El Gobierno quiere dejar atado y bien atado el Tribunal Supremo antes de las elecciones generales

MADRID.- Las presiones políticas van en aumento, con un objetivo telúrico: virar el Tribunal Supremo hacia las tesis del Gobierno del Partido Popular en vísperas de las elecciones generales.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), institución designada por la Constitución para garantizar la independencia de los jueces en España, reciben estos días presiones desde el Ejecutivo para forzar su voto en favor del candidato que impulsa el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, para presidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Lesmes es la figura en quien el Ejecutivo de Mariano Rajoy depositó todo el poder del órgano encargado de velar por la independencia judicial, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PP que limitó las competencias de esta institución. Ejerce una presidencia de manera piramidal, sin un contrapoder real, en lugar del modelo deliberativo y colegiado que impera entre los jueces y que es esencial del poder judicial. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo es clave, ya que controla los actos del Gobierno... y del propio Lesmes y el CGPJ

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo es clave, ya que controla los actos del Gobierno... y del propio Lesmes y el CGPJ. Allí se resuelven también litigios millonarios con las administraciones públicas, como puede ser los recursos de las eléctricas sobre el déficit de la tarifa.

El pleno del CGPJ decidirá este miércoles quién presidirá dicha Sala: si su actual presidente, José Manuel Sieira, o Luis María Díez-Picazo, un jurista amigo íntimo de Lesmes. El tercer candidato, Jorge Rodríguez-Zapata, tiene menos posibilidades de salir elegido.

Esta será la primera vez en la historia del alto tribunal que se rompe una norma no escrita, según la cual un presidente de Sala es renovado al menos un segundo mandato.

En el caso de Sieira no será así. Todo apunta a que este magistrado moderado e independiente, nombrado en el año 2010 presidente de la Sala III, no saldrá reelegido por la mayoría de los 20 vocales del CGPJ.

Lesmes ha realizado presiones sobre los vocales para que nombren a su candidato. Ante ellos ha esgrimido que era una "política de Estado"; ha pedido el voto como "lealtad personal", y ha llegado a insinuar un cambio en la Comisión Permanente del CGPJ —la única con vocales con dedicación exclusiva— en el caso de que no saliera su patrocinado.

Ante las resistencias de algunos vocales, Lesmes se dirigió primero a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y luego al entorno Mariano Rajoy para hacer valer sus tesis de que él defendía un candidato más afín al Gobierno y, así, doblegar a los vocales más difíciles.

Así, un vocal jurista, nombrado a instancia del PP, y relacionado con el entorno profesional del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenía previsto votar a José Manuel Sieira. Pero diversas fuentes jurídicas sostienen que habría cambiado su voto tras recibir una comunicación discreta con el mensaje de que vote a favor del candidato que defiende Lesmes. Y él arrastra otros votos del pleno de este miércoles en su favor.

Por su parte, a la minoría progresista se le amenaza con retirar el voto de los vocales conservadores para el candidato que impulsan a la Sala tercera, Ángel Arozamena Laso (Audiencia Nacional), con quien los progresistas se habían comprometido a apoyarlo.

Sieira tiene a su favor el haber sido durante 21 años magistrado del Tribunal Supremo. Frente a él, Díez Picazo, lleva sólo siete años en el alto tribunal y no es juez, sino catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Díez Picazo presidió la comisión de especialistas que recortó el poder del CGPJ a instancia del PP por medio de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este recorte se realizó bajo la batuta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de su amigo Lesmes. Por su trabajo, recibió del Gobierno la más alta condecoración en la justicia, la cruz de San Raimundo de Peñafort. Previamente había sido colaborador de Francisco Caamaño, ministro de Justicia socialista.

¿Dónde reside la discrepancia profunda entre Lesmes y Sieira? En el control de las decisiones de Lesmes y del órgano político que es el CGPJ, según fuentes jurídicas.

Lesmes rechaza el control de los actos del CGPJ que ejerce la Sala III del Tribunal Supremo, como son los nombramientos de los altos cargos judiciales y en los que deberían primar los principios de mérito y capacidad. En cambio, José Manuel Sieira defiende la independencia judicial y el contrapoder que supone su Sala ante las decisiones del órgano constitucional.

Existen además razones personales: Sieira impulsó la famosa sentencia que anuló el indulto al kamikaze realizado por el Gobierno del PP y su cese supondría además una patada en la distancia a Margarita Robles, magistrada de la Sala III del Supremo, ex vocal del CGPJ, amiga de Sieira y enemiga personal de Lesmes. El presidente del Supremo llegó incluso a exigir a Sieira que renunciara a esta amistad si quería seguir en su cargo, según fuentes jurídicas.

Díez Picazo presidió la comisión de especialistas que recortó la autonomía del Consejo General del Poder Judicial a instancia del PP y bajo la batuta de Lesmes

El caso del kamikaze supuso una humillación para Lesmes, entonces magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo. Estalló en enero de 2014. El escándalo surgió a causa de la decisión del Gobierno de indultar a un conductor, Ramón Jorge Ríos, que había sido condenado a 13 años de prisión por la Audiencia de Valencia, por conducir su coche "como una bala" en dirección contraria por una autopista en el año 2003 hasta chocar y matar a otro conductor, José Alfredo Dolz.

La sociedad civil se movilizó, en especial las asociaciones de víctimas de accidentes. El escándalo creció aún más al conocerse que el abogado del kamikaze, Esteban Astarloa, era hermano del entonces responsable de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, y que trabajaba en el mismo bufete que el hijo del entonces ministro de Justicia.

La familia del fallecido consiguió llevar este indulto ante la Sala III, al ser un acto del Gobierno. El ponente de la sentencia era Carlos Lesmes, considerado ya en los círculos de poder como el candidato del PP a presidir el CGPJ y el Supremo.

Lesmes tranquilizó al entorno del Gobierno de Rajoy, inmerso en una crisis mediática por esta causa. Defendía del derecho del Ejecutivo a indultar al kamikaze, al ser una potestad gubernamental como establece la decimonónica ley de indulto. Pero el presidente, José Manuel Sieira, consideró tan grave el caso que lo avocó al pleno de la Sala III. Y los magistrados anularon el indulto porque en el expediente administrativo no se habían aportado las razones que había llevado a conceder esta medida de gracia al kamikaze. A partir de entonces, los indultos deben ser motivados.

Ahora llega el momento de cobrarse la cabeza de Sieira. El propio afectado proclamó recientemente en su entrevista ante el CGPJ la convicción, tanto suya y de sus compañeros de Sala, "de que el respeto a las instituciones es fundamental en un Estado de Derecho como el que queremos vivir y de que el Consejo no puede convertirse en un palacio de intrigas". 

De consumarse, el Gobierno del PP habrá cambiado los equilibrios de poder en todas las salas relevantes del Tribunal Supremo a través de Lesmes.

El propio Sieira advertía recientemente que "el Consejo no puede convertirse en un palacio de intrigas"

Así, Manuel Marchena, de tendencia conservadora, ha sido nombrado presidente de la Sala de lo Penal, la Sala II, después de colaborar con su amigo Lesmes en la comisión que recortó el poder del CGPJ. Por su parte, Francisco Marín Castán, también de tendencia conservadora, ha sido nombrado presidente de la Sala de lo Civil, la Sala Primera.

Queda por controlar la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la Cuarta, la que ha tumbado los pilares de la reforma laboral del Gobierno del PP. Aquí el giro es más sutil, pero igual de telúrico. La reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial —la sexta que realiza el PP desde que llegó al poder— suprime los magistrados eméritos del Supremo, una figura que permitía a los jueces del Supremo ejercer el cargo hasta los 75 años.

Esta medida, aparentemente neutral, enviará a casa dentro de tres años y antes de tiempo a seis magistrados de la Sala de lo Social, cinco de los cuales apoyaron las sentencias que acabaron con las claves de la reforma laboral, como es la vigencia de la ultractividad de los convenios colectivos. Sin estos votos, dichas sentencias no se habrían producido. Y hay serias dudas que los magistrados que nombre el CGPJ, a instancia de Lesmes, sean de la misma tendencia que los enviados a casa.

El Gobierno argumenta que esta medida, introducida a última hora en el Senado y sin debate alguno, responde a instrucciones del ministerio de Economía, que dirige Cristóbal Montoro, con el fin de introducir ahorro económico en las cuentas públicas.

Se da la circunstancia de que el despacho que tenía Cristóbal Montoro antes de llegar al poder, Equipo Económico, fue coautor de la reforma laboral de 2012 anulada en sus puntos claves por el Supremo. Y su exmano derecha, Francisco de Piedras Camacho, firmó el informe técnico del Expediente de Regulación de Empleo de Coca-Cola, anulado también por esta misma Sala y por estos magistrados que van  a ser jubilados antes de tiempo.

El Gobierno no sólo ha limitado el poder del CGPJ. Además, no ha convocado plazas para los nuevos jueces que se incorporan a la carrera judicial tras superar una dura oposición. En su lugar, estos nuevos jueces son adscritos a un territorio -la comunidad autónoma- y sus destinos dependen de lo que decida el presidente del tribunal superior territorial, quien es elegido a su vez por el CGPJ.

Jóvenes y sin un destino fijo, estos jueces resultan más vulnerables frente al criterio del presidente del tribunal superior de justicia del que dependen. Esta forma de proceder colisiona con el artículo 117 de la Constitución, que establece como principio básico la inamovilidad de los jueces y magistrados.

Quedaba por consumar un fleco para conseguir este movimiento telúrico: las nuevas generaciones de jueces, formadas en el derecho comunitario, están recurriendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para encontrar allí el amparo a los consumidores que no existe en la legislación española. Ya se ha limitado.

La última reforma del PP impide que los jueces de órganos unipersonales puedan dirigirse al Tribunal de la UE para plantear cuestiones como la derrumbó el sistema español de ejecución hipotecaria

La reciente reforma de la LOPJ realizada por el PP prohíbe que los jueces unipersonales puedan dirigirse al Tribunal europeo para plantear cuestiones prejudiciales, como son las numerosas cuestiones que han planteado sobre cláusulas abusivas y que ha hecho derrumbar el edificio del sistema de ejecución hipotecaria español, por ejemplo. 

El Gobierno del PP ha logrado un cambio en esta ley según el cual las cuestiones prejudiciales sólo podrán ser planteadas ante el TJUE por los órganos colegiados; esto es, por las Audiencias Provinciales y por los tribunales superiores territoriales. Se cierra así el círculo del control judicial, porque los presidentes de estos órganos los elige el CGPJ, presidido a su vez por Carlos Lesmes.

El último movimiento ante de las elecciones generales será cambiar a los presidentes de los tribunales superiores, de quienes dependen los jueces sin puesto fijo en un territorio.

Los presidentes de los tribunales superiores de justicia deberán ser renovados a finales de este año tras ejercer durante cinco años este cargo. Así ocurre con cada renovación del CGPJ.

Diversas fuentes sostienen que, de los 17 presidentes, tan sólo Vicente Rouco, de Castilla-La Mancha, tiene asegurada la renovación, según fuentes jurídicas.

Los otros 16 presidentes de tribunales superiores de justicia serán cesados, según auguran fuentes jurídicas. Y los nuevos presidentes serán nombrados a instancia de Lesmes y su poder piramidal y político sobre un CGPJ cuyos 20 vocales fueron elegidos en 2013 por los grupos parlamentarios directamente. Esta fórmula de elección fue aprobada en la primera de las reformas del PP de la LOPJ e impulsada por la vía de urgencia para evitar que el calendario impidiera todo este movimiento telúrico y a largo plazo que limita la independiencia judicial.

En las vísperas de las elecciones generales, el cese de Sieira supondrá todo un mensaje a los 5.000 jueces y magistrados ejercientes en España. Ya lo dijo en una entrevista el propio Carlos Lesmes, cuando llegó al poder: a los jueces se les gobierna con la estrategia del "palo y la zanahoria", con la fórmula de premios y castigos. Y a Sieira le ha tocado el palo.