En la antigua Nápoles, los pozzari (poceros) recorrían las cisternas subterráneas que abastecían de agua a lo ciudadanos para mantenerlas limpias. Siglos después, el nombre de aquel viejo oficio ha servido para bautizar la primera gran operación en España contra la Camorra (la mafia napolitana). El pasado 18 de octubre, Policía y Guardia Civil detenían en Adeje (Tenerife) a 14 presuntos mafiosos, registraban 57 domicilios e intervenían siete embarcaciones, 27 coches –muchos de ellos de lujo– y 18 empresas, así como un elevado número de cuentas bancarias. Era la Operación Pozzaro, un golpe policial dirigido a desmantelar la trama que presuntamente permitía al clan Nuvoletta-Polverino blanquear en la Islas Canarias millones de euros procedentes de narcotráfico en Italia. Entre los detenidos estaba Domenico di Giorgio, el abogado que había colgado en internet una foto suya con Mariano Rajoy.

Los capos en Italia se habían quejado al grupo del descenso de los beneficios La investigación que ha permitido desmantelar la red la inició el juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a comienzos de noviembre de 2010, después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía convergieran con sendas pesquisas en un grupo de italianos asentados en el municipio tinerfeño desde finales de los 90. Meses después, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada española firmaba en Roma un acuerdo de colaboración con sus colegas italianos que aportaba la información necesaria para darles el impulso definitivo.

La investigación se centró en el presunto jefe del grupo, Giuseppe Felaco, y en el complejo turístico Marina Palace, donde la trama tenía supuestamente su centro de operaciones. Las pesquisas revelaron que alrededor de este inmueble y de otro edificio de apartamentos, el Mare Verde, también en Adeje, Felaco creó presuntamento un entramado de empresas dedicado a la compra venta de apartamentos entre los propios miembros del clan y de testaferros para blanquear dinero. Cuando la crisis hizo que el negocio del ladrillo flojease –en los pinchazos telefónicos se oye a los detenidos comentar que los capos del clan se quejaban desde Italia de que sus inversiones daban cada vez menos beneficios–, comenzaron a comercializar también barcos de recreo y vehículos de lujo.

Tras ser arrestados, varios miembros del clan pidieron que el letrado les asistieraTanto Felaco como sus hombres de confianza –Mario Varriale, Renato Melappio, Antonio Sepe y Armando Orlando– vivían en el propio complejo de Marina Palace y allí tenían domiciliadas gran parte de las empresas de la trama. Junto a ellos trabajaba un reducido grupo de personas, casi todos italianos y con lazos de sangre con ellos, entre ellos varios de sus hijos y sobrinos.

También, el abogado Di Giorgio, quien “se encargaba de crear las empresas y de solventar los problemas con la justicia del grupo. Giuseppe Felaco lo utilizaba para todo”, según fuentes cercanas a la investigación. De hecho, cuando se produjeron los arrestos, algunos detenidos pidieron que fuera él quien les asistiese en la declaración. “No puede. También está arrestado”, les sorprendieron los agentes.

El arraigo de todos ellos en el municipio obligó a los responsables de la investigación a extremar las medidas de seguridad durante las pesquisas para no ser detectados. De hecho, éstos informaron a los policías y guardias civiles destinados en la isla que iban a colaborar con los más de 80 agentes desplazados desde Madrid en las detenciones sólo cinco horas antes de que se produjeran. “Incluso entonces se utilizaron nombres en clave para cada una de las personas a arrestar para evitar una filtración de última hora”, recuerdan fuentes consultadas.

Finalmente, el 18 de octubre Policía y Guardia Civil detenían a los 14 poceros. Días después, caía en Italia Giuseppe Felaco, quien había vuelto a su país gravemente enfermo. Otros tres cabecillas permanecen en busca y captura.