La ultraderecha desafía de nuevo a la izquierda en las calles de Valencia

“Fue conocerse anoche la convocatoria de la manifestación de Arran  en la Plaza de San Agustín en Valencia el día 28 por la tarde y llenarse las redes de indignación. Una indignación que se está cociendo a fuego lento pero peligroso debido a las manipulaciones que los valencianos debemos de soportar desde que el 9 de octubre saliésemos a la calle y dijéramos basta ya a la intrusión de la estelada y su significado”.

El cronista fallero José Antonio García Herrero, más conocido como Pepe Herrero en el entorno folclórico de la ciudad de Valencia, está convocando de nuevo a sus seguidores a salir a la calle como ya hiciera el 9 de octubre, para que impidan el normal desarrollo de la manifestación legal antifascista convocada para este sábado. Como ya hizo el pasado 9 de octubre, Herrero trata de señalar a la CUP y a Arran como los convocantes, cuando en ambos casos, el día 9 y el 28, son cientos las organizaciones que apoyan la marcha, desde el PSPV-PSOE hasta grupos LGTBI, ecologistas o sindicatos. El día 9, bajo el lema “si al valencià” en defensa de la lengua, y este sábado, contra el fascismo.

Esta manifestación, bajo el lema Contra el feixisme i per la Llibertat, es una respuesta cívica en repulsa, precisamente, a las agresiones llevadas a cabo por grupos ultras y nazis durante la Diada Nacional del País Valencià y “la impunidad de la que disfrutaron”, instigadas y justificadas entre otros, precisamente, por el propio Pepe Herrero y los Yomus, a través de sus cuentas de Facebook, Twitter y compartidas a través de WhatsApp, según los informes en poder de los abogados denunciantes.

La protesta, que arrancará precisamente desde la Plaza de San Agustín de Valencia -partiendo a la misma hora, las 18 h, y siguiendo el mismo recorrido que el previsto en la Diada- está convocada por más de 200 entidades y partidos políticos, entre ellos Joves de Compromís, el Bloc, Esquerra Unida, Intersindical Valenciana, 15M Valencia, Podemos, València en Comú, Izquierda Socialista-PSOE, CGT, PCPV, Coordinadora de Agricultores y Ganaderos COAG-CV, BEA (Bloc d’Estudiants Agermanats), Falla Arrancapins, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Colectivo LAMBDA LGTBI, entre otros muchos.

Las amenazas públicas

El cronista fallero Pepe Herrero, que se arroga la representatividad de todos los valencianos, afirma que “tan solo somos el pueblo valenciano defendiendo nuestra tierra, ¿está claro? Lo demás, manipulaciones”, e insiste en sus posts en que volverán salir a la calle.

Los valencianos a los que dice representar, los sectores más ultras del regionalismo valenciano (SOM, Avant, VOX), apenas llegaron al 2% de los votos en las últimas elecciones locales en todo el País Valenciano y su representación en las instituciones locales es prácticamente irrelevante, aunque en la calle algunos de sus miembros sean muy ruidosos y agresivos. No obstante, Herrero lanza su advertencia pública, que no ha pasado desapercibida: “El sábado, si se celebra la manifestación en Valencia, los responsables de lo que suceda son, indistintamente del orden, los políticos valencianos, los convocantes [y] la Delegación del Gobierno por permitirlo”.

Mensaje de Ribó al Valencia CF y sus ultras

En este sentido será el juzgado de instrucción 15 de Valencia, el mismo que instruyó el Caso Emarsa -sobre corrupción del Partido Popular y el saqueo de las arcas públicas-, el que asumirá la instrucción de las denuncias de víctimas y fiscalía en relación con las agresiones y otros delitos derivados de los actos violentos contra la tradicional manifestación del 9 de octubre.

A raíz de estos hechos y de la acción intimidatoria a la vicepresidenta Oltra, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, hizo públicas una serie de medidas de actuación ante el deterioro social provocado por el auge exponencial de la violencia de odio en la capital valenciana. Ribó informó de la presentación de una Moción por la Libertades Democráticas, “con la que condenar cualquier forma de acción violenta física o en forma de insultos; desarrollar acciones de fomento de la convivencia y respeto a todas las personas para prevenir los delitos de odio; e instar a las entidades de la ciudad de Valencia a tener tolerancia cero ante la violencia, “prestando especial atención a esas entidades deportivas que tienen especial incidencia entre los jóvenes”.

Este es sin duda un mensaje dirigido a los directivos del Valencia CF, cuyo estadio acoge en sus gradas de animación joven a más de un centenar de individuos considerados radicales del fútbol, muchos de ellos vinculados directamente a los Yomus, una organización nazi y extremadamente violenta, implicada directamente en las violentas acciones del 9 de octubre, que desembocarían días más tarde en la detención de varios de sus miembros -incluido su líder, Vicente Estruch, el Alfarrasí- y la del presidente de Curva Nord, también por agresión, que acabó presentando su dimisión.

Asimismo, el alcalde de Compromís anunció que los servicios jurídicos de la corporación están estudiando la personación como acusación popular ante casos de violencia física y delitos de odio, lo que podría indicar que el Ayuntamiento de Valencia sea parte acusadora en la causa abierta por las agresiones contra los derechos fundamentales durante la Diada.

L’Aplec del País Valencià

En este estado de radicalización de la ultraderecha de la que se hace eco el alcalde de Valencia, cabe incluir el ataque intimidatorio, de noche, a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra y sus hijos, cometido por ultras liderados por José Luis Roberto. España 2000 pretendía con esta acción salir del anonimato en el que lleva sumida un largo tiempo, ante la falta de capacidad de acción y convocatoria pública.

Con la agresión coactiva a la número dos del Consell valenciano del día 18, el partido que ahora oficialmente se gobierna desde Alcalá de Henares, ha logrado minutos de gloria en los informativos de televisión, tras adoptar aparentemente un perfil bajo en los incidentes del 9 de octubre.

Pero no se iba a quedar ahí. Un día antes de la agresión, el día 17, José Luis Roberto ya ponía el foco en el tradicional Aplec del País Valencià, y lo marcaba en rojo como objetivo de una nueva acción. Así, en las redes sondeaba retóricamente a sus seguidores: “¿Qué os parecería que este año el Aplec del Puig, último domingo de octubre, sitio de encuentro de catalanistas, independentistas y extrema izquierda de esta Comunidad, financiado por las instituciones ahora y antes por la Generalitat catalana? ¿Repleto de esteladas separatistas y banderas antifascistas se celebrará en el 2017 con banderas de España y Senyeras? Este año venía Rufián, pero ya tenemos bastantes rufianes aquí para que tengan que venir de fuera”.

“Pensat i fet” (pensado y hecho). La delegación del Gobierno ha autorizado la manifestación, pero para concentrarse a unos kilómetros de la “muntanyeta” de El Puig, lugar habitual del Aplec, al que asistirá la gran parte de dirigentes de Compromís, entre ellos el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera.

Participación en la contramanifestación

José Luis Roberto, en tanto que abogado y presidente de honor del partido ultra autodenominado “social patriota”, reconoció que miembros de España 2000 participaron en las acciones consideradas atentatorias contra los derechos fundamentales durante la Diada, a juicio de los servicios jurídicos de los convocantes.

Concretamente el día 11 de octubre el abogado envía varios correos a varios medios de comunicación reclamándoles rectificar sus informaciones al atribuir a España 2000 haber sido convocante de la contramanifestación de la tarde. En este sentido el letrado niega tal circunstancia Referente a la manifestación de la tarde, “España 2000 no convocó a ninguna contra manifestación. Ni en los enfrentamientos habidos (copiosamente reproducidos por cámaras) se puede ver a dirigentes o militantes reconocidos de España 2000”.

Pero a renglón seguido sí reconoce la presencia activa de afiliados de su partido en una de las acciones de la contramanifestación. Según el escrito de rectificación enviado a los medios por Roberto dice “excepto en el Parterre donde hubo algún militante y alguna bandera, pero donde no se ejerció ninguna violencia, ni insultos, porque la manifestación autorizada no llegó hasta allí. Entiendo que por decisión de ellos mismos o de quien competa”.

Precisamente la toma por parte de ultras y nazis del Parterre, lugar donde se erige la figura ecuestre del Rey Jaime I, impidió que la manifestación legal convocada por la “Comissió 9 d’Octubre” pudiera finalizar su tradicional recorrido con la ofrenda y las intervenciones de los convocantes como venía haciendo desde 1977. Para los asesores legales de las organizaciones integradas en la Comissió esta acción encaja perfectamente en el 514.4 del Código Penal vigente.