València, siguiente presa de los fondos buitre tras asaltar Barcelona

¿No dice el refranero que, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, has de poner las tuyas a remojar? A los valencianos nos habría venido muy bien que hubiéramos hecho caso a la sabiduría popular, ya que es una constante histórica la que nos advierte de que solo es cuestión de tiempo que todos los fenómenos que se producen en Barcelona lleguen a València. En el caso que nos ocupa, las barbas barcelonesas han quedado tan rasuradas que la ciudad condal luce una tez lampiña. Se podría decir que el mercado inmobiliario ha colapsado de tal manera que, en un contexto de neoliberalismo y turistificación rampante, ha sido obligatorio romper un tabú y establecer un tope al precio del alquiler. Y es que, en Barcelona, en la última década, los precios del alquiler habían subido cuatro veces más que los salarios. Esto ha llevado a que, de media, una habitación en un piso compartido cueste ya más de la mitad del salario mínimo interprofesional.

Si había quien se manifestaba escéptico respecto a la utilidad de esta medida para regular el mercado, fondos buitre como Blackstone, Vivenio o Cerberus no se encuentran entre ellos, y ya se están desprendiendo de sus activos inmobiliarios en Catalunya. Su destino: las barbas valencianas. Esto no quiere decir que València no hubiera sido objetivo de los fondos buitre hasta ahora, antes al contrario, pero sí que puede significar que, lejos de moderarse, los precios en el Cap i Casal pueden seguir aún más disparados.

De hecho, el área metropolitana de València se encuentra ahora mismo en un proceso de tensión de las coronas periféricas de la ciudad, tal como pasó en Barcelona. Expulsados los vecinos de València por los altos precios, buscan refugio en los municipios limítrofes, que reproducen el mismo patrón. Torrent, el más poblado de l’Horta de València, es, según un informe del portal Idealista, el distrito donde mayor presión de demanda sobre la oferta de viviendas se ejerce de todo el Estado. Concretamente, en la zona de Parc Central-Hort de Trenor, una área de expansión que se diseñó en pleno auge de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo, y que, después de una década paralizada, a causa del pinchazo, se ha vuelto a reactivar gracias a este proceso de expulsión de vecinos de València.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que el País Valencià es un territorio que está claramente por debajo de la media estatal en renta familiar disponible, pero que, no obstante, es, al mismo tiempo, uno de los territorios con el coste de la vida más alto, especialmente en el área metropolitana de València, según un estudio de 2020 del Institut Metròpoli. Teniendo en cuenta estas coordenadas, no sorprende nada que, asimismo, el porcentaje de población valenciana en riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2023, sea uno de los más altos del estado. Una tormenta perfecta de estado del malestar ciudadano que correlaciona matemáticamente con el viento de la turistificación: por comarcas valencianas, aquellas que presentan un porcentaje más alto de ciudadanía en riesgo de exclusión social son también aquellas que tienen una economía más centrada en el turismo, como son la Marina Alta y Baixa, la Vega Baja o el Baix Maestrat.

Y este malestar se empieza, claro está, a coordinar y a expresar políticamente. Recientemente, València y Alacant han vivido movilizaciones contra el turismo masivo, pero la protesta se extiende por todo el territorio, y buena prueba de ello es el colectivo Garrot, activo en la Marina Alta, que esta semana denunciaba uno de los tótems de la política oficial valenciana: la participación en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en Madrid. La política institucional, por ahora, va por otro camino. En dirección contraria, más bien. Según el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, “en la Comunitat Valenciana no hay turismofobia”. La pregunta sería, sin embargo, si hay vecinofilia. Los movimientos sociales lo tienen claro: no.

Desde el Sindicat d’Habitatge de València están preparados para hacer frente a esta nueva ofensiva. Advierten que regular los precios no soluciona el problema, sino que simplemente supone una medida cosmética, y manifiestan que hay que atacar desde la raíz: que la vivienda sea un “derecho universal efectivo y no una mercancía”. En este sentido, afirman que “solo desde de nuestras propias instituciones podremos defendernos y plantar cara ante las condiciones abusivas del mercado inmobiliario”.

En el área afectada por la DANA viven actualmente alrededor de un millón de personas, la gran mayoría en la zona sur del área metropolitana de València, que es, a su vez, la de menor renta per cápita. La riada afectó en mayor o menor medida unos 60.000 inmuebles, de los cuales, hasta la fecha, se han declarado inhabitables unos 1.500 (de un total de 9.500 inspeccionados). Por otro lado, València y Alacant poseen una ratio de pisos turísticos por habitante más alta que Madrid, por ejemplo.

En este contexto, la llegada de los fondos buitre al área metropolitana de València parece dejar un panorama en que dicha denominación pierda directamente su condición metafórica.