El dispositivo policial que la Generalitat puso en marcha con motivo de la protesta 'Paremos al Parlament' es uno de los ejes de la defensa del juicio contra el 15M que ha empezado en la Audiencia Nacional. 'Se buscó el conflicto y se exageró el resultado del mismo', sostiene el abogado Gonzalo Boye, que junto con cinco letrados más representa a los veinte jóvenes encausados. También será el jueves uno de los puntos de la declaración de al menos uno de los testigos citados por la acusación, el entonces diputado catalán Joan Boada. '[Felip] Puig nos puso en peligro', afirma Boada, refiriéndose al entonces responsable de Interior catalán. 'Fuimos más víctimas de su incompetencia que de las personas que estaban reclamando mejoras económicas y sociales'.

El dispositivo policial había de garantizar ese día la protección y entrada de los diputados al Parlament y el libre ejercicio de las reivindicaciones ciudadanas. Los 135 representantes catalanes estaban citados a un pleno con una agenda cargada: se debatían y votaban las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat para el 2011 y de la ley de medidas fiscales y financieras, un paquete de decisiones impopulares de envergadura para reducir el déficit a base de austeridad que impulsó al 15M a convocar el traslado de la protesta ciudadana desde la acampada en plaza Catalunya al recinto del parque de la Ciutadella, que acoge en su interior a la cámara legislativa catalana. Estaba previsto también realizar un homenaje al exdiputado Jordi Solé i Tura, el único punto del orden del día que no se llegó a celebrar.

'Fue la policía catalana y los responsables políticos, en realidad, los que determinaron la forma en cómo se desarrolló la acción', apunta uno de los testigos propuestos por la defensa, que participó activamente en la organización y desarrollo de la protesta. Los abogados subrayan el contrasentido: el dispositivo que desplegó la conselleria liderada en ese momento por Felip Puig, actual responsable de Empresa y Ocupación del ejecutivo catalán, convirtió en una 'ratonera' para algunos de los diputados la única puerta que quedó abierta al recinto, precisamente la que se suponía que tenían que cruzar a pie, ya que es de acceso peatonal, y donde se concentraba el mayor número de manifestantes.

Joan Boada fue uno de los diputados a los que se indicó que entraran por ese acceso. Hacía sólo seis meses que había dejado el cargo como número dos de Interior del Gobierno tripartito tras la victoria electoral de Convergència i Unió, una responsabilidad institucional poco popular y siempre polémica que, a su entender, sus sucesores deberían haber tenido en cuenta al decidir las medidas de seguridad y protección de los diputados. No lo hicieron. Ni para él ni para su compañero del grupo de ICV-EUiA, el diputado Salvador Milà, con el que se encontró metido en el jaleo. 'Nos dejaron campi qui pugui', sostiene, una expresión catalana que equivale a 'sálvese quien pueda'.

Boada, según el auto de acusación de la fiscalía, fue increpado e insultado a gritos por un grupo de manifestantes con un repertorio de adjetivos ('ladrón', 'hijo de puta', 'chorizo') y proclamas de indignación: 'El pueblo está muy mosqueado con vosotros'. La fiscalía identifica sólo a dos personas, una mujer y un hombre, a los que acusa de haber obstruido el paso, bloqueado y empujado al diputado en dos ocasiones distintas mientras intentaba acceder al parque. Sus nombres aparecen de nuevo en relación con otros dos diputados: ella habría agarrado del brazo y empujado a Salvador Milà y él se habría entrelazado de brazos formando una barrera con otros dos encausados y más personas y coreado en catalán el tan conocido eslógan del 15M 'Nadie, nadie nos representa' al paso de Santi Vila, diputado por CiU y actual responsable de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Mas, al que habrían insultado, escupido, echado agua, empujado y golpeado con 'actitud hostil'.

Aunque ningún diputado resultó herido y todos consiguieron acceder al hemiciclo a pie o en coche -Artur Mas llegó con helicóptero-, los acontecimientos se desarrollaron en medio del caos y la confusión. Los incidentes entre manifestantes y policías causaron una cuarentena de heridos. Sin embargo, no había margen para la improvisación: la protesta se había convocado cinco días antes y para la tarde del día anterior al pleno del Parlament, cuando se habían programado actividades reivindicativas en el parque que tuvieron que ser canceladas cuando al llegar los manifestantes se encontraron el recinto rodeado por las fuerzas de seguridad.

La defensa menciona una serie de hechos que sugieren que más que proteger a los diputados se buscó exacerbar los ánimos y fomentar el conflicto con la intención de criminalizar más tarde a los manifestantes. Por ejemplo, el hecho de que la policía catalana pidiera autorización para instalar cámaras de videovigilancia en todo el recinto el 13 de junio o la carga policial contra los manifestantes que habían pasado la noche acampados que se llevó a cabo a primera hora de la mañana en la puerta de acceso peatonal por la que habían de entrar algunos diputados.

Los ánimos, ya muy caldeados tras el brutal desalojo de plaza Catalunya unas dos semanas antes, en el que 147 personas fueron heridas, eran fáciles de incendiar y algunos de los participantes, como lo denunció en su momento un comunicado de la Acampada de Barcelona , sospechan que esa fue la intención de Felip Puig para justificar a posteriori esa actuación policial y la necesidad de una mayor represión de las protestas ciudadanas. 'Puig situaba la plaza como un problema de orden público cuando se trataba de un problema político', subraya el testigo citado por la defensa. Esa mano dura se puso de manifiesto también en una actuación posterior de los mossos que los letrados de los acusados cuestionarán también durante el juicio, cuando en octubre unos cuantos fueron detenidos a las salidas de sus domicilios y el resto en la cafetería de la Ciudad de la Justicia, donde habían acudido con sus abogados para personarse y recoger la citación de la Audiencia Nacional, y fueron llevados a comisaría para ser fotografiados.

Es interesante releer el testimonio de los hechos del Parlament que el antropólogo Manuel Delgado, que declarará también en el juicio citado por la defensa, colgó en su blog. Bajo el elocuente título Cómo y para qué se lanzó a los diputados a los leones, Delgado relató unos días después su sorpresa y desconcierto por lo que sucedió y describe a los parlamentarios que vio deambulando a pie como 'zombies a los que solo protegían de los más exaltados los periodistas y los propios manifestantes' dignos de figurar en una película de Fellini. El texto recoge el rumor de que había policías infiltrados en la protesta, algo sobre lo que se especuló mucho esos días en la red.

'Es posible que la negligencia fuera premeditada', reflexiona Joan Boada, que considera que organizando un buen comboy de coches los parlamentarios habrían podido entrar en el recinto sin mayores sobresaltos. El exdiputado y exresponsable de Interior catalán, actualmente retirado de la vida política pública, que no presentó denuncia y rechazaba participar en el juicio, explicará este jueves en la Audiencia Nacional (ha declinado el 'privilegio' de declarar por videoconferencia desde Barcelona) que, en su opinión, 'con un buen dispositivo no habría pasado nada'.