La falta de recursos y la tardanza en su aplicación lastran los protocolos anti acoso escolar

Una vez detectada una situación de bullying, el centro educativo tiene la obligación legal de activar el protocolo. Es el director quien da la orden, y a partir de ahí comienza la investigación. Entrevistas con los padres del presunto acosador y la víctima, con los posibles testigos e implicación directa de profesores y psicólogos y orientadores. En demasiados colegios e institutos faltan recursos para encontrar soluciones. Porque los protocolos anti acoso, además, se abren cuando la situación ya se ha producido. Hay que recopilar previamente el máximo de información posible. Esas entrevistas y cuestionarios son vitales, aunque no están generalizados en las aulas. Facilitar canales de comunicación, la intervención inmediata y la tolerancia cero son básicos también para romper la cadena del bullying.

-Redacción-