Zaragoza reclamará en el juzgado la titularidad de los templos inmatriculados por la Iglesia

ZARAGOZA .- El Ayuntamiento de Zaragoza reclamará en los juzgados la titularidad de los templos de la ciudad que la Iglesia católica ha inscrito a su nombre mediante el procedimiento de la inmatriculación. "El municipio podrá disponer de esos espacios con culto y sin culto" que la confesión "consideraba propios y que no lo son", explicó el concejal de Economía y portavoz del equipo de gobierno de ZeC (Zaragoza en Común), Fernando Rivarés, al explicar esta iniciativa pionera.

El consistorio ha enviado este miércoles al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de Aragón un requerimiento en el que reclama una "relación telemática de todos los asientos de inmuebles inmatriculados por la iglesia católica en nuestra ciudad" desde 1978, con los datos de identificación precisos para poder realizar un inventario que incluya las certificaciones catastrales de esas fincas, su descripción y su delimitación.

La resolución señala que esa información sobre la titularidad de los inmuebles tiene, además de un "indudable interés general ciudadano y tributario", una "transcendencia fiscal incuestionable" para "la toma de decisiones de naturaleza tributaria" como reclamar en los tribunales la titularidad pública de esos edificios o ejercitar "el derecho a la compensación" que permitiría, en aplicación de la Ley de Haciendas Locales, reclamar el pago del IBI o su compensación por el Estado, que es quien eximió del mismo a la iglesia en 1979.

Rivarés también se mostró partidario de reclamar que la Iglesia pague la contribución urbana por los templos que mantiene cerrados, como La Magdalena, o con acceso restringido por el pago de entradas, como La Seo, ya que los acuerdos jurídicos de 1979 entre el Vaticano y España limitan la exención de ese impuesto a los "destinados al culto".

Esos beneficios fiscales para los edificios de titularidad eclesiástica le suponen a la ciudad una merma de ingresos de 2,76 millones de euros, a la que se suman descuentos por otro millón del que se benefician las fundaciones católicas, en la mayoría de los casos por sus colegios privados y concertados.

"Estos edificios suponen 3,8 millones que no podemos ingresar", apuntó Rivarés, quien añadió: "Seguiremos sin poder cobrarlos mientras no haya una mayoría parlamentaria que permita ese cambio" revocando así los acuerdos jurídicos de 1979.

La iniciativa de ZeC, pionera en España, se deriva de una moción de Chunta Aragonesista (Cha) apoyada en el pleno por esas dos formaciones, PSOE y C’s que instaba al consistorio a elaborar en seis meses un inventario de los inmuebles inmatriculados y a impulsar "la recuperación de dicho patrimonio como bienes de titularidad pública". En Aragón existe al menos un antecedente de esta última iniciativa: el convento de los Dominicos de Gotor, cuya titularidad municipal tramita el Registro de Calatayud.

"Vamos un poco más allá y situamos la fecha en 1978, antes de la Constitución, porque entonces estaba vigente la normativa de 1931 que declaraba públicos muchos de esos edificios" que luego fueron inmatriculados.

La resolución también reclamaba al Gobierno de Aragón, en el que Cha es el socio minoritario del PSOE, que informara acerca de "todas las inversiones" públicas en ese patrimonio inmatriculado y que se personara en "todos aquellos procedimientos judiciales" iniciados para recuperar la titularidad pública de esos bienes.

Y, por último, hacía un llamamiento al ejecutivo central para que, "a fin de evitar una amnistía registral y posibilitar la recuperación", inste la declaración de inconstitucionalidad del artículo de la Ley Hipotecaria que permitió a la iglesia anotar templos a su nombre mediante certificaciones expedidas por sus propios órganos entre 1988 y 2015, cuando perdió, junto con ese privilegio, el que desde 1946 posibilitó que aplicara ese procedimiento a fincas y edificios no dedicados al culto.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de poner en tela de juicio el rigor jurídico de aquella reforma al considerar que el Gobierno de José María Aznar la impulsó "sin justificación aparente". "Esa sentencia nos anima aún más al considerar ilegales las inmatriculaciones", afirmó Rivarés.

Sin embargo, ni la comunidad —con la que el consistorio quiere coordinarse para reclamar la titularidad de los templos— ni el Gobierno central han respondido, más allá de un acuse de recibo del segundo, a las sendas dobles comunicaciones con las que, entre julio y diciembre, el Ayuntamiento de Zaragoza les ha trasladado la posición del pleno.

Las instituciones católicas han sido especialmente activas en materia patrimonial en Zaragoza, donde han inscrito a su nombre algunas de las joyas arquitectónicas de la ciudad, según han revelado las investigaciones desarrolladas por la entidad laicista Mhuel (Movimiento Hacia un Estado Laico).

La catedral de La Seo y la iglesia de La Magdalena, dos edificios emblemáticos del estilo mudéjar, fueron inmatriculados en 1987 por el arzobispado y por la parroquia, respectivamente. Ambos —el primero de ellos tiene un valor catastral de 9,5 millones— figuran en el listado de más de 300 templos que en 1931 fueron declarados "pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional".

También en 1987, la parroquia de Santiago el Mayor anotaba a su nombre la finca de 3.000 metros cuadrados sobre la que, en pleno centro, se asentaba el convento de los Dominicos, desocupado entre su desamortización en la cuarta década del siglo XIX y la llegada de su actual titular en 1902.

La archidiócesis efectuaba la misma gestión dos años después con el templo de San Juan de los Panetes, de estilo barroco y cuya majestuosa torre mudéjar inclinada al este constituye su elemento más característico.

Los certificados diocesanos del arzobispado sobre La Seo y de San Juan reconocían la ausencia de certificados de dominio y de títulos de propiedad previos a la inscripción, pese a referirse a su posesión "desde tiempo inmemorial".