Casi tres semanas después del desalojo exprés del edificio El Barco, los vecinos continúan sin una solución permanente de vivienda y denuncian la falta de información, apoyo psicológico y ayudas económicas, así como la opacidad de los procedimientos del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. "Nos dijeron que estaban trabajando para ofrecernos una solución, que pronto podríamos entrar a vivir en un piso. Pero cuando fuimos a buscar las llaves, no estaban, no existían. Nos mintieron", asegura Saïd, padre de una de las 38 familias que habitaban el inmueble.

El pasado 25 de marzo, el Ayuntamiento de Esplugues, gobernado por el PSC, ordenó el desalojo inmediato de El Barco, tras decretar su estado de ruina a raíz de las conclusiones de un informe técnico externo que señalaba daños estructurales. "El día 25, a las 12:15h, vinieron los municipales y nos dijeron que teníamos una reunión urgente con el Ayuntamiento. Que teníamos que salir toda la familia y que allí nos lo explicarían todo. Una vez allí, la alcaldesa nos dijo que estábamos desalojados, que no podíamos volver a nuestra casa. Solo entrar y recoger lo más imprescindible", explica Saïd. Varias familias se resistieron en primera instancia, pero finalmente todas se marcharon el 28 de marzo al mediodía.

Relatos contradictorios

El estudio técnico para determinar las deficiencias del edificio se solicitó después de la caída de un falso techo a finales de febrero. Sin embargo, el Ayuntamiento ya había expropiado El Barco al anterior propietario hacía tiempo, dado que se encuentra en el Parc dels Torrents, en terrenos calificados como zona verde, y ya se sabía que había daños estructurales en la finca.

Según el vecino, "el antiguo propietario hacía lo que podía, reparaba algo". "Lo que quería el Ayuntamiento era derribar el bloque. Nosotros nunca llegamos a pensar que sería algo inminente", añade.

El ingeniero municipal José María González Lera concretó que el hormigón no se pudo analizar porque estaba "deshecho", mientras que el hierro de los forjados estaba "completamente degradado". En la revisión más exhaustiva del inmueble se observaron "grietas longitudinales" de alcance incalculable.

Saïd asegura que para ellos la caída del falso techo no era "grave" y que muchos pisos tenían "humedades", pero que se podría "haber reparado". "Cuando los operarios descubrieron un trozo, rompieron todo el falso techo, el aseo...", sostiene.

Por su parte, el jefe de la oposición municipal, Roger Martínez (ERC), dice que los vecinos lo vivieron "como una especie de emboscada". De esta manera, más que poner en duda los resultados del informe arquitectónico, desconfía de la "temporalidad de los hechos".

"La alcaldesa está diciendo que la Generalitat no colabora, cuando a nosotros nos consta que el 21 de marzo se pusieron en contacto con la Generalitat para pedir instrucciones. Por lo tanto, el informe ya lo tenían. Si era tan urgente, el edificio podría haber caído el 21, el 22, el 23 o el 24. El relato que están haciendo es muy contradictorio, están intentando hacer campaña electoral a costa de unas familias que lo están pasando muy mal", afirma el concejal republicano.

Y continúa: "Efectivamente, el informe entra por registro el 25 por la mañana. Y el 25 al mediodía los sacan. Entonces son las maneras de hacer, que nos han parecido incorrectas como mínimo". Según Martínez, desde la oposición propusieron hacer un segundo informe para corroborar las conclusiones del estudio arquitectónico, pero que no lo quisieron ejecutar. "A raíz de lo que pasó en Badalona, hay un convenio con los colegios profesionales y la Generalitat podría haber hecho un segundo informe gratuito, pero se enfadaron diciéndonos que si pensábamos que su estudio no era independiente".

Más allá del comunicado que se publicó el día del desalojo, la alcaldesa, Pilar Díaz (PSC), no se pronunció hasta el 3 de abril a través de las redes sociales. En su mensaje decía que "no había alternativa" porque el edificio "podía colapsar en cualquier momento". Según Díaz, llevaron a cabo una actuación "avalada por los Bomberos y por la Justicia" y las familias "fueron acompañadas por equipos excepcionales desde el minuto cero".

En el vídeo, la alcaldesa también carga contra la Generalitat, alegando que, a pesar de tener "la competencia en vivienda", no ha habido ninguna respuesta: "Cero viviendas y cero ayudas económicas". Martínez, por su parte, asegura que desde el Govern ofrecieron "pisos tutelados" y que el Ayuntamiento de Esplugues los rechazó porque "decían que habían encontrado otras soluciones".

La situación de las familias

La noche del 25 de marzo, los vecinos que salieron de El Barco fueron realojados en un albergue, donde podían estar 48 horas, y se activó el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), el servicio de atención permanente y universal que atiende en cualquier escenario de urgencia social.

A pesar de esto, Saïd y su familia optaron por distribuirse en varias casas de conocidos: "Teníamos 48 horas, pero al día siguiente muchos vecinos no volvieron al albergue. Yo tengo cuatro hijos menores, no podíamos estar allí". Después de estar tres días viviendo en casa de unos amigos, se trasladaron a un hotel en Cornellà hasta el 5 de abril y luego los enviaron a un apartahotel en Sant Joan Despí.

"Estamos muy mal. Bolsas arriba y abajo. Mis hijos estudian en el instituto La Mallola de Esplugues y mi hija va a la escuela Joan Maragall. Estoy de baja desde el día 25, primero llevo a los niños y luego a la niña. Estamos con un cuadro de estrés, aún no lo asimilamos", relata. Lo único que quiere, dice, es "volver a la normalidad" y que los pequeños estén "tranquilos".

"La intención es que el día 18 de abril ya no haya nadie en un hotel y que, por lo tanto, se hayan encontrado soluciones residenciales. Nosotros hemos pedido que, por sentido común, se prioricen las viviendas en Esplugues para las personas con movilidad reducida o diversidad funcional o intelectual, así como los niños que están escolarizados allí", asegura el portavoz del grupo de la oposición.

Es importante mencionar también que los vecinos que vivían en régimen de alquiler en el edificio han recibido el cobro de la mensualidad de abril. Saïd y su familia han devuelto la factura y aseguran que es una "vergüenza", aunque haya sido un "error" de la entidad bancaria.

En cuanto a otros tipos de apoyo, Saïd afirma que hasta el momento no han recibido ningún tipo de cheque o ticket restaurante: "Nos enviaban a la Baronda a buscar tápers. Nosotros estamos haciendo el Ramadán. ¿Tengo que ir a buscar el táper a las cuatro de la tarde para comérmelo a las nueve? ¿Dónde lo calentaré si estoy en un hotel? Es una inestabilidad constante".

La Baronda es una antigua fábrica de cerámica que fue recalificada y actualmente es la sede de varios servicios municipales y un centro de empresas. "La Baronda está justo debajo de El Barco, la reformaron y ahora hay oficinas del Ayuntamiento y la productora de Jordi Évole. Hay una actitud errática con estas cosas. Este espacio sí funciona y El Barco se han negado a conservarlo", añade Martínez.

Según explica, dentro de la Baronda hay un bar-restaurante donde daban comidas los primeros días, pero teóricamente deberían haber ofrecido tarjetas para comer. Según Saïd, este proceso aún no ha comenzado. "La gestión de todo esto está siendo poco empática", sentencia el regidor de ERC.

A estas alturas, el edificio El Barco continúa en pie. La oposición intentó defenderlo por la vía patrimonial, aunque no estuviera catalogado, pero de momento la previsión es derribarlo. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla este proceso y cómo evoluciona la situación de las 38 familias que vivían allí.