@e_bayona
ZARAGOZA. - Diez personas sin techo que llevaban más de dos años viviendo en la calle accederán a una casa a través de la primera actuación del programa de Housing First que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza junto con varias entidades sociales y en colaboración con la Fundación RAIS.

El consistorio se vio obligado a realizar este lunes un sorteo para adjudicar las viviendas -de propiedad municipal- al duplicar con creces el número de candidatos al de casas disponibles.

Los responsables del albergue municipal, de Cruz Roja y de la parroquia del Carmen, que cuenta con un comedor social, derivaron al consistorio a 24 candidatos que cumplían los requisitos: llevar más de dos años sin techo –se considera una situación de exclusión cronificada- y sufrir una adicción o padecer una discapacidad.

Los cinco primeros, cuatro hombres y una mujer, ocuparán las viviendas en los próximos días, mientras que otros cinco lo harán entre febrero y marzo. Trece de los catorce restantes pasarán a formar parte de un grupo de control dentro del programa, que este año se desarrolla como piloto en Zaragoza a la espera de implantarlo de manera definitiva.

Housing First, primero la vivienda

El Housing First (“primero la vivienda”) consiste en facilitar a personas sin techo una casa y acompañamiento social, en este caso a cargo de técnicos municipales y de la fundación, como primer paso para que las personas excluidas puedan rehacer sus vidas.

Según la Estrategia Nacional de Intervención para Personas Sin Hogar, este tipo de programas, que comenzaron a aplicarse en EEUU a principios de los 90, se ha mostrado “científicamente muy eficaz” para integrar a “las personas sin hogar más resistentes a la intervención social”, ya que “más del 80% de quienes participan en él siguen en la vivienda cuatro años después”.

Según ese documento, más de 7.000 de las 22.938 personas sin techo que el INE (Instituto Nacional de Estadística) censó el año pasado en España –el 30,72%- padecen enfermedades graves de tipo mental. El objetivo es utilizar “la vivienda autónoma como palanca para la creación de confianza, aceptabilidad de la red de recursos [sociales], descubrimiento y activación de capacidades y normalización”, señala.

La estrategia, que aboga por destinar a programas de Housing First “vivienda privada procedente de las entidades bancarias”, recoge cómo en EEUU su desarrollo ha permitido cuantificar en los usuarios un descenso del 83% en el uso de emergencias sanitarias, un 77% en los ingresos en prisión –y un 45% en la duración de los encarcelamientos- y un 75% en las hospitalizaciones por motivos psiquiátricos, al tiempo que la autopercepción de discapacidades físicas se reduce una tercera parte, cae un 57% el consumo de alcohol y mejora la salud mental en un 97% de los casos.

La fundación RAIS también desarrolla actuaciones de Housing First a través del Programa Hábitat en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Avilés. Las tres primeras, donde comenzaron a trabajar en 2014, incluyen 38 viviendas, la totalidad de cuyos inquilinos continuaban en ellas pasado un año.

Cedidas 79 viviendas vacías

Esta iniciativa forma parte de la nueva política de vivienda que el ayuntamiento de la capital aragonesa, gobernado en minoría por ZeC (Zaragoza en Común), ha comenzado a desarrollar esta legislatura, y que incluye, entre otras acciones, labores de mediación para evitar desahucios y la captación de pisos vacíos de propiedad privada para destinarlos a alquileres sociales.

Este último programa, que aplica en coordinación con el Gobierno de Aragón, han permitido que 54 familias hayan accedido a casas a precios asequibles -46 han firmado ya los contratos de arriendo y otras ocho lo harán el día 15- y que otros 25 propietarios hayan cedido sus casas. En total, la oficina municipal de vivienda ha tramitado 217 expedientes de cesión.

El plan de captación de vivienda, que dentro de unos días incluirá la incorporación de dos captadores que operarán en los barrios de Zaragoza, contempla el cobro de entre 3,75 y 4,25 euros mensuales por metro cuadrado para los propietarios, que además reciben hasta 6.000 euros para obras de rehabilitación y el pago de la mitad del IBI, mientras los inquilinos destinan a la renta un máximo del 30% de sus ingresos. Los contratos son de tres meses renovables y los dueños pueden recuperar la posesión a los tres años.

La bolsa municipal de solicitantes de vivienda social supera las 1.500 personas, mientras el plan autonómico –suspendido por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno central- incluye a más de un millar, la mitad de ellos en la capital.