MADRID.- El Partido Popular utilizó su anterior mayoría absoluta en las Cortes para impedir que el Congreso de los Diputados investigara al que por entonces era su portavoz económico, Vicente Martínez Pujalte, que este martes ha sido denunciado por la Fiscalía de Valladolid por presuntos delitos de falsedad y cohecho.

En junio de 2015, tanto el PSOE como Izquierda Plural pidieron que la Comisión del Estatuto del Diputado investigaran si Pujalte se había servido de su condición de diputado para cobrar retribuciones periódicas por asesorar verbalmente a una empresa que contrataba con la administración pública.

La petición se realizó después de que la prensa informase de que Federico Trillo y Pujalte habían cobrado la pasada legislatura por asesorar al Grupo Collosa, una de las empresas beneficiarias de las adjudicaciones de parques eólicos de Castilla y León. Precisamente, la denuncia de la Fiscalía señala que Pujalte cobró de Collosa por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.

Tras la publicación de las informaciones anteriormente mencionadas, el propio Pujalte reconoció públicamente que había cobrado de esta empresa y subrayó que lo había declarado a Hacienda y que tenía la compatibilidad del Congreso para ejercer como economista.

La denuncia contra Pujalte se dirige también contra la exsenadora vallisoletana del PP Ana Torme, Alejandro Llorente Múñoz, Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP), Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega, todos ellos relacionados con empresas que presuntamente pagaron a Pujalte, a través de la empresa Sirga XXI Consultores.