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Lesmes convoca una oposición para elegir cinco letrados vitalicios

En el tribunal se encuentran tres de los redactores que asesoraron al PP para recortar las competencias de este órgano constitucional, incluido su presidente. Al menos dos hijos de altos cargos pretenden concurrir al concurso y lograr una plaza permanente, entre otros candidatos.

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. EFE

JULIA PÉREZ/ AGENCIAS

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes la convocatoria de un concurso-oposición para la provisión de cinco plazas del cuerpo de letrados del órgano de gobierno de los jueces.

El tribunal que examinará a los candidatos estará presidido por Carlos Lesmes, asesor del Gobierno del PP en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recortó las competencias de este órgano constitucional y que accedió a su presidencia en el año 2013.

En el tribunal que decidirá los letrados de por vida del CGPJ también se encuentran otros dos asesores del PP que nombró Alberto Ruiz-Gallardón para reformar el Consejo: el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Jaime Moreno Verdejo y Juan Damián Moreno, catedrático de derecho procesal en la universidad autónoma de Madrid.

Tanto Lesmes como Moreno y Damián recibieron de parte del Gobierno del PP y por esta asesoría la cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción que se otorga en la Justicia.

El resto de miembros del tribunal creado en el CGPJ que decidirá el cuerpo de letrados permanente son la vocal Nuria Díaz; el director del Gabinete Técnico del Consejo, Gervasio Martín, y la magistrada Ángeles Huet de Sande.

Hasta ahora, un letrado sólo podía estar un máximo de entre ocho y diez años en el CGPJ, tras lo cual debía obligatoriamente abandonar este puesto y regresar a su profesión anterior, como es ser juez o fiscal. De esta manera se garantizaba la renovación y la captación de especialistas que tenían contacto con la realidad del ejercicio de su especialidad en la sociedad.

La nueva reforma del Gobierno del PP crea un cuerpo de élite de letrados que tendrán las plazas en propiedad de por vida. Esta es la convocatoria de las cinco primeras plazas de este cuerpo.

Otro de los premiados con la cruz de San Raimundo de Peñafort por asesorar al Gobierno en esta reforma  fue Antonio Dorado, entonces vocal del CGPJ y que es el actual secretario general de la Administración de Justicia.

El concurso-oposición se presenta reñido, no en vano es una plaza para siempre y muy bien remunerada. Entre los candidatos que planean presentarse ante este tribunal se encuentran hijos de altos cargos del poder judicial, como el hijo de un exvocal y el de un vocal actual del CGPJ.

El CGPJ ha difundido esta convocatoria por medio de un comunicado en el que justifica el concurso de letrados de por vida en la necesidad de “profesionalizar” este órgano constitucional como administración.

La nota explica que el hecho de que dentro del cuerpo de letrados haya un número determinado con carácter permanente "garantizará cierta continuidad institucional" en un órgano que debe renovarse íntegramente cada cinco años.

La renovación completa del CGPJ cada cinco años está establecida en la propia Constitución de 1978, que no hizo previsión alguna para la creación de un cuerpo de élite de letrados de forma permanente.

La oposición constará de tres ejercicios: la redacción de dos temas comunes para todos los aspirantes, la traducción al castellano de un documento jurídico en inglés y de otro escrito en el idioma oficial de la Unión Europea que elija el opositor y la elaboración de dos dictámenes sobre dos supuestos de los que pueda conocer el CGPJ.

El CGPJ sostiene en su nota de prensa que valorará en este concurso-oposición criterios referidos a la igualdad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, junto a los méritos académicos y profesionales de los aspirantes, así como el conocimiento de otra lengua cooficial y el haber superado otras oposiciones para el ingreso en un cuerpo superior de las Administraciones Públicas.

Puntos de más por cuidar a los hijos y a familiares

La fase de concurso que dará acceso a la oposición tendrá carácter eliminatorio y, para superarla, será necesario obtener un mínimo de 20 puntos. En este momento se valorarán los méritos referidos a conciliación e igualdad, por los que los aspirantes podrán obtener hasta cinco puntos.

Así, el cuidado de hijos dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria de las pruebas, también en caso adopción o acogimientos permanente o preadoptivo, siempre que tengan menos de doce años, se valorará con 0,5 puntos por año. Si hay más de un hijo, la valoración se incrementará en 0,2 puntos por cada año de cuidado del segundo o sucesivo hijo.

Además, el cuidado de un familiar de hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, se valorará en 0,3 puntos por año. Estos puntos se anotarán si se ha cuidado al familiar dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria de la oposición.

La valoración se incrementará en 0,1 puntos por cada año de cuidado del segundo o sucesivo familiar.


La inclusión de estos méritos responde al objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sostiene el CGPJ, ya que los datos recabados por este órgano reflejan que la mayor parte de las licencias por conciliación para el cuidado de hijos o de familiares enfermos se han ejercitado por mujeres.

Otros méritos

El resto de los méritos que el tribunal valorará en esta fase recogen hasta 10 puntos por méritos académicos; hasta 5 puntos por escritos y publicaciones; hasta 10 puntos por la actividad profesional; hasta 10 puntos por haber superado otras oposiciones para el ingreso en un cuerpo superior de las Administraciones Públicas; y hasta 2 puntos por el conocimiento de la lengua oficial propia de alguna comunidad autónoma.

Los que deseen presentarse deberán tener nacionalidad española,
estar en posesión del título de licenciado en Derecho -o del título de Grado en Derecho equivalente-, no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme y no padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las funciones correspondientes.

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