Los partidos políticos que se han mantenido hasta el final de la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña abierta en el Parlament, Junts per Sí, En Comú Podem y la CUP, han acabado las conclusiones que serán debatidas por sus portavoces, Lluis Guidó, Albano Dante y Mireia Boya, y votadas este martes en la sesión presidida por la diputada Alba Vergés.

La propuesta de la comisión será que tras su debate, las conclusiones sean analizadas por el pleno del Parlament la primera semana de septiembre y que sea la votación de todos los diputados la que dé el visto bueno para que el dictamen se envíe a Fiscalía. Como los partidos que la componen suman amplia mayoría absoluta en la Cámara, esa judicialización de las cloacas de Interior será sin duda aprobada por el Parlament de Catalunya.

Los tres partidos se mantienen en su decisión provisional de enviar el dictamen a los tribunales para que investiguen las responsabilidades penales que pudieran tener el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; su jefe de gabinete, Jorge Moragas; la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría; el ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y la diputada y representante del PP en la mesa del Congreso de los Diputados, Alicia Sánchez Camacho.  

Pero según ha sabido Público, está denuncia se ampliará también a los funcionarios del Ministerio del Interior que participaron en la brigada política y que se han negado a acudir a la comisión de investigación del Parlament, como el ex Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino; su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago; el comisario José Manuel Villarejo, entre otros, y el receptor de las exclusivas sobre las falsas investigaciones policiales, el tertualino Eduardo Inda. 

Fuera de la votación de este dictamen han quedado el PSC que lidera Miquel Iceta, que no llegó a asistir a ninguna de las sesiones de la comisión; el Partido Popular, cuya diputada Esperanza García abandonó tras un rifi rafe con el ex alcalde de Barcelona Xavier Trías; y Ciudadanos, a pesar de que su diputado Matías Alonso siempre rechazó la denominación de Operación Cataluña al considerar que "estas supuestas prácticas no afectan solo a los catalanes".

"Sal y pimienta en los informes de la UDEF"

Una de las intervenciones más relevantes fue la del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el comisario Marcelino Martín-Blas, quién acusó al ex número dos de la Policía y a su jefe de gabinete de mentir sobre su participación en la denominada Operación Cataluña y también sobre las investigaciones prospectivas que se habían hecho acerca de políticos catalanes y de otros dirigentes como el líder de Podemos, Pablo Iglesias. 

El veterano policía explicó en el Parlament que él ya denunció que el informe borrador sobre la familia Pujol –publicado en El Mundo por Eduardo inda y Esteban Urreiztieta– era una mezcla de notas de la UDEF a la que "se les ha añadido sal y pimienta" para ir más allá de donde las investigaciones policiales realmente habían podido llegar. 

Además dejó claro que ese tipo de informes estaban fuera del marco legal y no tenían valor judicial, a pesar de que un ex dirigente sindical de la Policía, José Manuel Sánchez Fornet –que no ha acudido a la llamada de la comisión investigación para declarar– diera una rueda de prensa para dar credibilidad al documento apócrifo. 

También recopiló las informaciones que tanto por su trayectoria en la cúpula policial y debido a la investigación de la causa del pequeño Nicolás conocía sobre la elaboración de este falso informe de la UDEF: por ejemplo, las actividades como agente encubierto del comisario José Manuel Villarejo sin supervisión judicial o la colaboración de los hermanos Cierco, dueños de la Banca Privada d'Andorra, (BPA) a cambio de que la Policía les ayudase con sus problemas en el Banco Madrid y con el Fincen (del Tesoro de EEUU), por los posibles delitos de blanqueo de capitales, entre otros. 

Malversación de fondos públicos

En sus conclusiones la comisión de investigación también destaca los testimonios de los periodistas de Público, así como el documental producido por el Grupo Mediapro, Las cloacas de Interior, que muestra la implicación de "comisarios, detectives, altos funcionarios del Ministerio del Interior, así como la participación de la Oficina Antifrau que dirigía Daniel de Alfonso y otros miembros del poder judicial en estas oscuras maniobras bajo el Gobierno del Mariano Rajoy y el Partido Popular", explica la diputada Mireia Boya. 

Estos grupos coinciden en que bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz y con el conocimiento de Mariano Rajoy "se creó una brigada político-policíal para dañar a los rivales políticos"; algo que también ha quedado confirmado en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, donde PSOE y Ciudadanos también admitieron estos hechos aunque se negaron a llevarlos a los tribunales. 

El Parlament, en este caso, podría dar un paso más al solicitar que se investigue penalmente el uso de fondos reservados, pero también de materiales públicos (teléfonos, viajes, salarios, dietas) por los funcionarios que formaron parte de esta brigada política y que fueron pagados con dinero público, pero no para cumplir la misión que tenían encomendada por ley.