciones.

Además, critican, la gestión que realizan las comunidades responde siempre a criterios de estimación poco exactos y muchas veces "sobrestimados". En España es complicado conocer con exactitud cuántos lobos hay porque nunca se ha censado el número de ejemplares, sino el de grupos reproductores, que muchas veces no tienen en cuenta el éxito en la reproducción. "Estamos trabajando para que el lobo se proteja. No puede ser que desaparezca como ya sucedió en Extremadura y ahora en Andalucía", dice Oberhuber.