Prometía "prudencia" y "responsabilidad" y ha sacado pecho por su "paciencia", pero a la hora de la verdad Mariano Rajoy ha diseñado una aplicación dura del Artículo 155 de la Constitución que le permitirá obtener plenos poderes en Catalunya.

El Consejo de Ministros de este sábado ha aprobado una materialización del 155 que permitirá al presidente convocar elecciones autonómicas en un máximo de seis meses -"Cuando se recupere la normalidad"- y cesar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern. Sus funciones serán asumidas por el Gobierno central -a través de la creación de un órgano específico o desde los ministerios- y los poderes del Parlament serán restringidos: no podrá designar candidatos, ni votar la investidura de otro president tras la destitución de Puigdemont. Tampoco podrá ejercer el control de estos órganos de gobierno provisionales, y el Gobierno tendrá un plazo de veto de sus iniciativas de 30 días.

Sin ningún atisbo de autocrítica, el presidente ha culpado en exclusiva al Govern de todo lo ocurrido -"No se pueden hacer peor las cosas"-, y ha retratado al Ejecutivo como una suerte de actor secundario obligado a tomar todas y cada una de sus decisiones: "No era ni nuestro deseo ni nuestra intención", afirmaba, llegando a deslizar que tiene "la convicción" de que "algunos lo que querían es que se aplicara el 155".

Teniendo en cuenta que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, previsiblemente la Cámara Alta aprobará en el Pleno del próximo viernes esta materialización del 155, que según Rajoy no supone la "suspensión de la autonomía ni del autogobierno" de Catalunya.  "Esto se arreglará y sin más daño para nadie", apuntaba. 

"Aquí ha habido un intento de imposición, no un diálogo"

Arropado por el grueso de su Ejecutivo, Rajoy ha defendido que podrían haber puesto en marcha este mecanismo mucho antes, pero prefirieron "actuar con prudencia y responsabilidad", "intentando una rectificación que no se produjo" -en referencia a su intercambio epistolar con Puigdemont, en el marco del requerimiento previo a la activación del 155-. Tras la rueda de prensa, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha celebrado un briefing con la prensa para profundizar sobre las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros [Consulta el documento completo aquí].

Los objetivos concretos de su aplicación son cuatro, según el presidente del Gobierno: "Volver a la legalidad", "recuperar la normalidad y la convivencia", "continuar con la recuperación económica" y "celebrar elecciones en situación de normalidad".

De hecho, y como se esperaba, el aspecto económico ha tenido un peso considerable en el discurso del presidente, que en definitiva ha querido dibujar al Ejecutivo como una víctima de un "intento de imposición", que la Generalitat habría querido disfrazar de "diálogo".  "Lo que se hizo fue liquidar la ley y poner en marcha una ley paralela", zanjaba.