Víctimas de la DANA reclaman 58 millones a la Generalitat y la Confederación del Júcar por daños físicos, morales y materiales

La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud València ha presentado una reclamación administrativa contra la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por daños físicos, morales y aquellos bienes materiales que no hayan sido "suficientemente indemnizados", por valor de 58 millones de euros.

Se trata de un total de 418 reclamaciones de 158 familias, 12 de las cuales han sufrido también la pérdida de seis personas en las riadas que se produjeron el 29 de octubre de 2024, según se ha anunciado este jueves en rueda de prensa.

Estas reclamaciones serán presentadas ante la Generalitat y la CHJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que tendrán seis meses para responder. De la misma forma, si fuese necesario también se presentarán ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Así lo ha anunciado este jueves el CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández, junto al presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud València, Christian Lesaec, un día después del primer aniversario de la tragedia, que se saldó con 229 víctimas mortales y daños multimillonarios. La reclamación se presentó este miércoles, dentro del plazo de un año que tienen los particulares para formular este tipo de reclamaciones ante la Administración.

La reclamación patrimonial es un procedimiento administrativo cuyo fin es reclamar a las administraciones públicas responsables los daños físicos, morales y materiales que, en su gran mayoría, no se persiguen en el proceso penal que instruye el juzgado de Catarroja, en el que se investigan homicidios y lesiones por imprudencia. Los 58 millones de euros se reclaman de forma conjunta y solidaria a ambas administraciones públicas.

Según el responsable de Vilches Abogados, "los ciudadanos afectados por la DANA y por la gestión posterior del desastre tienen derecho a ser indemnizados por el funcionamiento anormal de las administraciones públicas". A su vez, señala que "muchos daños se podrían haber evitado". 

"En esta reclamación patrimonial, destacamos especialmente los daños morales, que se fundamentan en el impacto que la catástrofe ha tenido en la calidad de vida futura de las víctimas. A ello se suman los graves daños materiales sufridos y, en algunos casos, también físicos, que siguen sin ser reparados un año después", señala.

Por su parte, el letrado de ese bufete que tramita la causa, Gonzalo León, ha subrayado que "no se puede olvidar que son muchos los ciudadanos valencianos que han sufrido importantes daños materiales en sus viviendas, vehículos y empresas", ya que 12 de las familias de la reclamación han perdido entre todas 107 viviendas, 102 vehículos y 12 empresas. Aún así indican que "lo grueso" de la reclamación está en los daños morales.

Desde la Asociación Damnificados por la DANA Horta Sud València, su presidente ha destacado que "es fundamental que estos daños sean debidamente cuantificados, para que los afectados puedan recibir una indemnización justa tras las consecuencias sufridas".

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"Más allá de las lluvias torrenciales, lo cierto es que no se llevaron a cabo medidas de alerta previstas para la autoprotección de los ciudadanos, la riada llegó sin preaviso por parte de las autoridades. Además, existen informes en la causa -penal- que dicen que las infraestructuras que hubiesen podido aminorar esta tragedia estaban planeadas pero no se hicieron, y que los cauces no estaban en condiciones, y de eso se deriva la responsabilidad de la Administración", ha apuntado Manuel Hernández.

Por su parte, las Administraciones ante las cuales se ha presentado esta reclamación tienen un plazo legal de seis meses para responder, admitir la responsabilidad o negarla, o también se puede producir el silencio administrativo, según han señalado los letrados como opción más probable. En este caso, se debería  "iniciar un procedimiento contencioso-administrativo en un mismo procedimiento para evitar que existan discrepancias en las resoluciones judiciales".

Las indemnizaciones, en caso de que finalmente se produjesen, se harían teniendo en cuenta las lesiones, bajas, secuelas o daños sufridos por cada uno de los reclamantes, según las mismas fuentes.