Publicado: 16.09.2015 23:05 |Actualizado: 16.09.2015 23:08

Un imputado en la trama Púnica se comprometió por escrito a “colaborar” en una recalificación

Se ofreció a “realizar cuantas gestiones resulten eficaces” para conseguir los terrenos sobre los que ha sido construido el polémico colegio privado que el Gobierno de Aragón debe concertar por orden judicial

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Aula del colegio Ánfora de Cuarte de Huerva.

Imagen de archivo del imputado en el caso Púnica Francisco Granados. / EP

ZARAGOZA.- Un imputado en la operación Púnica se comprometió por contrato a “colaborar, coadyuvar y realizar cuantas gestiones resulten eficaces” para lograr una recalificación urbanística en Zaragoza. Los trámites salieron mejor incluso de lo que esperaban sus promotores.

El compromiso lo adquirió Alfonso Ferrón del Río, propietario de la empresa Alfedel y sospechoso de haber pagado mordidas a la trama presuntamente dirigida por Francisco Granados y David Marjaliza a cambio de obtener conciertos para los colegios privados que promovía bajo fórmulas de cooperativa. Figura, negro sobre blanco, en el contrato por el que otra empresa, Ánfora Sociedad Cooperativa Madrileña, acordó la compra de los terrenos en los que se ubica el polémico centro Ánfora Internacional, en Cuarte de Huerva: dos parcelas residenciales de una zona conocida como Monasterio, propiedad de una empresa llamada Yerhec, que suman 15.058 metros cuadrados y a las que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cuarte asignaba una edificabilidad de 12.627 metros cuadrados de techo y capacidad para 64 viviendas unifamiliares.

El contrato especifica que el proyecto del colegio requería “la totalidad de la superficie de las dos parcelas y 12.000m2t [metros de techo] de edificabilidad, no necesitando consumir numero alguno de viviendas”, por lo que esa extensión “deberá ser asignada a dicho uso” de equipamiento. “Todos los trabajos, gestiones, proyectos tramitaciones y autorizaciones que haya que realizar y conseguir” para modificar el ordenamiento urbano con el fin de “trasladar el exceso de edificabilidad de ambas parcelas” a otra del vendedor, señala el contrato, “para conformar una sola parcela de uso destinado a centro educativo, serán de cuenta de la propiedad, comprometiéndose la cooperativa a colaborar, coadyuvar y realizar cuantas gestiones resulten eficaces para la consecución de tal fin”.

Los promotores se ganan una calle

La recalificación, aunque conllevó la “amortización” del grueso de las viviendas, salió mejor incluso de lo que podían esperar los promotores: el rediseño de las dos parcelas, basado en un estudio presentado por Ánfora, absorbió el vial de 1.477 metros cuadrados que, sobre el papel, debía separar las parcelas (iba a ser bautizado como calle Boltaña). Esa superficie fue cedida por el Ayuntamiento, gobernado en minoría por el PAR (aragonesistas de centro-derecha), al colegio. Ahora es la acera que lo rodea. El alcalde, Jesús Pérez, niega que se haya entrevistado con Ferrón o negociado con él.

El de la ayuda para la recalificación no es el único servicio llamativo que Ferrón se ha ofrecido prestar. Un informe de Hacienda que consta en las diligencias del caso Púnica destaca cómo la web de Alfedel incluía “entre los servicios prestados” a sus clientes la “realización de todas las gestiones necesarias para la adquisición del terreno, obtención de licencias municipales y concesión de conciertos educativos” y, también, la “localización geográfica de nuevos centros en municipios con necesidades de oferta educativa”.




La compra de los terrenos, condicionada a que el colegio obtuviera el concierto y la licencia de construcción y tasada en 3,85 millones de euros más IVA, incluye un calendario de pagos que finaliza en diciembre de 2016 y que aplica un interés del 4% anual a cada plazo, a partir de la fecha del primero. A partir de ese momento, la cooperativa puede pedir que la operación sea escriturada “en el plazo de 15 días”. Sin embargo, la operación seguía sin estar registrada la semana pasada.

Concertado por orden judicial

La no disponibilidad de los terrenos, pese a estar ya construido el centro, es uno de los motivos por los que el actual Gobierno de Aragón decidió suspender y someter a revisión la concesión del concierto que había aprobado el anterior ejecutivo autonómico. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le ha obligado a pagarlo hasta que resuelva el recurso interpuesto por los padres.

Otro de los motivos para suspenderlo fue que la Intervención había emitido un informe desfavorable al constatar que el presupuesto autonómico no disponía de los casi 12 millones de euros (1,3 este año y 10,6 los cinco siguientes) necesarios para cubrir esa subvención.

El Gobierno de Aragón prevé presentar esta semana su propia denuncia sobre el asunto del colegio ante la Fiscalía, cuya Unidad Antifraude lleva unas semanas investigándolo a instancias de un colectivo de oposición a los conciertos.

Los vínculos de la constructora con el conseguidor de la Púnica

El colegio fue construido por Avintia, empresa que trabajó en la construcción de otros colegios promovidos por Alfedel.

En su informe, Hacienda propone investigar un pago por valor de 230.000 euros que Avintia hizo a otra sociedad llamada Servicios Logísticos Inmobiliarios (SLI), vinculada a David Marjaliza, uno de los presuntos jefes de la Púnica, en 2010. Ese año, la constructora le facturó al Ayuntamiento de Valdemoro algo más de dos millones de euros vinculados a “un contrato de obras otorgado por la vía de urgencia”.

Los inspectores de Hacienda llaman también la atención sobre el hecho de que SLI era una de las empresas que solían recibir pagos de “las cooperativas vinculadas a Alfedel” cuando los centros iban a ser construidos por Obrum, sociedad también relacionada con Marjaliza.
Avintia, según informó elconfidencial es una de las empresas a las que el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte les consiguió una entrevista con el presidente de la Sareb.