Contra las inmatriculacionesZaragoza lleva al juez la propiedad de su catedral, que renta un millón al año en donativos

Los tribunales deberán decidir si fueron o no legales las inmatriculaciones por las que, hace ya casi 30 años, el arzobispado de Zaragoza y la parroquia de la Magdalena inscribieron a su nombre en el registro dos monumentos como la catedral de La Seo y la iglesia del mismo nombre.

El equipo de gobierno municipal de ZeC (Zaragoza en Común) ha aprobado este lunes el inicio de las acciones judiciales para instar la nulidad de esas inscripciones, que el Registro de la Propiedad anotó a principios de abril de 1987 basándose en sendos informes de la curia que sostenían que la iglesia posee ambos edificios; “desde tiempo desconocido”, en el caso de la catedral. La capital aragonesa será, así, la primera ciudad que le disputa a la iglesia la titularidad de una catedral.

“Lo que hacemos es iniciar un procedimiento para reclamar la nulidad de la inmatriculación. Lo hacemos por transparencia y para esclarecer quién, cómo y por qué se inmatricularon”, explicó el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Fernando Rivarés, que calificó de “irregular” la anotación y que acotó el objetivo de la iniciativa: “Queremos que La Seo y La Magdalena pasen a ser de titularidad pública, pero nadie cuestiona sus usos de culto y religiosos”.

“Defendemos la titularidad pública que la ley asigna a estos edificios”, anotó Rivarés, que añadió que “esta iniciativa tiene que ver con la defensa del patrimonio. Lo que reclamamos en la nulidad de la inmatriculación porque consideramos que no se ajusta a derecho”.

Un millón en donativos libres de impuestos

El ayuntamiento pretende registrar la demanda en los juzgados de la capital aragonesa antes de que, el 5 de abril en el caso de la catedral y el 8 en el de la iglesia, concluya el plazo de prescripción de 30 años que, por efecto de la figura jurídica conocida como usucapión, habría habilitado a las instituciones eclesiásticas para escriturar a su nombre ambos templos como propietarias indiscutibles.

Los dos fueron declarados en 1931 “pertenecientes” al Tesoro Histórico-Artístico Nacional, en un decreto del Gobierno de Alcalá Zamora que cerraba los trámites iniciados en 1926 por el de Primo de Rivera para declararlos “adscritos al suelo de la Nación”, por lo que, de prosperar, la demanda evitaría que pudiera ser modificada la adscripción pública de ambos inmuebles.

Los donativos llegan a rentarle un millón libre de impuestos al año al arzobispado (tuvo 125.750 visitantes en 2015, a cuatro euros por cabeza) en el caso de la catedral, en cuya restauración han invertido las administraciones públicas 12 millones de euros en los últimos 30 años. La Magdalena, por su parte, lleva quince años cerrada al público y ha recibido inversiones por 1,5 millones.

¿Templos puntualmente desacralizados?

La demanda, que irá acompañada de sendos requerimientos al arzobispado y al Gobierno central “para esclarecer la titularidad” y de otro al Colegio de Registradores para conocer todos los edificios que la iglesia ha inmatriculado en la ciudad desde 1978, tiene como objetivo la nulidad de la inscripción, realizada en 1987, cuando seguía vigente el artículo 5 del Reglamento Hipotecario de 1947 (desarrollaba la ley franquista del año anterior) que prohibía expresamente la inmatriculación de “templos destinados al culto católico”.

Entonces faltaba más de una década para que en 1998, y “sin justificación aparente” según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno de José María Aznar levantara ese veto, que el ejecutivo de Rajoy recuperó a finales de 2015.

El proceso judicial permitirá despejar las incógnitas acerca de una eventual desacralización puntual de los templos entre la emisión de los informes diocesanos y la posterior anotación de las inmatriculaciones. Es decir, la posibilidad de que hubieran dejado de estar dedicados al culto mientras el Registro realizaba los trámites para volver a ser posteriormente consagrados. Algunas fuentes apuntan esa hipótesis como una vía para que las instituciones eclesiásticas hubieran podido registrarlos sin incumplir la ley.

Oposición virtual, apoyo popular

Las vísperas de la demanda, derivada de un moción de Chunta Aragonesista (Cha) que apoyaron en el pleno ZeC y el PSOE, ha coincidido con varias movilizaciones.

Las de oposición han tenido carácter virtual: la organización ultracatólica HazteOir ha recogido 77.399 firmas en una plataforma de internet, mientras el buzón de correo electrónico del consistorio recibía más de 10.000 email de protesta.

Mientras tanto, las asociaciones de vecinos Lanuza, del casco histórico, y la de La Magdalena, ponían en marcha, apoyados por la Federación de Barrios, un proceso de consulta participativa en el que los vecinos proponen para la iglesia usos compatibles con el religioso (un museo del arte mudéjar o visitas a su majestuosa torre, entre otros) al tiempo que, en coordinación con la entidad laicista Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico), organizaron este domingo un abrazo al templo en el que participaron varios cientos de ciudadanos.

El Catastro atribuye a La Seo un valor de 9.496.125,53 euros por los que, como el resto de propiedades de la iglesia, no paga IBI. La finca urbana sobre la que se asienta tiene una superficie de 14.905 metros cuadrados, 709 de ellos habitables.

Polémica municipal

El portavoz del PP, Jorge Azcón, acusó a ZeC de “generar odio, confrontación y fractura social” y de destinar "tantos recursos, esfuerzos y tiempo de los funcionarios municipales para satisfacer las obsesiones sectarias y partidistas del sector más radical de Podemos en la capital aragonesa”.

Los conservadores sostienen que el informe elaborado por los Servicios Jurídicos municipales no avala la presentación de la demanda.

El dictamen concluye que "la legalidad" la inmatriculación "puede ser cuestionada" porque "vulneró la excepción prevista" para los templos dedicados al culto, al tiempo que llama la atención sobre "las repetidas actuaciones de terceros" en su rehabilitación. Y propone que el consistorio reclame la intervención de la comunidad autónoma y el Gobierno central para “averiguar el modo y manera en que la realidad de la propiedad justifica las irregulares inscripciones de 1987”.

Es decir, que cuestiona la legalidad de las inmatriculaciones instadas por el arzobispado y la parroquia y señala a otras administraciones para reunir documentación previa al pleito, aunque no pone el tela de juicio la legitimación del ayuntamiento para litigar contra esas anotaciones.