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Zaragoza homenajea 80 años después a sus 15 ediles asesinados en 1936

Diez asesinados, cuatro desaparecidos y cuatro exiliados

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El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, descubrió este viernes la placa de homenaje a los 15 ediles republicanos y 30 trabajadores municipales asesinados por los sublevados en 1936.

ZARAGOZA .- El ayuntamiento de Zaragoza rindió este viernes, en uno de los actos centrales del VI Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica Democrática, su homenaje pendiente a los 15 alcaldes y concejales republicanos y a los 30 trabajadores municipales asesinados durante la guerra civil.

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El alcalde anunció en la recepción anterior a los participantes en el encuentro que la magistrada argentina María Servini, instructora de la querella contra el franquismo, tiene previsto mantener en las próximas semanas un encuentro con representantes de los ayuntamientos que han aprobado iniciar acciones legales para esclarecer lo sucedido durante la sublevación militar de 1936, entre los que se encuentra Zaragoza.

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Diez asesinados, cuatro desaparecidos y cuatro exiliados

Al menos diez concejales republicanos fueron fusilados por los sublevados en Zaragoza en los primeros meses de la guerra, según recoge el historiador Héctor Vicente Sánchez, que narra cómo en agosto de 1936 perdieron la vida Bernardo Aladrén, Manuel Pérez-Lizano, Antonio Ruiz, Jenaro Sánchez Remiro y Alfonso Sarría Almenara; un mes después corrían la misma suerte Antonio Aramendia y Mariano Serra Valero, en octubre eran asesinados Mariano Augusto Muniesa y Casimiro Sarría y, tras estos, Joaquín Uriarte Osés.
A esos nombres se les añaden los de cinco alcaldes pedáneos: Pablo Gabasa (San Juan de Mozarrífar), Felipe Hernández (Movera), Mariano Lozano (Casetas), Vicente Martín (La Cartuja) y Paulino Navarro (Garrapinillos).

La placa de conmemoración a los 15 alcaldes y concejales y a los 30 trabajadores asesinados durante la Guerra Civil.

El estudio, que recoge cómo haber representado al PSOE, a Izquierda Republicana o a Unión Republicana, e incluso la mera sintonía con esas formaciones, se convertía en una acusación inapelable, señala cómo ediles de otros partidos, como Juan Burillo, Francisco Cavero, José María Monterde, Carlos Navarro y Agustín Sama, actuaban como testigos de cargo en esos juicios.

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La Ley de Memoria autonómica

La placa de recuerdo a los concejales y trabajadores municipales asesinados por los sublevados en la capital aragonesa es uno de los actos centrales del VI Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica que se celebra en Zaragoza, y cuya organización coincide con un impulso decisivo a la Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno de Aragón.

Zaragoza acoge desde este viernes el VI Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica Democrática.

Tras la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar para elaborarla, las previsiones del ejecutivo apuntan a someter el anteproyecto a información pública antes de que termine el año para poder realizar la tramitación parlamentaria en el primer semestre de 2017. Apenas han trascendido detalles sobre su contenido, aunque sí se sabe que, además de contemplar una dotación económica y habilitar medios para exhumaciones, será multidisciplinar.

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Exposiciones: Acín, Azorín y los niños de la guerra

Las jornadas, por último, coinciden con tres exposiciones relacionadas con la guerra civil. Una de ellas, titulada “El arte contra la violencia” y que lleva ya unas semanas abierta en el museo Pablo Serrano, se centra en la obra del anarquista oscense Ramón Acín y su hija Katia.

Martín Pallín: “en España inventamos los campos de concentración y los desaparecidos”

“En España inventamos los campos de concentración y los desaparecidos antes que los alemanes y los argentinos”, asegura el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, que este viernes pronunció la conferencia inaugural de las jornadas.

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El magistrado emérito del Supremo explicó que España lleva una década de retraso en cumplir una resolución del Consejo de Europa sobre el Valle de los Caídos.

Una es el incumplimiento de la resolución del Consejo de Europa que desde 2006 obliga al Estado a instalar en el Valle de los Caídos una exposición que recuerde que fue construido con el trabajo forzado de presos republicanos y la otra, el hecho de que las Cortes aprobaran la ley de Amnistía en octubre de 1977, después de que en abril del año anterior el Gobierno hubiera suscrito –sin reservas- el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 15 prohíbe expresamente a sus firmantes aprobar promulgar amnistías que afecten a quienes hayan cometido delitos contra los Derechos Humanos.

La brecha de la jueza Servini

“El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido ya dos veces la anulación de esa ley” de Amnistía, explicó, que afecta a los delitos cometidos entre 1936 y 1975 y que, desde hace casi una década, se ha convertido en “la principal excusa que se pone para no desarrollar la ley de Memoria Histórica”.

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