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Las claves del 155 de Rajoy

El Gobierno cesa a los responsables de la Generalitat, limita las funciones del Parlament y prioriza el control de Interior, Hacienda y Telecomunicaciones. Convocará elecciones en un plazo máximo de seis meses. Asegura que no se trata de una suspensión de la Autonomía, pero sí intervendrá todas las consejerías desde los ministerios y podrá, incluso, destituir a altos cargos como el jefe de los Mossos o el director de TV3.

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El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, preside la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se aprobarán las medidas concretas en aplicación del artículo 155 de la Constitución.EFE/Juan Carlos Hidalgo

Quienes creían que el Gobierno aplicaría un "155 blando" se equivocaron. Mariano Rajoy ha anunciado este sábado todas las medidas que conlleva la ejecución de este artículo de la Constitución y, aunque serán "graduales y proporcionadas", según Moncloa, distan mucho de ser "blanditas".

Con esta aplicación del 155 el ministro Zoido podría cesar también al jefe de los Mossos 

Para empezar, el Ejecutivo central -en connivencia con PSOE y Ciudadanos- va a cesar a toda la Generalitat: presidente (Carles Puigdemont), vicepresidente (Oriol Junqueras) y consejeros. "El cese implicará la sustitución en el ejercicio de todas las funciones que estatutaria, legal y normativamente les son propias [...] El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación", reza el documento que el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, ha elevado al Senado para su futura aprobación, el viernes, en pleno.

¿Qué significa eso? Que, en principio, según las palabras del propio presidente del Gobierno, serán los ministerios quienes controlen desde Madrid las consejerías catalanas. Ello supone, además, que, por ejemplo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, podría cesar también al jefe de los Mossos, Josep LLuís Trapero, si así lo considera necesario "para el funcionamiento del acuerdo" del artículo 155.

Tres áreas prioritarias 

De hecho, el Gobierno central ha priorizado el control económico y financiero, el de la seguridad y el de las telecomunicaciones. Si en el primer ámbito, las cuentas de la Generalitat ya estaban en manos de Cristóbal Montoro, ahora el Gobierno podrá también controlar "la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la Comunidad Autónoma, a sus organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial". También el de "los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a la Comunidad Autónoma". Es decir, controlan todo tipo de recaudación de Catalunya.

El Gobierno podrá controlar "la totalidad de los fondos que corresponda transferir del Estado a la Comunidad Autónoma", además de todos los ingresos de Catalunya

En el área de Interior el objetivo es "dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos d'Esquadra", "acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña" e, incluso, "en caso de que sea necesario, los miembros de los Mossos d'Esquadra serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Es decir, los Mossos podrán ser sustituidos por Policía Nacional y Guardia Civil.

No obstante, en Moncloa insisten en que no creen que haya que llegar hasta ese extremo. Confían en que "los funcionarios" obedezcan -en caso contrario se exponen a sanciones disciplinarias y suspensiones de sueldo-, pero no descartan que sí se pueda producir la destitución de su jefe.

Rajoy se asegura el control en las calles: podrá sustituir a los Mossos d'Esquadra por policías nacionales y guardias civiles

"Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación [en sustitución de los cesados] podrán acordar el nombramiento, el cese o la sustitución temporal, con asunción de las funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña", continúa el documento aprobado hoy.

Del mismo modo, dejan la puerta abierta al cese del director de TV3, Vicent Sanchis, ya que, a partir del viernes -cuando se aprueben estas medidas en el Senado- "corresponderá a los órganos o autoridades que cree a tal efecto el Gobierno de la Nación [...] garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural y también con el equilibrio territorial, así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución". Es decir, el Gobierno se queda con el control de los medios de comunicación públicos catalanes, así como el del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña.

Aunque estas sean las medidas prioritarias para el Gobierno, también el resto de administraciones estarán en manos de sus correspondientes ministerios. Al menos, ese es el deseo de Rajoy porque cabe la posibilidad, todavía, de crear la denostada figura del virrey. De momento, el documento que aprobará el Senado no especifica cuáles serán los "órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación" para sustituir a los miembros del Govern al completo.

En Moncloa descartan que vayan a enviar 'hombres de negro' a Catalunya, pero sí cabría la posibilidad de crear un órgano o autoridad ad hoc para tal fin. Es decir, el Ejecutivo de Rajoy todavía podría montar un Gobierno paralelo si así lo desea. Aun así, llegado el caso, es más probable que se trate de un órgano colegiado -similar al del Consejo de Ministros- que de una sola persona que coordine sola todas las competencias asumidas.

El presidente del gobierno Mariano Rajoy compareció para explicar la aplicación del Artículo 155 de la Costitución, tras el Consejo de Ministros extraordinario.EFE/Juan Carlos Hidalgo

Un Parlament a medio gas, pero con Forcadell

Por otro lado, el Parlament también verá limitadas sus funciones. En este caso, no será el Gobierno, pero sí el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- quien controle la actividad de la Cámara autonómica.

Esta institución no podrá proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar debates de investidura. Tampoco, por tanto, promover mociones de censura, ni celebrar sesiones de control al Govern -dado que estará cesado-. En su lugar, será la Cámara alta la que haga el "seguimiento y control" de quienes se harán con las competencias del mismo.

A nivel presupuestario, por ejemplo, el Parlament estará autorizado a seguir "ejerciendo su potestad legislativa" en caso de que quiera elaborar una ley de montes o invertir en infraestructuras. Pero jamás podrá aprobar la celebración de un referéndum o cualquier otra medida o iniciativa contraria a la Constitución, el Estatuto o las propias medidas incluidas en el 155.

El Gobierno no cesa a Forcadell por su empeño en negar que el 155 se trate de una suspensión de la autonomía catalana

La presidenta de dicha Cámara, pese a todo, seguirá siendo Carme Forcadell. En Moncloa la consideran a ella tan 'desobediente' como a Puigdemont o Junqueras pero ha decidido no cesarla. ¿El motivo? El Gobierno central sigue en su empeño de negar que el 155 se trate de una suspensión de la Autonomía de Catalunya y, de ahí, el no querer atacar directamente a un cargo que es elección directa de los diputados del Parlament. El presidente de la Generalitat también lo es, pero Moncloa esgrime que, mientras Forcadell y el resto de la Mesa del Parlament son una "elección directa" de la Cámara, el Govern es una "elección derivada".

¿Que pasa si hay desobediencia?

En caso de desobediencia, es decir, si Puigdemont, Junqueras o cualquier otro miembro de la Administración catalana -también los funcionarios- incumplen "las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos designados por el Gobierno", podrían incurrir incluso en un delito penal.

Quienes no acaten las órdenes de Madrid, funcionarios incluidos, estarán expuestos a un régimen de "responsabilidad disciplinaria"

Es decir, quien no acate las órdenes de Madrid estará expuesto a un régimen de "responsabilidad disciplinaria" por el que "se podrá proceder a su exigencia [...], sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar".

¿Elecciones en enero?

El artículo 155 de la Constitución estará vigente desde su publicación en el BOE -una vez lo haya aprobado el pleno del Senado- hasta la celebración de elecciones en Catalunya. "Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña", reza el documento.

Sin embargo, sigue sin conocerse cuándo se celebrarán dichos comicios. Se sabe que el Gobierno da un plazo de "seis meses" para "decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatura y para la convocatoria de elecciones autonómicas", que será proclamada por el propio Mariano Rajoy.

Pero, teniendo en cuenta que, entre que se convocan las elecciones y finalmente se  celebran han de pasar 54 días -según la LOREG-, es bastante dudoso que lleguen a ser en enero, como ayer anunciaron tanto PSOE como Ciudadanos.

El PP quiere 'calmar' antes los ánimos de los independentistas y "restituir la legalidad y la convivencia", así como la "neutralidad" de la Administración catalana", por lo que no se prevé que vaya a considerar logrados dichos objetivos ya en noviembre. Por ello, es bastante complicado que dos meses después vayan a producirse las elecciones que sus socios sí esperan "cuanto antes".

El presidente del gobierno Mariano Rajoy compareció para explicar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, tras el Consejo de Ministros extraordinario.EFE/Juan Carlos Hidalgo

¿Puede Puigdemont parar el 155?

"El artículo 155 sólo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba", sentenció Rajoy con rotundidad. Es decir, tanto el presidente como el resto de su equipo en Moncloa dan por hecho que la Constitución ya está "en marcha" y que nada podrá pararla.

"El Gobierno de la Nación podrá anticipar el cese de estas medidas si cesasen las causas que lo motivan", reza el texto

Sin embargo, el propio documento que el Consejo de Ministros ha elevado hoy al Senado especifica que "el Gobierno de la Nación podrá anticipar el cese de estas medidas si cesasen las causas que lo motivan". Es decir, si Puigdemont no declarara la independencia y vuelve a gobernar para restaurar la "legalidad", la "convivencia" y hasta la "recuperación económica".

Además, de aquí al viernes -y también de seguir adelante con el 155-, cuando se celebre el pleno del Senado, el Gobierno aún podrá plantear ante la Cámara alta "modificaciones o actualizaciones de las medidas inicialmente autorizadas". No sólo el Gobierno: también cualquier grupo político representado en dicha Cámara podrá pedir una modificación de los términos expuestos hoy por el Ejecutivo central.

Ello significa que, tanto si el presidente de la Generalitat decide proclamar la declaración unilateral de independencia -DUI- y votarla en el Parlament, como si decide dar un paso atrás, no hacerlo y convocar elecciones, todavía podría paralizarse la entrada en vigor de estas medidas.

Moncloa no quiere entrar a valorar "'y sis'", pero alguno de esos dos escenarios está aún sobre la mesa. En el primer caso, el Gobierno podría ponerse aún más duro con su 155. En el segundo, aunque ya no lo expresa con la misma claridad que hace unos días para mantener el pulso con Puigdemont, Rajoy podría paralizarlo. La pelota, hoy, sigue en el tejado de la Generalitat.