El caso de La Manada puso en entredicho el sistema judicial en cuanto al tratamiento de las agresiones sexuales. La violencia de los hechos, la actuación de la defensa, la criminalización social, la argumentación de la sentencia y, en especial, la del voto particular de uno de los jueces generó una desazón colectiva: ¿Es peor el remedio que la enfermedad? ¿Vale la pena denunciar? Una conciencia social en aumento volvió a hacer saltar las alarmas el pasado 4 de junio, cuando trascendió que una menor de edad había sido presuntamente agredida en la sala Razzmatazz de Barcelona. En este caso, los padres retiraron la denuncia y la Fiscalía no tiró el caso adelante.

La reparación de daños tendría que ser uno de los objetivos a perseguir por la administración de la justicia, pero no siempre tiene estos resultados. Son muchas las voces que piden cambios en los procesos que se ocupan de casos de violencia machista, y en especial de aquellos que abordan la violación, puesto que consideran que el propio camino hacia la sentencia es de tal dureza que constituye una nueva agresión hacia la denunciante. Hablamos con la abogada Sònia Ricondo, miembro de la asociación Dones Juristes y especializada en violencia machista, para entender, paso por paso, cuáles son las fases del proceso policial y judicial de denuncia de una agresión sexual y donde se cometen los errores.

Una ley hecha a la antigua

La entrada en este periplo judicial empieza con el obstáculo principal: el marco legal. En pleno 2018, resulta sorprendente que la ley que trata sobre violencia machista no incluya casos de violencia sexual ejercida por alguien que no sea la pareja o la expareja de la agredida: “La ley ya acostumbra a ir por detrás de la realidad social. Además, la elaboración de la misma es anterior a su aprobación”, explica Ricondo. Se refiere al desfase de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de ámbito estatal, aprobada en 2004.

La consecuencia de ello es que casos como el de la Manada –ninguno de los cinco violadores tenía una relación sexoafectiva con la agredida- no sean tratados como agresión machista: “Esto condiciona el acceso a los recursos que las leyes han previsto para estas situaciones. Ello también implica que el caso no lo instruya un juez especializado en violencias hacia la mujer; nadie, desde la denuncia policial hasta la sentencia, está obligado a incluir la perspectiva de género”, explica la abogada. Para Ricondo, la ausencia de profesionales formados impregna las posibilidades de éxito de todo el proceso y sobre todo, la capacidad de reparación para la denunciante.

Esta es una de las demandas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017 y que ahora tendrá que desplegar la nueva ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Algunas legislaciones autonómicas, como la catalana, sí que incluyen la violencia sexual fuera de la pareja como violencia machista, pero el sistema judicial depende del Estado y, por lo tanto, la ley autonómica no entra en los juzgados, por mucho que se acerque más a las necesidades de la sociedad.

El hospital, el mejor acompañamiento

Los Mossos d'Esquadra no escapan de esta dinámica, según Ricondo. El cuerpo publica en su página web una serie de recomendaciones para prevenir las agresiones o abusos sexuales, como por ejemplo “quedar en un lugar público con otro gente” si el encuentro se hace con alguien “que no conoces mucho o desconfías”, “evitar ir solo o sola por trayectos a pie por lugares poco iluminados y poco transitados” o no perder nunca de vista la bebida por “riesgo de que te pongan alguna droga”. La abogada critica duramente estas medidas: “Son recomendaciones que ponen el foco en la mujer en vez de poner el foco en el agresor, como siempre. Tienen la misma perspectiva que el procedimiento judicial”, considera.

La primera parada, sin embargo, no acostumbra a ser la policía, sino el hospital. En concreto, el Hospital Clínic de Barcelona, que centraliza el operativo de atención de estos casos: “El Clínic tiene un protocolo muy bueno coordinado desde una unidad de género donde también prestan apoyo psicológico y psiquiátrico”, explica. Allá, la agredida tendrá que explicar su relato y se le practicará una exploración médica para realizar un parte de lesiones y recoger muestras biológicas o restos de semen, que se enviarán al laboratorio. Es por eso que las autoridades recomiendan acudir al hospital sin ducharse, hecho que no es nada fácil: “Lo primero que quieres hacer es tirar todo lo que llevas y ducharte. Lo haces sin pensar. Nos hemos encontrado con casos que incluso la agredida ha quemado la ropa”.

Para Ricondo, uno de las principales ventajas es que, si la mujer quiere denunciar, el médico forense se desplaza al hospital para recoger el parte médico y valorar la sintomatología, evitando así que la víctima tenga que pasar por los juzgados. Pero no siempre la policía las deriva directamente al Hospital Clínic. En estos casos, se presentará la denuncia a los Mossos d'Esquadra directamente: “Entonces se trata el caso con unidades instructoras convencionales, como si fuera un robo, sin ninguna atención especializada. El mosso que te atiende no tiene la formación, y las agredidas acostumbran a estar en un estado de shock brutal. Eso trae consigo que se olviden detalles o se expresen incongruencias que pueden afectarlas en el proceso más tarde”, explica la abogada. Ricondo recuerda que las denunciantes tienen derecho a pedir un abogado de oficio, pero no existe un turno especializado en violencia sexual, como el que existe para violencia machista. Que el abogado conozca en profundidad este tipo de casos queda subordinado al azar.

Cambio de talante de los jueces

Una vez interpuesta la denuncia, el caso pasa a los tribunales. La unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra se encarga de hacer unas mínimas diligencias que, en función de si se tiene o no algún conocimiento del presunto agresor, pueden durar hasta seis meses. En algunos casos, se pedirá a la denunciante que participe en ruedas de reconocimiento. Según explica Ricondo, la policía las está haciendo con fotografías para evitar que se produzca un encuentro frente a frente, aunque se realicen detrás un vidrio tintado.

Es en este momento cuando la denunciante puede solicitar una orden de protección, que puede implicar restricciones en la comunicación o en la aproximación del agresor y que tiene que ser avalada por el juez que llevará la instrucción. Pero los casos de violencia sexual encuentran más trabas en este trámite que en otros casos de agresiones machistas porque las denunciantes no saben que tienen derecho a tal protección. Ello hace que sea menos usual que se lleven a cabo: “Llevamos un caso en el que una mujer, violada por su vecino, con el que tuvo que convivir durante años puerta con puerta, sin ninguna orden de protección. Después lo condenaron a 10 años de prisión”, explica Ricondo.

Cuando la fase de instrucción se inicia, el abogado de la acusación tiene que entregar las pruebas para demostrar la agresión y la denunciante tiene que volver a realizar el relato de los hechos. Esta vez también tendrá que enfrentarse a las preguntas de la defensa del acusado, el fiscal y el juez: “Puede ser que la defensa no sea dura o puede ser que sí. Es un momento fuerte”, explica.

Desde Dones Juristes, comentan que han notado un cambio de actitud después de la respuesta social de los últimos meses: “En cuanto a los jueces, la sensación es de que, desde el caso de La Manada, están más interesados al preguntar y con ánimo de investigar”. La instrucción se puede alargar hasta seis meses y, en el caso de los procesamientos más complejos, hasta un total de 12 meses.

Declarar sin ninguna incongruencia

Cuando acaba la instrucción, el juez decidirá si hay indicios de delito y se abrirá el proceso hasta el juicio oral. Según relata Ricondo, es habitual que esto pase. En este momento, el caso cambia de manos: cuando los delitos atribuidos implican penas de menos de nueve meses, pasará a un juzgado penal ordinario, pero si estas superan los nueve años de prisión, el caso irá a la Audiencia Provincial que corresponda y las decisiones dependerán de tres jueces. Esto quedará supeditado a la acusación: “El delito de agresión sexual implica violencia o intimidación. El abuso sexual es más leve y se aplica cuando no hay consentimiento, pero tampoco violencia o intimidación. Las penas aumentan cuando existe lo que se denomina acceso carnal; es decir, introducción anal, vaginal o vocal de un miembro o de cualquier objeto”, explica la abogada.

Durante el juicio, la agredida tiene que volver a explicar su relato, otra vez, delante, los jueces, los fiscales y la defensa. En este punto puede haber pasado un año y medio desde la denuncia, hecho que implica un peligro: “Ella tiene que relatar exactamente lo mismo que declaró en comisaría y lo mismo que declaró durante la instrucción. Si no, la defensa puede preguntar sobre estas contradicciones”, apunta la abogada. Llegados a este punto, es posible que la denunciante haya desbloqueado otros recuerdos de los hechos o, simplemente, que su primera versión no estuviera muy preparada con el abogado. Por eso, Ricondo cree que denunciar pasado un tiempo puede suponer incluso una ventaja: “A veces es mejor. Las mujeres han podido ordenar las ideas, hay más tiempo de preparación. Pero, obviamente, esto se utilizará por parte de la defensa para cuestionarlas. Y, si el caso es mediático, también puede existir un cuestionamiento social”.

Como el circuito no está pensado para tratar de manera especializada los casos de agresiones sexuales, no está garantizado que los elementos que forman parte tengan formación en este tipo de casos. Esto da pie a que, en este punto, la denunciante tenga que vivir situaciones muy agresivas, tal como relata Ricondo: “Al cargo de juez se accede por méritos u oposiciones, pero esto no implica que tengan formación en perspectiva de género. Incluso hay jueces que preguntan por qué la mujer no lloraba mientras estaba siendo violada”. El acusado también tendrá que declarar, pero se acostumbra a facilitar una mampara para evitar confrontación visual. Llegados a este punto, el juicio puede haber alargado todo el proceso hasta los dos años.

La Sentencia

Acostumbra a llegar tres semanas más tarde de finalizar el juicio y se tiene que decidir por unanimidad de los jueces. Y, si el caso lo lleva la Audiencia Provincial y son tres magistrados los que tienen que dictarla, uno de ellos puede pedir hacer un voto particular para mostrar su desacuerdo. Ricondo lo ejemplifica con la resolución de la Manada: “La justificación del voto particular del juez Ricardo González, contraria a las penas aplicadas por los otros dos jueces, era más larga que la propia sentencia. Son herramientas para que la defensa después pueda recurrir la decisión final”.

Sentencia en mano, pueden haber pasado hasta cuatro años desde que se cometió la agresión sexual, eso dando por hecho que la mujer interpuso la denuncia poca después de haberla sufrido. Después de la sentencia, los acusados tienen derecho a interponer los recursos pertinentes, hecho que todavía estira más la temporalidad. Y esto también genera un impacto: “Así no se puede pasar página nunca. Lejos de ser terapéutico, no repara el daño a la víctima ni con una condena ni con una indemnización. ¡Lo último que quiere es dinero!”

Por todo ello, Sònia Ricondo recomienda estudiar cuándo es adecuado denunciar y cuándo no: “Se tiene que estudiar la viabilidad de la denuncia, si hay bastantes pruebas como para tener expectativas. En caso de que no sea así, recomendaría no denunciar y que la mujer se recupere emocionalmente con apoyo psicológico, que reconfortará mucho más que un proceso judicial”. Aun así, la abogada también reconoce que las victorias judiciales son importantes: “Ganar el caso implica una justicia reparativa para la mujer. Y sobre todo, también por el colectivo. Para que el hombre no vuelva a hacerlo nunca más”.