A vueltas con la ratio en las aulas: una ley que no se aprobó y clases con más alumnos que en la OCDE
Los sindicatos incluyen la reivindicación de menos alumnos con aula en sus protestas educativas. La convocatoria electoral hizo decaer una norma que preparaba reducir los topes legales de alumnos por aula.

Sevilla-
La ratio de alumnos por aula es uno de los caballos de batalla perennes de las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores educativos, también esta vez en Madrid, donde hay una huelga indefinida en marcha, y en la Comunitat Valenciana, donde esta semana se encerraron varios portavoces sindicales para reabrir las negociaciones. La convocatoria de elecciones hizo decaer la tramitación de una ley en el Congreso destinada a rebajar esos topes máximos de alumnos por clase que fija el Estado central y que son ahora de 25 alumnos en primaria, de 30 en Secundaria y de 35 en Bachillerato. Luego las Comunidades Autónomas tienen el poder de cambiarlos. De ahí que este asunto sea un clásico en todas las negociaciones y que haya generado una diversidad de legislaciones en los territorios.
Así, según los datos que la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STE) aporta a Público, el tope máximo en primaria varía desde los 22 alumnos por aula de Aragón, Castilla y León, Euskadi y Balears hasta los 25 —el máximo posible— de País Valencià, La Rioja, Galicia, Catalunya y Andalucía. En Secundaria, ocho comunidades (Murcia, País Valencià, Balears, Galicia, Extremadura, Catalunya, Castilla La Mancha y Andalucía) mantienen el tope de 30 alumnos mientras que Madrid y Euskadi están en 25. Para el Bachillerato, también hay una variedad que va desde los 27 alumnos de Euskadi hasta los 35 de Andalucía, Catalunya, Balears, Madrid, País Valencià y Murcia, según los datos de STE.
¿Por qué es importante que haya un número de alumnos por aula adecuado? "El tamaño de la clase afecta a la cantidad de tiempo y atención que un profesor o profesora puede dar a sus estudiantes de forma individualizada, así como a las dinámicas sociales de interacción y aprendizaje entre los estudiantes. Es positiva no solo para personalizar la educación de todos los estudiantes, para dar respuesta inclusiva a la diversidad creciente en las aulas, y especialmente para el alumnado con más dificultades, sino también es positiva para los y las docentes por la carga de trabajo y la atención que pueden realizar de forma individualizada", asegura a Público el catedrático de Educación en la Universidad de León, Enrique Díez Gutiérrez.
Una cosa son los topes legales, pero después está la realidad de las aulas, las ratios en cada colegio e instituto, que varía mucho en función de la ubicación del centro, ya sea en un entorno rural o en una gran ciudad, donde existe una presión mayor y las aulas, según denuncian los sindicatos educativos, se masifican. ¿Cuál sería el número de alumnos óptimo? El catedrático Díez Gutiérrez asegura: "En las enseñanzas obligatorias, de 6 a 16 años, las aulas no deberían superar los 20 estudiantes por grupo-aula para poder dar respuesta a la diversidad del alumnado y desarrollar una educación más inclusiva y personalizada".
"La adecuación de la ratio de alumnado por aula es una medida clave e imprescindible como instrumento necesario en los sistemas educativos para poder garantizar la inclusividad de los mismos y luchar contra el abandono y el denominado fracaso escolar, elementos que están establecidos en los marcos normativos de los países europeos", considera el catedrático.
Este es un asunto al que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ente internacional que asesora a los Gobiernos sobre políticas públicas, ha dedicado un apartado de su último informe sobre Educación — titulado Education at a glance 2026 (Educación de un vistazo 2026)—, publicado a finales del mes de septiembre pasado. Allí se recoge un dato que puede resultar paradójico: España, teniendo una tasa total de profesores por alumno mejor, en torno a 10, que la media de la OCDE tiene, empero, más alumnos por aula de media en Secundaria, en torno a 25, que el promedio de la OCDE, que se sitúa ligeramente por encima de los 22, y de los países de la Unión Europea, en torno a los 20.
"El tamaño de la clase también depende de cómo se organicen el tiempo de enseñanza y el tiempo de instrucción", explica el trabajo de la OCDE. "Por ejemplo, un sistema puede combinar ratios alumno-profesor relativamente elevados con clases más pequeñas si los docentes dedican más tiempo a la enseñanza o si los alumnos reciben menos horas de instrucción. Por el contrario, unas ratios más bajas no se traducen necesariamente en clases pequeñas cuando los docentes tienen una carga lectiva reducida, cuando el tiempo de instrucción es extenso o cuando se recurre a personal adicional para ofrecer apoyo especializado en lugar de para la enseñanza ordinaria en el aula. Por tanto, las decisiones de política nacional relativas a la jornada laboral de los docentes, las horas de instrucción de los alumnos y el uso de asistentes docentes o profesores especialistas determinan en qué medida los ratios alumno-profesor se traducen en el tamaño real de las clases", añade el trabajo de la OCDE.
Para Fernando Villalba, de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, estos datos "muestran que la Administración hace trampa cuando presume de que en España tocamos a 10,6 alumnos por profesor, porque en realidad nuestras aulas de Secundaria están [...] muy por encima de los 20,7 de media de la Unión Europea". "En España damos más horas de clase directa que la media de la OCDE y sufrimos una burocracia asfixiante sin que nos reduzcan horas de aula. En España esa diferencia entre ratio (10,6) y tamaño de aula (25) se debe a que la media mezcla los colegios rurales (con muy pocos niños) con los institutos urbanos masificados, y a que en la estadística general se suman los orientadores y especialistas de educación especial, que son imprescindibles para la inclusión pero no reducen el tamaño del grupo ordinario", agrega.
En un escenario de caída de la natalidad, el asunto de las ratios tiene también otro tipo de relevancia, muy importante para los defensores de la escuela pública: qué líneas se cierran y qué líneas no se cierran y dónde. Por ejemplo, en Andalucía, la Comunidad más poblada, para el sindicato USTEA "esta situación debería aprovecharse para reducir las ratios". Sin embargo, aseguran, la Junta "continúa suprimiendo unidades públicas en lugar de mantenerlas y distribuir al alumnado en grupos más pequeños. Desde 2019 se han eliminado más de 2.700 aulas públicas en Andalucía, una política que dificulta mejorar las condiciones de escolarización y reduce las posibilidades de consolidar plantillas docentes". Con ello, según USTEA, favorece a la escuela concertada y privada.
USTEA considera que "reducir el número de estudiantes por grupo y ampliar los desdobles permitiría mejorar la atención individualizada, respetar los diferentes ritmos de aprendizaje y reforzar la calidad educativa". Estas medidas, agrega el sindicato, también beneficiarían "a la salud laboral del profesorado, ya que las aulas masificadas incrementan la carga de trabajo, las tareas burocráticas, las dificultades de convivencia y el estrés profesional: con grupos más reducidos sería posible dedicar más tiempo a enseñar, evaluar y acompañar al alumnado".
Hay también quienes defienden que la ratio de alumnos por aula, salvo que sea excesiva, no tiene apenas relevancia, sobre todo, en entornos donde el alumnado es homogéneo y es capaz de mantener un ritmo de avance similar. Un análisis de Esade, un think tank privado, sobre los efectos de la ley de bajada de ratio del Gobierno que se tramitaba en el Congreso, aseguraba que "no tiene efectos significativos agregados sobre el aprendizaje del alumnado, la tasa de repetición o el bienestar con la escuela, compañeros de clase". "Sí muestra —añade— efectos medibles pero heterogéneos sobre el bienestar de familias y profesorado. Concretamente, reducir la ratio mejora la satisfacción del profesorado con su trabajo, pero el efecto es modesto".
En la exposición de motivos de la ley de reducción de las ratios se recogía al respecto lo siguiente: "El tamaño de los grupos de clase constituye un tema central en el debate educativo y una preocupación clave para las escuelas, las autoridades educativas y las familias. Hay una percepción generalizada de que las clases más reducidas ofrecen una oportunidad para que el profesorado brinde una atención más individualizada, dedique menos tiempo a la gestión del aula y adapte mejor su enseñanza a las necesidades de aprendizaje del alumnado, beneficiando especialmente al procedente de entornos socioeconómicos desfavorecidos".
El Ejecutivo admite que "la evidencia disponible sobre el impacto directo de esta medida en los resultados de aprendizaje no siempre es concluyente". Pero luego añade: "Existe un consenso generalizado acerca de que las ratios razonablemente dimensionadas, junto con otras medidas organizativas, formativas y de asignación específica de recursos humanos y materiales, adaptadas a las necesidades concretas de cada centro educativo, favorecen la atención al alumnado y la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva, así como la atención a la diversidad y la equidad e igualdad de oportunidades".



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