El Tribunal de Derechos Humanos corrige su sentencia anterior que condenaba a España a indemnizar a dos inmigrantes devueltos a Marruecos en el mismo momento de su detención tras saltar la valla fronteriza en 2014. El fallo es un giro de 180 grados que valida las denominadas expulsiones en caliente. Sólo establece un requisito para impedirlas que los inmigrantes no tengan posibilidad de pedir permiso legal para llegar a España.

Las ONG ya han denunciado que ese requisito es absolutamente ambiguo. Todos los inmigrantes pueden pedir ese permiso, pero si se juegan la vida para salir de sus países es porque saben que una cosa es pedir autorización y otra obtenerla. El Tribunal de Derechos Humanos Europeo deja ahora el problema a cada Gobierno. Son ellos los que tienen que legislar cómo actuar ante la inmigración y el límite ha quedado legalmente mucho más abierto.

-Redacción-