El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado este jueves a "desclasificar" la autorización judicial que ha permitido que sus comunicaciones fueran interceptadas. "Es inaplazable la asunción de responsabilidades", ha esgrimido Aragonès.

Por su parte, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha documentado este jueves en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso las autorizaciones judiciales para espiar a una veintena de políticos independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat.

A través de un comunicado, Aragonès ha apuntado que esto "confirma y aumenta la gravedad del caso de espionaje masivo por parte del Estado español contra las instituciones catalanas y el independentismo", por lo que ha urgido a "una respuesta al más alto nivel".

El teléfono del presidente de la Generalitat de Catalunya fue espiado a través del sistema israelí de ciberespionaje Pegasus, según detallaba el pasado lunes 18 de abril The New Yorker a partir de datos correspondientes a los años 2017 a 2020 de una investigación de la organización Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto.

Según la publicación, más de 60 teléfonos de políticos, abogados y activistas catalanes han sido intervenidos con este programa, entre los que están los expresidentes Quim Torra y Artur Mas o colaboradores del expresidente Carles Puigdemont, como su abogado Gonzalo Boye. También revelan que el teléfono del eurodiputado de ERC Jordi Solé fue intervenido por el programa.