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"No enseñar a los clientes": el 15MpaRato entrega nuevas pruebas de la estafa de las preferentes

La entidad prometía a sus clientes que podrían recuperar el 100% de lo invertido en un plazo de siete días e instaba a sus comerciales a contactar con todos los clientes posibles para la campaña de emisiones de 2009

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Caja Madrid prometía a los potenciales compradores de preferentes en el año 2009 que podrían rescatar su inversión en un plazo máximo de siete días a precio de mercado, según se desprende de varios argumentarios distribuidos por la entidad a sus empleados con instrucciones para la venta de estas participaciones a sus clientes. Así lo ha desvelado la asociación 15MpaRato, que ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu nuevo material para que conste en la querella por la venta fraudulenta de las preferentes.

'Existirá un mercado secundario en la propia entidad dónde sus participaciones serán adquiridas en un plazo máximo de 7 días hábiles, a precio de mercado, el cual podrá ser mayor o menor del precio de adquisición', se puede leer a las claras en uno de esos documentos. Esa era la respuesta que se debía dar al potencial cliente, que en ningún caso podía ver los folletos tal y como ordenaba la dirección en otro de ellos: 'Queda expresamente prohibida su difusión [...] Esta información no debe estar en nuestras oficinas a la vista de los clientes'.

Los argumentarios también incluye contestación a cuestiones como el plazo de vencimiento de la emisión y especifica que, aunque ésta 'carece de vencimiento definido porque se trata de recursos propios similares a las acciones de los bancos', a partir del quinto año Caja Madrid, a su elección, podrá amortizar total o parcialmente la emisión, previa autorización del Banco de España. 'En ese caso los títulos se amortizarán al cien por cien de su valor nominal, y los partícipes habrán obtenido, durante todo ese tiempo, una rentabilidad superior a la habitual para ese plazo', indicaban.

Caja Madrid también advertía a sus comerciales de las 'limitaciones impuestas por la CNMV' a la hora de hacer publicidad sobre la emisión de preferentes, por lo que instaba a sus trabajadores a buscar otras vías para contactar con los potenciales clientes. Las recomendaciones insistían en la necesidad de garantizar la 'seguridad' del producto, que contaba con 'la garantía cien por cien' de la entidad, explicando que 'Caja Madrid, cuarta entidad financiera nacional ha presentado en los últimos 30 años un historial creciente y sostenido de beneficios, incluso en épocas complejas como la actual'.

Hecho que podía conllevar preguntas incómodas sobre las constantes bajadas del rating y que debían ser contestadas con un claro: 'En el panorama internacional el sistema financiero español destaca sobre todos los demás por su solidez y solvencia y, dentro del sistema español, Caja Madrid ocupa una posición destacada'.

Uno de los folletos, elaborado para la dirección de la zona de Toledo, fijaba objetivos de venta y recomendaba a las oficinas grandes una venta de preferentes de 50.000 euros, a las medianas de 35.000 y a las pequeñas de 20.000. El objetivo era suscribir 29,7 millones de euros en tan sólo 31 días adicionales a las ganancias de la emisión de preferentes de 2004. Destaca entre los 'aspectos clave a tener en cuenta' la 'implicación' de sus empleados en la venta de las participaciones. 'Todos debemos participar en la venta activa', decía. Ordenaba a los comerciales contactar 'con todos los clientes carterizados'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 abrió esta pieza separada del 'caso Bankia' sobre la comercialización de preferentes tras admitir a trámite cuatro querellas dirigidas contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, seis exconsejeros de la entidad y otros ocho altos cargos de este banco y de Bancaja, a los que aún no ha imputado formalmente. En sus autos, que han sido recurridos por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal, el juez inicia la investigación por los delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa y omisión del deber de denunciar delito.