El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha encontrado esta mañana en la cúpula fiscal el colchón sobre el que aterrizar y ordenar a los fiscales catalanes que interpongan una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Diez días después de que se celebrara la consulta alternativa del 9 de noviembre, Torres-Dulce ha logrado el apoyo político para no quedarse en solitario con su querella. No en vano el Gobierno se puso de perfil frente a esta consulta -la Abogacía del Estado no interpuso recurso contencioso alguno el 9-N-, y los fiscales catalanes no veían hueco para interponerla; a lo más, sólo contemplaban el delito de desobediencia, aunque admitieron a trámite las denuncias que se presentaron en la jornada.

La cúpula fiscal ha apoyado casi de forma unánime la instrucción dada por Torres-Dulce a los fiscales catalanes y que éstos rechazaron el pasado lunes al considerar que no había margen para emprender acciones penales contra el presidente de Catalunya, Artor Mas.

El Fiscal General del Estado reiterará ahora su orden de presentar una querella contra Mas y dos de sus consejeras, decisión que deberán acatar los fiscales catalanes.

La secretaría general técnica de la Fiscalía remitirá ahora a la instrucción de Torres-Dulce para querellarse contra Mas esta misma semana con las precisiones técnicas expresadas en la deliberación de la cúpula fiscal. La acción penal se interpondrá ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ante cuya sala de lo civil y penal está aforado Mas.

Los destinatarios de la querella: Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, como presuntos autores de los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales por su papel en la organización del a consulta alternativa del 9 de noviembre pasado.

Contundente, Torres-Dulce ha expuesto sus argumentos jurídicos y ha conseguido el apoyo 'casi unánime' de los 25 miembros de la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo de la Fiscalía, presentes en la deliberación -dos excusaron su ausencia- que ha durado más de cuatro horas, según fuentes del máximo órgano del ministerio público.

Ninguno de los miembros de la cúpula fiscal apoyó las tesis del fiscal superior de Catalunya, según fuentes internas. Sólo dos de los miembros se han opuesto, con matices: Bartolomé Vargas -fiscal de Seguridad Vial- considera que es suficiente que el ministerio público actúe por medio de las denuncias interpuestas el mismo día 9-N, mientras que Pedro Crespo -fiscal del Supremo- expresó sus serias dudas ya que defiende que las resoluciones del Tribunal Constitucional no son ejecutables, al no formar parte de la justicia ordinaria. Crespo es hombre de confianza de Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado de la etapa socialista.

El meollo del debate jurídico que separa a Torres-Dulce de los fiscales catalanes reside en qué es lo que ordenó el Tribunal Constitucional el pasado 4 de noviembre, cuando dictó la suspensión cautelar del llamado 'proceso participativo', después de que también dictara la suspensión cautelar el 31 de octubre de la consulta.

¿Ordenó o no el TC suspender toda actuación para lograr la consulta del 9-N? Ese es el dilema jurídico.

Torres-Dulce ha defendido ante la más alta representación de los fiscales que la providencia del TC por la que dictó la suspensión cautelar de la consulta alternativa 'no dejaba margen alguno a la duda' y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado 'proceso de participación' del 9-N.

En cambio, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, asumió el criterio de la mayoría de los fiscales, que sólo veían el delito de desobediencia en la actuación de Mas, del que consideran que fue desleal con el pacto constitucional.

Los fiscales catalanes defienden que el TC omitió una advertencia expresa sobre la desobediencia de la suspensión cautelar de la consulta alternativa, por lo que 'parece responder a una decisión meditada' de este órgano. Tampoco el TC trasladó directamente a Mas esta resolución, de ahí que no vieran un delito de desobediencia en su proceder.

La querella que defiende Torres-Dulce sostiene que Mas organizó la consulta del 9-N con el único fin de eludir el control de la Justicia, delito del artículo 508.1 del Código Penal que contempla penas de prisión de seis mese a un año para la autoridad que se arrogue funciones judiciales o impida la ejecución de una resolución judicial.

A su juicio, la suspensión del TC afectó también a las acciones que no se hubieran formalizado jurídicamente 'precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación'. En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma 'personal y directa' Mas, su vicepresidenta y su consejera.

Fuentes del ministerio público enmarcan esta discrepancia entre Torres-Dulce y Romero de Tejada dentro de 'la normalidad' que rige en la Fiscalía, donde no es infrecuente que existan diferencia de opiniones jurídicas entre los fiscales del territorio y la Fiscalía General del Estado.

Romero de Tejada deberá acatar el criterio adoptado por la más alta categoría del escalafón fiscal, representada en la Junta de Fiscales de Sala. En caso contrario, incurriría en una falta grave prevista en el estatuto del ministerio público. Ahora bien, el martes avanzó que acatarán la decisión que iba a adoptar el Fiscal General del Estado.

Nota de la Junta de Fiscales sobre la querella contra Mas by Público.es