MADRID.- El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica hoy la propuesta de reforma del Tribunal Constitucional (TC) presentada por el PP, con lo que se pone en marcha así su trámite parlamentario pese al rechazo expresado por la oposición a su tramitación exprés.

En el texto de la proposición de ley el grupo popular defiende la necesidad de adaptar la regulación del TC, máximo interprete de la Constitución, a "las nuevas situaciones" y dotarle de instrumentos para garantizar la efectividad de sus resoluciones.

Así, incluye incluso otorgar la facultad al TC de suspender un gobierno en caso de que no se cumplan sus sentencias.

"El Tribunal podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria", afirma la proposición.

"Todo ello, sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan", añaden.

Numerosos juristas se han opuesto a conferir esta facultad al TC, entre otras cosas porque se fuerza a este órgano a convertirse en un ejecutor de meras sospechas del Gobierno, según denuncia el expresidente del TC Pascual Sala.

Por si fuera poco, la Ley actual, de 1979, ya prevé el obligado cumplimiento de las resoluciones del TC para todas las autoridades del Estado y para el público en general,  así como multas coercitivas en el caso de un incumplimiento. También está penado por el  Código Penal delitos como el de prevaricación.

En los casi 36 años de historia del TC, esta institución no ha tenido que recurrir a dichas medidas desde el punto de vista jurídico, ya que sus resoluciones se han cumplido.

La reforma se aborda a escasos días de la convocatoria de las elecciones catalanas, realizada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el 27 de septiembre.

La publicación de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del TC, rechazada por el resto de las fuerzas políticas, es un primer paso para iniciar su tramite parlamentario, que se produce pese al intento de la oposición de frenar su tramitación exprés.

El pasado día 2, los grupos de la oposición dirigieron un escrito al presidente del Congreso, Jesús Posada, en el que le pedían que reconsiderara su decisión de calificar la iniciativa y aceptar su tramitación urgente, una urgencia que no ven justificada, ya que creen que es una medida "electoralista" y un "atropello" a la democracia y al poder legislativo.

Posada, por su parte, respondió por escrito a esa petición de la oposición, defendiendo su potestad para calificar para su tramitación urgente la proposición del PP y recordando que la Mesa del Congreso delega sus funciones en él cuando no tiene prevista reunión ordinaria.

Tras la respuesta de Posada, los grupos presentaron este jueves un nuevo recurso conjunto a la Mesa del Congreso contra la tramitación, en el que insisten en que el presidente se excedió en sus funciones.

Tras la publicación del texto en el Boletín Oficial del Congreso, la Junta de Portavoces, que celebrará su próxima reunión el 8 de septiembre, podrá debatir su inclusión en el Pleno y su tramitación directa y en lectura única.