No fomenta el turismo sostenible, eleva los alquileres de las viviendas y expulsa a los habitantes tradicionales de los barrios afectados. Estos son los motivos que el ayuntamiento de Palma argumenta para poner coto al arrendamiento vacacional, una actuación que según el concejal de Urbanismo y Vivienda Digna servirá para "proirizar el acceso a la vivienda de los ciudadanos". Desde este mismo verano los inspectores podrán sancionar con multas de hasta 40.000 euros una actividad que según el consisitorio se realiza de forma ilegal en el 90% de los casos, y que afecta a cerca de 3.000 viviendas en la ciudad. Con la medida anunciada, que ha sembrado la polémica entre los vecinos, el ayuntamiento se adelanta a ley autonómica que prepara el gobierno balear con la que también se quiere racionalizar la llegada de turistas, que el pasado verano amenazó con colapsar la isla.