Las trabajadoras de la residencia pública de Alcalá retan a Ayuso: "Hay ancianos que han muerto por desnutrición"

"He cuidado de ancianos que se han muerto después del verano por desnutrición y deshidratación. Se están cometiendo negligencias por todas partes", denuncia Cristina González, auxiliar de enfermería en la residencia pública Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, en Madrid. En una conversación con Público, la trabajadora critica, junto a familiares de algunos residentes, las malas condiciones nutricionales bajo las cuales "malviven" los mayores del centro. Este geriátrico ha sido denunciado hasta en cuatro ocasiones por la mala calidad de sus comidas, y en estos momentos se encuentra bajo investigación de la Fiscalía.

Todas ellas califican la situación de "alarmante" e incluso las familias llegan a reconocer que temen por las vidas de sus mayores. "Después de la covid, se empezaron a admitir residentes nuevos, pero nosotras seguimos siendo las mismas", explica González. La profesional asegura que, a pesar de la insistencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en hacer ver que hay "personal por encima de las ratios", en la residencia de Alcalá hay turnos que tan sólo disponen de una persona para atender un módulo de 22  personas. 

"Un 25% de mis compañeras están de baja porque no soportan ni este volumen de trabajo ni la presión y la carga que supone ser consciente de que los ancianos no están bien aseados porque no disponemos de toallas y tiempo suficiente para lavarlos", lamenta González. "Sólo en el turno de tarde, somos diez manos menos que hace un año con 100 residentes más", añade. La saturación, tal y como cuenta la empleada, repercute inevitablemente en la calidad de los cuidados y la atención que se puede dar a los ancianos. Así, por ejemplo, tienen menos capacidad de controlar lo que come cada uno.

Familiares y trabajadores denuncian que los residentes de Alcalá han perdido peso de manera "drástica"

Esta descoordinación, sumada a la mala calidad nutricional de los menús, ha provocado que en los últimos meses decenas de familias hayan sido testigos de cómo sus padres y madres han perdido peso de manera "drástica", algunos llegando a adelgazar 20 kilos. Las propias trabajadoras han fotografiado en numerosas ocasiones el pescado congelado o la verdura podrida que, se supone, tenían que comer los ancianos. En este sentido, alertan de que hay dietas que "ni siquiera están firmadas y supervisadas por médicos".

"Desde el verano pasado hasta ahora hemos notado que el tema de el mal aspecto y sabor de la comida ha dejado de ser puntual", sostiene González. Las trabajadoras han solicitado, "casi implorado", que se rescinda el contrato con el proveedor actual. Pero la gerencia no parece estar dispuesta a pagar más de cinco euros al día por los alimentos de los ancianos. De hecho, justifica la licitación espetando que el centro "no es un balneario". Una coyuntura poco novedosa, pues los convenios entre la Comunidad de Madrid y las empresas que ofrecen los servicios externalizados acostumbran a ser a la baja. 

La dirección del centro, por su parte, se ha limitado a indicar que "es lo que hay". "Parece que tampoco encuentra mayor inconveniente en que las cantidades sean claramente insuficientes y no se privan de ofrecer un litro de zumo para 24 residentes", reprocha Julia, hija de una de las ancianas que vive en este centro de mayores. Ella misma detalla que ha podido constatar el mal sabor de boca que dejan los triturados que le dan de comer a su madre, la cual ya ha sido diagnosticada de desnutrición severa, anemia y deshidratación.

El caso del padre de Maite, también residente, es todavía más desolador. Él entró a vivir a la Francisco de Vitoria el pasado diciembre sin ningún achaque más que el Alzheimer y poco más de dos meses después se dirime entre la vida y la muerte. Durante las primeras tres semanas, asegura su hija, perdió cinco kilos y la deshidratación le ha producido varias infecciones de orina que han derivado en una grave prostatitis. "Antes de todo esto, enfermó de covid y ni siquiera fueron capaces de hacerle un test para aislarle. Cuando fui a verle, le encontré incapaz de moverse y prácticamente inconsciente", narra Maite.

Las trabajadoras, gracias a quienes han salido a la luz estas deficiencias, no claudican e insisten en que "van a seguir luchando hasta que la Fiscalía dirima si esta precariedad extrema en la que viven los mayores está o no fuera de la ley". "Si seguimos así, los ancianos se seguirán muriendo y nosotras continuaremos dándonos de baja. Pero no seremos cómplices", remarcan. Algunas incluso han sido amenazadas por sus jefes por "hablar más de la cuenta".

La guinda del pastel se la han puesto, recientemente, los altos niveles de legionela que detectó el Ayuntamiento de Alcalá durante una inspección sanitaria. Según detalló el consistorio, se encontraron "varias muestras con más de 8.000 de unidades formadoras de colonias" en el agua de las duchas del centro, cuando se considera que más de 1.000 unidades ya representan "una situación grave, donde se requiere una actuación inmediata".

Con todo, el equipo directivo de la residencia se limita a tirar balones fuera y edulcorar los problemas. Es más, las trabajadoras señalan que el equipo directivo ha tratado de interrumpir las denuncian que han intentado trasladar a gerencia. Este medio ha intentado contactar con el director, Carlos Girón, pero no ha recibido contestación.