“El ganadero hizo todo lo posible y más para que no se produjera esa situación, por lo que la responsabilidad hay que achacarla a la empresa integradora”, sobre la que este departamento ha tomado las medidas precisas”, señala el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona.

La muerte de 94 cerdos de engorde en una granja de Villafranca de Ebro como consecuencia de la crecida del Ebro ha vuelto a poner sobre la mesa el riesgo al que están expuestas más de medio centenar de explotaciones ganaderas en la ribera zaragozana, una situación que también se da en varios de sus afluentes, con el consiguiente peligro para los miles de animales que albergan.

En algunas ocasiones, los animales son abandonados a su suerte, como ocurrió en el caso de Villafranca, que ha tenido una amplia difusión en los medios de comunicación y las redes sociales.

De hecho, la comunidad autónoma tuvo que hacerse cargo de los 900 que sobrevivieron en Villafranca, en un episodio que se encuentra bajo la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que trata de esclarecer si existió negligencia o abandono con los animales y, en ese caso, quién fue su responsable.

El episodio de Villafranca ha puesto también sobre la mesa una de las peculiaridades de la industria del porcino, en la que el dueño de la granja y del ganado no suelen coincidir como consecuencia del sistema de “integración”, en el que los granjeros engordan a tanto por cabeza los animales que les suministra una empresa, que luego es la que los envía al matadero.

Investigar las responsabilidades de las empresas

En este sistema, que el año pasado movió 15 millones de tocinos en la comunidad para generar una renta final de 600 millones de euros, y que también se aplica en el vacuno de carne, el propietario de la granja no puede disponer del ganado, algo que resultó clave en la mortandad de Villafranca.

“Ha habido algún episodio en el que se han producido muertes de animales y conflictos entre ganaderos y animalistas, y existe el riesgo de que lo que ahora son discusiones en las redes sociales pueda acabar en el futuro en enfrentamientos físicos”, explica Nacho Escartín, secretario general de Podemos en Aragón, formación que reclama una regulación de las responsabilidades de los ganaderos y las empresas integradoras.

Los morados van a llevar el tema al próximo pleno de las Cortes de Aragón, en el que Escartín preguntará a Olona si el Gobierno autonómico “va a esclarecer o a investigar las posibles responsabilidades de empresas integradoras o de administración de explotaciones reincidentes en la no evacuación de la totalidad de los animales en algunas explotaciones durante las riadas del mes de abril”.

“Hemos visto los terribles efectos que las riadas han causado al territorio y a los animales”, señala Escartín, partidario de regular la responsabilidad para “salvar las vidas de los animales en explotaciones ganaderas, cuando se ven afectados por catástrofes naturales previsibles, y evitar las enormes pérdidas económicas que suponen para nuestros ganaderos”.

Esos son los argumentos básicos de la propuesta de resolución que han presentado para su debate en la cámara autonómica, en la que reclaman “la creación de una mesa técnica para la elaboración de un protocolo de emergencia de animales” y el establecimiento de “mecanismos de colaboración con entidades de protección animal acreditadas para la ayuda en caso de emergencia”.

Paralelamente, proponen que las administraciones públicas garanticen “la evacuación o salvaguarda de animales en situación de riesgo” habilitando “efectivos y medios de transporte” y habilitando “espacios adecuados para albergar a los animales auxiliados”.

Más de 50.000 animales evacuados

En la actual crecida del Ebro han sido evacuados 51.000 animales de abasto (25.000 cerdos, 21.000 corderos y ovejas y 5.000 terneros y vacas) de 62 granjas, mientras que han perecido casi 900: el centenar de tocinos de Villafranca, 600 lechones en una granja de Tauste y 200 corderos que se llevó la corriente en Codos, en un accidente en el que falleció Manuel Lázaro, pastor de 38 años. Los dos últimos episodios tuvieron lugar en las cuencas del Arba y del Grío, afluentes del Ebro y del Jalón, respectivamente.

A esto se le suma la atención por efectivos de Protección Civil y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a cinco granjas con 800 vacas lecheras, más de 4.000 cerdos y varias reses bravas.

El dispositivo de prevención organizado por la Consejería de Desarrollo Rural, que comenzó a alertar a los ganaderos tres días antes de que llegara la crecida, era una de las enseñanzas extraídas de la riada de 2015, en la que murieron más de 10.000 reses.

El Gobierno Aragón estima en 25 millones de euros las pérdidas que ha causado la riada en el sector agrario. Alrededor de 14.000 de las 19.000 hectáreas de terreno inundado son de cultivos, en los que a la pérdida de las cosechas se les suman los daños en las infraestructuras.

Más de 65.000 personas y 81.000 hectáreas expuestas

Esas pérdidas económicas están directamente vinculadas a la ocupación del cauce natural del Ebro, que se ha incrementado de manera notable desde mediados de los años cincuenta mediante la construcción de motas o diques de contención que permitían la puesta en cultivo de tierras fértiles al mismo tiempo que estrechaban la “sección de desagüe” del río, con el consiguiente aumento del riesgo de inundación para las poblaciones de la ribera.

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) cifra en 468 los términos municipales de la cuenca que “se ven afectados por inundaciones”. “Los valores más altos de peligrosidad y riesgo global” se dan en el eje del Ebro entre Logroño y Tortosa, aunque “le siguen muy de cerca otros tramos como el del bajo Segre, alto Arakil, Zadorra o bajo Jalón.
Está expuesta a las crecidas del Ebro y sus afluentes una población de 2.559.778 personas, 66.510 de ellas en áreas con “alta probabilidad” de verse afectadas y 186.897 con un riesgo “medio”.

Paralelamente, la horquilla de riesgo de inundación de terrenos va de 81.659 a 132.274 hectáreas, dos tercios de ellas (de 73.786 a 93.068) de cultivos agrícolas, en los que se incluyen buena parte de las más de 9.000 granjas censadas en Aragón.

La seguridad cuesta menos de 120 millones

El PGRI incluye medidas específicas para eliminar los edificios productivos del cauce del Ebro, algo que tres años después de su aprobación, y mientras la comunidad autónoma sí veta la urbanización de zonas situadas por debajo de la riada teórica de 500 años, sigue sin aplicarse.

Así, el apartado de ordenación territorial contempla “limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable” y la “relocalización, traslado o retirada de actividades vulnerables”, entre las que, obviamente, se encuentran las más de 60 granjas evacuadas, aisladas y anegadas. El documento también prevé entre sus “medidas prioritarias” aplicar “limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable”.

Las medidas preventivas del PGRI están presupuestadas en 118,91 millones, una inversión alcanzable en seis ejercicios que reduciría notablemente los costes provocados por las crecidas, que se han incrementado hasta encadenar cuatro en un decenio (2008, 2013, 2015 y 2018).

Esa cifra, de hecho, es notablemente inferior a los 199,18 millones que la empresa pública Enasa dedica cada año a subvencionar las pólizas de agricultores y ganaderos de la cuenca, en la que 85.868 contratos aseguraban capitales por valor de 376.394 millones de euros en 2015.
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