¿Por qué cualquier trabajador autónomo aporta cada mes más dinero al sistema de previsión social que cualquier funcionario? ¿Y cómo es que, al final de su vida laboral, los primeros reciben unas pensiones miserables cuya cuantía no alcanza la mitad de las del funcionariado, mientras las de los segundos pueden llegar al salario completo pese a aportar la cuarta parte que un asalariado del sector privado? Principalmente, por la perversa convivencia del RETA (Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos) con el Régimen General y con el peculiar sistema de mutuas que desde hace casi un siglo aplica a sus empleados la Administración, que provoca un desequilibrio en el que solo son excepción por abajo los beneficiados por la tarifa plana, que cotizan menos.

Los autónomos cotizan, en función de si tienen o no la cobertura de incapacidad temporal, el 26,5% o el 29,8% de su base, una especie de salario teórico que oscila entre 919,80 y 3.751,20 euros mensuales. Eso sitúa la cuota entre 243,74 y 1.117,85 euros, aunque el 85% de ellos aporta 275 al mes, que es la mínima con cobertura de baja. Eso supone pagar 3.289,20 euros anuales, que se elevan a 4.284 para los societarios, ya que operara través de una sociedad unipersonal sale por 357 euros mensuales.

En el caso de los funcionarios del Estado y los transferidos a las comunidades autónomas, cuyo sistema de previsión se estructura en mutuas entre las que destaca Muface, la cotización (un 1,69% de la base por el trabajador y un 6,67 por la Administración) oscila entre los 88,47 euros del grupo E y los 216,99 del A-1, cifras que multiplicadas en este caso por catorce pagas dan una horquilla anual de 1.238,58 a 3.307,86.

Es decir que la aportación máxima de un trabajador público, salvo para quienes accedieron a la función pública después de 2011, que han pasado al régimen general, y para los mutualistas voluntarios a partir del nivel C2, es inferior a la mínima de un autónomo. Y también difieren las prestaciones que reciben unos y otros, que salen del mismo fondo.

Pensiones por debajo del SMI, o del 100% en 35 años

Los trabajadores por cuenta propia jubilados cobraron en enero una pensión media de 716,25 euros, casi veinte euros por debajo de los 735,90 en los que está establecido el salario mínimo interprofesional (SMI). Según denunció UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), 903.243 de un total de 1.481.966 cobran pensiones de retiro o de invalidez inferiores a esa cuantía.

No podemos tener pensiones por debajo del salario mínimo, porque es literalmente imposible vivir con 600 euros

“No podemos tener pensiones por debajo del salario mínimo, porque es literalmente imposible vivir con 600 euros, y menos cuando hoy, como consecuencia de la crisis, no todo el mundo llega a la jubilación con las cargas de la vivienda y la formación de los hijos superadas”, explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA, para quien “equiparar las pensiones mínimas con el SMI debería ser la prioridad”.

Las pensiones de jubilación de los empleados públicos se calculan por un sistema acumulativo desde los primeros doce meses que hace que, con salarios teóricos de 16.537 a 40.561 euros, superen los dos tercios de la base tras 25 años de servicio y alcancen el 100% a los 35.

El sistema de los asalariados del sector privado, que requiere 15 años de cotización para recibir el 50% de la base como pensión, también permite acceder al 100% tras otros veinte. Los autónomos, que perciben como retiro un 60% de la base reguladora, necesitan ya un mínimo de veinte años trabajados para comenzar a cobrar.

Un desequilibrio que todos los gobiernos obvian

El régimen de mutuas funcionariales, que es uno de los que desequilibra el sistema de pensiones por sus menores ingresos y sus mayores gastos, fue instaurado en 1926 como un modelo de autoaseguramiento, similar al que aplicaban empresas como Telefónica o algunos bancos, tras el desmantelamiento de los montepíos y las mutualidades. El empleador aportaba vía cuotas menos de lo que le correspondería en el régimen general porque después asumía el pago de las prestaciones.

Equipararlos al régimen general, de hecho, le supondría a las arcas públicas cuadruplicar su aportación, que pasaría del 6,67% a un 23,6% para contingencias comunes, mientras el descuento en la nómina del trabajador subiría del 1,69% al 4,70. No obstante, uno y otro se ahorrarían, respectivamente, el 5,5% y el 1,55% previsto para el desempleo.

El traspaso del grueso de los funcionarios a las comunidades autónomas, que en los últimos quince años han asumido de manera generalizada la gestión de la sanidad, la educación, los servicios sociales y los juzgados, hace que una eventual modificación al alza de sus cotizaciones obligara al Estado a financiar la diferencia con las incluidas en los decretos de traspaso.

El elevado coste económico, el temor al desgaste político y a los efectos electorales de la revisión entre el funcionariado, hace que ningún Gobierno afronte este asunto.

El elevado coste económico, junto con el temor al desgaste político que generaría el previsible conflicto político con las comunidades y a los efectos electorales de la revisión entre el funcionariado, hace que ningún Gobierno afronte este asunto. Según el Ministerio de Presidencia, la plantilla de las comunidades autónomas alcanza los 1,3 millones de trabajadores, por 514.372 de la estatal, y el 80% de ellas corresponde a servicios traspasados: 528.089 en educación, 499.031 en sanidad y 39.026 en juzgados.

La excepción fue el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2011 impuso que los nuevos empleados públicos pasaran al sistema general. El Pacto de Toledo valoró la posibilidad de recomendar la extinción del régimen de clases pasivas, aunque no llegó a ponerlo sobre la mesa.

“No puede ser café para todos”

No obstante, el de los funcionarios no es el único desajuste del sistema de pensiones. Las tarifas planas de los autónomos, que acaban de cumplir su cuarto año de vigencia, le restan al sistema ingresos por valor de 700 millones de euros sin que logren elevar el volumen de trabajadores por cuenta propia: se han acogido a ella más de 1,4 millones de trabajadores, mientras que el aumento del RETA ha sido de 1,3, de los 1,92 del cierre de 2013 a los 3,23 de 2017.

“Debería haber un mayor nivel de pervivencia, de más de 100.000 autónomos al año y, por el contrario, se pierden”, señala Abad, crítico con la falta de progresividad de la tarifa plana, cuyos plazos se amplían con la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo.

“No puede ser café para todos”, señala, mientras propone vincular su concesión a la existencia de un proyecto de negocio que permita valorar su viabilidad y su mantenimiento a la evolución de los ingresos. Eso evitaría tanto el fraude de los falsos autónomos dependientes que proliferan en el sector de la distribución como las altas mendaces para canalizar fondos de pensiones como salarios para reducir su tributación.

“Un negocio no se abre por una rebaja en la cotización -indica-. Hay un problema de consumo y otro de desestructuración del mercado labral”.