La decisión está tomada y está tomada por el presidente: la ley se va a arreglar. El cómo y el cuándo sigue siendo el auténtico obstáculo. El PP pide un pleno extraordinario que el Ejecutivo rechaza porque ensancharía aún más las diferencias con los socios parlamentarios y con el socio de Gobierno. Un socio que mantiene la condición de no tener que probar la violencia o intimidación. Para ello, el Ministerio de Igualdad habla de una nueva propuesta. Una propuesta que el PSOE niega haber recibido. Posturas por ahora imposibles. Si no hay acuerdo, los socialistas tendrán que disponer de los votos del Partido Popular.

-Redacción-