Publicado: 10.01.2017 22:00 |Actualizado: 10.01.2017 23:15

Los consumidores preparan una avalancha de demandas para que la banca devuelva los gastos de la hipoteca

La Organización de Consumidores y Usuarios calcula que la cantidad media a devolver por persona es de 3.000 euros y sitúa en seis millones los préstamos hipotecarios afectados.

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Bloques de viviendas en Madrid. EFE

Bloques de viviendas en Madrid. EFE

MADRID.- Algo más de un año después de que el el Tribunal Supremo considerara abusivas los gastos de formalización de una hipoteca, las organizaciones de consumidores preparan su ofensiva en los tribunales para exigir a los bancos que los devuelvan. "Esperamos una avalancha de denuncias", apunta Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), promotora de la sentencia del Supremo.

La OCU ha iniciado, a través de su página web, una campaña para determinar el número de personas que se han visto afectadas por esta cláusula. "Hasta ahora, 15.000 consumidores se han puesto en contacto con nosotros para reclamar, pero esperamos muchísimos más".

El Pleno de la Sala de lo Civil consideró "llamativa la extensión de la cláusula, que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y contraviniendo normas legales con previsiones diferentes al respecto", según el fallo fechado del 23 de diciembre de 2015.

Pero, ¿cuáles son los gastos de formalización de la hipoteca? Son los correspondientes a la factura de tasación del inmueble, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimonial, el arancel de la notaría correspondiente a la Escritura, las cuotas de la gestoría impuesta por el banco y "los intereses de demora de pago abusivas, que se cargan cuando hay un atraso en el pago del préstamo hipotecario", añade Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua.

La cantidad de esos gastos es variable, pero según la OCU, la media oscila alrededor de los 3.000 euros. 

Bancos afectados

La sentencia del Alto Tribunal, que ratificaba a su vez la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, se refería concretamente a BBVA y Banco Popular. No obstante, "la mayoría de los bancos han realizado esta práctica, con algunas variantes, desde hace 20 años", asegura Enrique García. 

Esta organización calcula que son alrededor de seis millones las hipotecas afectadas, lo que supondría un coste para las entidades bancarias de 18.000 millones de euros.

¿Quién puede recuperar su dinero?

Facua matiza que sólo podrán exigir las cantidades cobradas los consumidores que todavía estén pagando una hipoteca o aquellos que hayan tenido un préstamo hipotecario, siempre que no hayan pasado cuatro años desde que lo acabaran de pagar. Asimismo, el plazo para reclamar la nulidad de esta cláusula finaliza el 24 de diciembre de 2019, es decir, cuatro años después de la sentencia dictada por el Supremo.

¿Qué hay que hacer para reclamar?

Las fuentes jurídicas consultadas por Público aconsejan, en primer lugar, acudir a las organizaciones de consumidores "para evitar que el banco te tome el pelo". Después, hacer una reclamación previa a la entidad bancaria y exigir que se cumplan los criterios de la sentencia.

"Como el banco se negará a pagar la totalidad de los costes o, incluso, intentará engañar a los clientes con otro acuerdo, habrá que optar por la vía judicial", apunta Enrique García.  Para ello, será necesario aportar todas las facturas de los gastos realizados. Y, si el cliente no dispone de toda la documentación, podrá solicitarla al banco.

Además, esta organización ha diseñado una calculadora para estimar la cantidad a devolver en cada caso, de acuerdo al importe de la hipoteca y a la comunidad autónoma en la que se formalizó.

Los representantes de los consumidores pretenden diferenciar estas cláusulas de las cláusulas suelo. "Es un tema distinto porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantea la retroactividad total por falta de transparencia". No obstante, Facua presentará una demanda que incluya las cantidades abusivas en los contratos hipotecarios para "ahorrar costes y facilitar una sentencia favorable".

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