Publicado: 07.02.2016 23:29 |Actualizado: 07.02.2016 23:37

'Los Ocho de Airbus' o el
Proceso 1001 de la democracia

El martes arranca el juicio contra ocho sindicalistas de la empresa aeronáutica para los que la Fiscalía pide en total 66 años de cárcel por los incidentes ocurridos en Getafe durante la huelga general de septiembre de 2010. Denuncian la persecución de sindicalistas por parte del Gobierno y la limitación del derecho de huelga.

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Siete de los acusados conocidos como 'Los Ochos de Airbus', a las puertas de la fábrica, en Getafe.-JAIRO VARGAS

Siete de los acusados conocidos como 'Los Ochos de Airbus', a las puertas de la fábrica, en Getafe.-JAIRO VARGAS

@JairoExtre

MADRID.- “Ninguno de nosotros quiere ir a la cárcel, pero si tenemos que entrar lo haremos con mucho orgullo”. José Alcázar es tajante con esa afirmación que nadie en su sano juicio haría. Quizás sea la embriaguez de actos públicos, el sentirse arropado por sus compañeros y algunos políticos o, simplemente, el cansancio de un sexagenario que lleva varios años intentando que su caso, que también es el de otros siete, no se pierda en el silencio mediático.

El próximo martes, Alcázar, portavoz de los conocidos como Los Ocho de Airbus se sentará en el banquillo de los acusados y el juez tendrá que decidir si hace caso a la Fiscalía y le condena a ocho años y tres meses de cárcel. Sobre la balanza hay un total de 66 años de prisión, que penden sobre estos ocho trabajadores, siete sindicalistas de CCOO y uno de UGT de la empresa aeronáutica de Getafe.

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Alcázar no recuerda penas tan grandes desde el famoso Proceso 1001, que encarceló a los conocidos como Diez de Carabanchel, la cúpula de CCOO en 1973, cuando Marcelino Camacho era el líder de las Comisiones Obreras en la clandestinidad. El 2016 parece recorrer el camino a la inversa, critica Alcázar salvando las diferencias. Si aquellos diez condenados vieron como sus penas eran amnistiadas y el derecho a huelga reconocido, estos ocho parten de la legalidad, pero podrían acabar en la cárcel y ver cómo el derecho a huelga vuelve a limitarse.

Los delitos de los que se les acusa, idénticos para todos, son tres: uno contra los derechos de los trabajadores, otro por atentado contra agente de la autoridad y el último por lesiones al agente. Con estos cargos no es difícil intuir el contexto en el que se producen: una huelga. En concreto, la huelga general de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del PSOE, aunque la instrucción del caso corresponde a la legislatura del PP.

La petición es la más la más severa de los casi 300 casos de sindicalistas encausados en los últimos cinco años

Pese a lo elevado de la petición, la más severa de los casi 300 casos de sindicalistas encausados por incidentes en una huelga en los últimos cinco años, no aparentan preocupación. José, Enrique, Rodolfo, Tomás, Armando, Raúl y Jerónimo sonríen y bromean en la puerta de la planta. Falta Edgar, el octavo en discordia, que ese día tenía turno de noche. “¿Ayudaría en algo estar preocupados?”, se pregunta retóricamente Alcázar, el portavoz del grupo y el más veterano.

Su caso, explican, es un “claro ejemplo de persecución y criminalización del movimiento obrero” y, aunque critican la postura de la Fiscalía, responsabilizan sobre todo a la Policía. A Alcázar no se le olvida cómo se fue cosiendo el retal que compone el proceso judicial. En su cabeza aún retumban las siete primeras puntadas, siete disparos al aire del arma reglamentaria de uno de los antidisturbios que intervino en las cargas policiales contra el piquete.

El secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, muestra los siete casquillos de los disparos en la planta de Airbus, en 2010.-CCOO/ARCHIVO

El secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, muestra los siete casquillos de los disparos en la planta de Airbus, en 2010.-CCOO/ARCHIVO

“Nunca podré explicarme por qué había dos furgones policiales en la puerta de una empresa donde no se ha había hecho una huelga desde 1998”, afirman los siete, casi a coro. La del 29-S era la primera reacción contra las incipientes políticas de recorte que habrían de aplicarse durante los siguientes años. La “desaceleración” de Zapatero ya era una “recesión” en toda regla, y los empresarios querían despedir a menor coste. La reforma laboral del 2010 abrió la puerta a ello, y la del PP en 2012 derribó la pared entera. Entonces no había mareas multicolores ni asambleas del 15-M ni movimientos sociales tan activos como los que se conocieron durante la siguiente legislatura.

Los ocho de Airbus son las personas que aparecían en las listas de las elecciones sindicales en la empresa

Los sindicatos reaccionaron con un paro general y hubo más de cien detenciones ese día. Ninguna fue de la estos ocho, aunque hubiera sido lo normal si agredieron a la Policía. “Nadie fue detenido en este piquete”, apunta Alcázar. Casualidad o no, los ocho imputados, por una denuncia de los agentes se corresponden con los trabajadores que pasaron por “el botiquín de la empresa, para curarse las heridas de las cargas”, explica. Todos menos él, que no sufrió ninguna, lo que le lleva a plantearse otra casualidad: Los ocho de Airbus son las personas que aparecían en las listas de las elecciones sindicales en la empresa. “Al día siguiente me llegó una citación para presentarme en el juzgado a declarar. Vinieron conmigo dos compañeros que también fueron imputados sólo por acompañarme, aunque luego han quedado fuera de la causa”, afirma el sindicalista.

También les sorprende a los siete la buena memoria de los agentes. Dos años después de la huelga cada uno tuvo que posar junto a otros presos comunes en una rueda de reconocimiento donde los policías les señalaron, al parecer, sin dificultad. No tiene dudas Alcázar. Lo que pasó allí, en aquella explanada, no fue delito. Hubo un momento de tensión y “la Policía cargó de forma contundente y desproporcionada”. Tuvieron que justificar el uso de su arma reglamentaria de alguna manera ─prosigue─, y lo hicieron en forma de denuncias arbitrarias que ahora pueden costarles la cárcel a ocho personas “por el simple hecho de ser sindicalistas y participar en una huelga”, se quejan. Para ellos, el juicio “es político”, un adjetivo que la patronal también suele colocar al lado del sustantivo “huelga”.

Doble pelea

Así, durante estos cinco años de instrucción, su lucha ha sido doble. Por un lado tratan de evitar la prisión, pero por otro, se han convertido en uno de los símbolos de la campaña sindical en defensa del derecho de huelga. No es casualidad, afirman CCOO y UGT, que durante esta legislatura de recortes sociales y pérdida de derechos laborales y civiles, la Fiscalía haya actuado de oficio contra centenares de sindicalistas. Los Ocho de Airbus encabezan cada acto público, exponen su caso en el Parlamento Europeo y son visitados por parlamentarios de IU, PSOE y Podemos.

“La supervivencia de
los sindicatos se
juega en este proceso”

“En muchos países están pendientes de nuestro juicio, porque si nos condenan Europa entera estaría yendo hacia atrás”, afirma Alcázar, que volvió de Bruselas con esa idea en la cabeza. Enrique Gil va más allá cuando dice que “la supervivencia de los sindicatos se juega en este proceso”. Este delegado sindical de la factoría de Getafe tiene claro que el Gobierno, a través de la Fiscalía, busca asustar a los trabajadores. “Si nos condenan y la gente tiene miedo de ir a una huelga general, en ese momento se acabaron los derechos de laborales”, sentencia mientras conduce buscando aparcamiento cerca de la sede del sindicato.

Detalle de la camiseta reivindicativa de uno de 'Los Ocho de Airbus'.- JAIRO VARGAS

Es el artículo 315.3 del Código Penal el que quieren que sea derogado ahora que el PP ya no tiene mayoría absoluta. Ha sido el clavo al que se han agarrado los fiscales para emprender estos procesos por la vía penal. Es el que tipifica el delito de coacciones durante una huelga, por el que se puede enjuiciar a un piquete, y las penas de cárcel que contempla llegan hasta los tres años.

La oposición al PP lo llevó al Pleno del Congreso en 2015, pero el rodillo conservador lo mantuvo, aun con una ligera modificación. Según explican estos ocho, hay mayoría política y compromisos suficientes tras el 20-D para eliminarlo del cuerpo legislativo.

“Si vamos a la cárcel pero al menos conseguimos derogarlo, será una victoria, aunque tenga un coste personal”, dice Gil. Todos son optimistas y ya hace tanto tiempo que conviven con una petición de cárcel que pueden dormir del tirón. “Yo sé que es imposible que salgamos absueltos todos. Dejaría en evidencia a unos poderes públicos que llevan cinco años con esta causa”, apunta Alcázar, dejando entrever un ápice de realismo entre tanta épica sindical.

“Incluso los encargados de la seguridad de la empresa van a testificar a nuestro favor”

Si va a la cárcel, a sus 65 años, irá convencido de que la Justicia no funciona. “Prueba de que algo no encaja es que el fiscal nos ha puesto sobre la mesa tres acuerdos diferentes para evitar la prisión. Pero los hemos rechazado todos. No vamos a aceptar cargos por delitos que no hemos cometido”, asegura tirando de orgullo. “Incluso los encargados de la seguridad de la empresa van al juicio como testigos a nuestro favor”, subraya.

Ante la fecha decisiva, las bromas no faltan. Unos dicen que seguro que les condenan “para compensar, porque ya hay muchos políticos del PP en la cárcel”. Otros confían en el que juez “no quiera una célula de CCOO y de UGT” que politice a los presos. Aunque el resumen más sincero lo hace Gil. “No paramos de organizar actos y manifestaciones. Si tengo ganas de que acabe el juicio, además de para defendernos, es para poder recuperar un poco nuestras vidas”, asegura. Esperan que no tengan que recuperarla entre rejas.