Quemarnos a lo bonzo

Ningún impacto social en el presente sin su correspondiente en la historia: injusticias enquistadas, luchas invisibilizadas, desigualdades normalizadas, poderes intocables, desidia institucional... El caso de Maricarmen se asemeja, con sus circunstancias y características particulares en España y salvando las distancias, al caso de Mohamed Bouazizi en Túnez (2010), el caso de Emmett Till en Misisipi, EEUU (1955) o el caso de Matthew Shepard en Wyoming, también EE.UU. (1976), entre otros. Porque hay más, muchos más, acontecimientos como éstos y otros que no llegan, seguro, porque no prenden la mecha de la movilización social, generalmente, por una indiferencia disfrazada de neutralidad y normalizada también hoy, especialmente hoy. "La indiferencia es el peso muerto de la historia", escribió Gramsci en su Odio a los indiferentes, y escribió bien.

Hagamos memoria, que nunca está de más en un país cuyo pasado parece querer ignorarse o manipular con más ahínco cada día que pasa. Mohamed Bouazizi fue un tunecino de 26 años que intentaba ganarse la vida en el pueblo de Sidi Bouzid como vendedor ambulante tras haberse quedado en paro, (un problema asfixiante en el país) junto a los precios, la corrupción, la impunidad y, en general, las violaciones de derechos humanos. Harto del maltrato institucional y administrativo, psíquico y físico, al que le sometían constantemente y particularmente ese día (palizas, intentos de sobornos, insultos... ), el joven se quemó a lo bonzo ante la sede del gobernador el 17 de diciembre de 2010 y falleció en enero de 2011, con el 90% de su cuerpo abrasado. La muerte de Bouazizi fue el detonante de las llamadas Primaveras Árabes contra los abusos, las crisis y las dictaduras de estos países.

Emmett Till era un niño afroamericano de 14 años que fue brutalmente asesinado en Misisipi en 1955. El suyo habría sido un asesinato racista más sin consecuencias si su madre, Mamie Till-Mobley, no se hubiera empeñado en mostrar el cuerpo destrozado de su hijo y luchar por la justicia. El chaval había sido acusado por una mujer blanca de intentar seducirla y su cadáver apareció mutilado salvajemente en el río Tallahatchie. Sus asesinos fueron absueltos por un jurado de hombres blancos y la indignación social por este caso prendió las movilizaciones antirracistas que supusieron el germen del Movimiento por los Derechos Civiles. Además, en 2022 se aprobó la Emmett Till Antilynching Act (Ley Emmett Till) en EE.UU., una ley federal que convierte oficialmente el linchamiento en un delito de odio.

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Público

El 6 de octubre de 1998, Matthew Shepard fue brutalmente golpeado y abandonado en Laramie, Wyoming, por dos homófobos que lo engañaron para torturarlo a golpes. El delito de Shepard, universitario de 21 años, era ser gay y su muerte días después supuso una revulsivo y un punto de inflexión en la lucha constante por la igualdad de derechos y oportunidades del colectivo LGTBIQ+, convirtiendo a Shepard en un símbolo de ésta. En 2009 se aprobó la Ley Matthew Shepard y James Byrd Jr. de Prevención de Crímenes de Odio. James Byrd fue un afroamericano asesinado por tres supremacistas blancos en Jasper, Texas: lo arrastraron por un camino asfaltado atado a los bajos de una camioneta durante más de tres kilómetros. ¿Cuánto odio racial cabe en ese crimen? Tanto como en las palabras de hoy de muchos dirigentes políticos.

Las dictaduras, las violaciones de derechos humanos, el racismo, la LGTBI-fobia, los abusos institucionales o la impunidad de determinados poderes continúan en nuestros días, pero recordar una y otra vez todos los casos conocidos de la violencia salvaje originada por el odio, la corrupción, las leyes hechas a medida de los poderosos o la indiferencia es un ejercicio obligatorio de las democracias que se jactan de serlo. El caso de Maricarmen, cuyo desahucio -o mejor, por su descriptiva crudeza, lanzamiento- a los 87 años, con dependencia severa y después de haber vivido 70 años en su casa de Madrid, ha hecho mella en un cabreo social que, salvo en casos muy puntuales, se mantenía soterrado y, lo que es peor, normalizado pese al goteo de noticias sobre casos de plena vulnerabilidad, con niños y bebés, ancianas, dependientes... que en Público hemos intentado denunciar siempre.

En España, en una década (2015-2025), se han ejecutado casi medio millón de desahucios (492.621), según los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre "lanzamientos practicados" y aunque la estadística incluye desahucios por impagos de alquiler, de hipotecas u otras causas que no son necesariamente lanzamientos de viviendas, sino de otros inmuebles, los "lanzamientos practicados" por alquiler ganan por goleada con 315.510 (64,1%); el impago de hipotecas suponen 151.296 desahucios (30,7%) y las "otras causas", 25.815 (5,2%). Desde 2015 hasta 2025, los desahucios por alquiler se han incrementado desde un 18% a un 75% frente al descenso de los impagos de hipotecas. La estadística del CGPJ, no obstante, es solo eso: una foto fija, fría, con múltiples historias personales con sus peculiaridades, algunas muy trágicas, y que son las que cuentan y pueden cambiar las cosas por su impacto social en determinado momento, donde confluyen varias circunstancias, como en el caso de Maricarmen: mujer extremadamente vulnerable, en barrio rico de Madrid con una renta de alquiler antiguo, muy por debajo de un mercado sin alma y desbocado con la especulación inmobiliaria, y con una empresa de depredadores detrás, que quiere esa vivienda como sea y persigue y acosa a esta anciana durante siete años, con el consiguiente deterioro personal de la mujer y con la complicidad de todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, unos porque no pueden, los menos, y otros porque no quieren. La crueldad de las imágenes de Maricarmen siendo lanzada de su casa con lo puesto y con su vulnerabilidad extrema, pero también con una dignidad sobrecogedora, es dolorosa salvo para los psicópatas, y cada uno/a que se aplique el grado. Todo apunta a que, tras la convulsión, habrá un acuerdo en el Congreso para sacar adelante un real decreto ley que permita evitar situaciones como la de Maricarmen y otras, aunque lo hecho, hecho está con todas sus consecuencias. La normalización de la tragedia, de la precariedad, de las desigualdades salvajes o la indiferencia ante la pobreza y los pobres que nos molestan exigen algunas veces que, agotadas, nos quememos a lo bonzo ante una cámara o que nos quemen vivos otros para que las instituciones reaccionen ante la indignación que genera ese impacto sensorial (las cacareadas emociones). Esas reacciones del poder político suelen llegar la mayoría de las veces sin abordar la profundidad necesaria, por lo que las contrarrevoluciones de los fascismos o autoritarismos reciclados siempre están ahí para reaparecer en los fracasos democráticos y recordarte que la política es caca, que la solución son ellos y que desaparezcan quienes no son como ellos y nos irá mejor. Y en eso estamos ahora, más de 15 años después del 15-M que tanto prometía.