MADRID.- El primer paso que debe dar un hombre o una mujer transexual para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo en España es mentir. En la mayoría de comunidades autónomas, tienen que hacerle creer a un psicólogo que sufren disforia de género, es decir, que, en cierto modo, son enfermos mentales. Sólo Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid —que cuentan con leyes integrales de Transexualidad— no exigen este diagnóstico médico para empezar la hormonación en la sanidad pública. Catalunya se acaba de sumar a esta lista al trasladar también la gestión del tratamiento a la atención comunitaria.

"Necesitamos apoyo médico, pero no porque estemos enfermos sino porque estamos siguiendo un tratamiento y eso requiere un control. Es lo mismo que sucede con las mujeres embarazadas, que son usuarias de la sanidad pública porque necesitan un seguimiento, no porque estén enfermas". Así lo resume Mané Fernández, portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y responsable de los temas relacionados con Transexualidad y Transgénero. Una visión que, poco a poco, van asumiendo algunos gobiernos autonómicos.

Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid tienen leyes integrales de Transexualidad. Sin embargo, en las dos primeras todavía es necesario el diagnóstico de disforia de género para iniciar el tratamiento de reasignación de sexo. Asturias, Aragón y País Valencià están a punto de aprobar sus normas y todas ellas contemplan la despatologización del modelo de atención al colectivo transexual.

En Catalunya, la reasignación de sexo dejará de depender de las unidades de identidad de género y se empezarán a articular a través de la atención primaria y comunitaria

Mané Fernández se vio obligado a iniciar su proceso de hormonación por la sanidad privada a finales de los ochenta. "Antes de que te visitara el endocrino para empezar el tratamiento, tenías que convencer al psicólogo de que eras un enfermo mental. Las preguntas que te hacían estaban condicionadas por el estereotipo social de lo que se consideraba que tenía que ser un hombre —un machote con pasión por el fútbol— y una mujer —una princesita preocupada por la moda—", recuerda Fernández. En aquellos años, la consulta psicológica costaba unos 60 euros y la hormonación, unos 15 euros al mes.

Las cirujías son una cuestión a parte. En la sanidad privada, las vaginoplastias cuestan 20.000 euros y las faloplastias, unos 35.000, pero no todos los transexuales quieren someterse a estas intervenciones. "Es muy bajo el porcentaje de personas que se someten a ellas porque influyen cuestiones de salud y opciones personales", apunta Fernández, quien señala, sin embargo, que sí son muy comunes las mastectomías (extirpación de los pechos) y las mamoplastias (implantación de los pechos), que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros. 

El hecho de no necesitar el diagnóstico de disforia de género para acceder al tratamiento de reasignación de sexo es un paso adelante en la lucha por los derechos del colectivo transexual, pero lo es aún más que las unidades de identidad de género de los centros hospitalarios dejen de regular el acceso a la hormonación. "Estas unidades son necesarias porque debemos someternos al control médico que exige todo tratamiento, pero a la vez son patologizantes porque los síntomas de depresión y ansiedad que sufrimos a lo largo del proceso no son inherentes a la transexualidad, sino que vienen de fuera, de la presión social que se ejerce sobre nosotros", confiesa Fernández. Por ese motivo, en Catalunya, los tratamientos de reasignación de sexo dejarán de depender de las unidades de identidad de género y se empezarán a articular a través de la atención primaria y comunitaria con la llamada Unitat Trànsit. 

En las antípodas de este modelo está, por ejemplo, la gestión de Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde ni siquiera hay unidades de identidad de género y cuyas consejerías de Sanidad derivan a otras comunidades a las personas transexuales que desean la reasignación. "Una trampa", advierte la FELGTB, porque en muchas ocasiones es un requisito imprescindible estar empadronado en la región donde se lleva a cabo el tratamiento. 

Entre ambos extremos se encuentran Galicia, Extremadura, Balears y Murcia, que ya han aprobado leyes de Igualdad LGTBI con apartados dedicados a la transexualidad. La Comunidad de Madrid y Catalunya también tienen una y Andalucía, Aragón, Asturias, Navarra y País Valencià están trabajando en ellas.