Un abogado se dirige a los afectados:

- Las participaciones preferentes son emisiones perpetuas cuyo problema es la falta de liquidez inmediata. En principio, el capital invertido no se recupera nunca [...]. Estamos hablando de productos comercializados de manera engañosa en un momento en el que los bancos, durante los primeros años de la crisis, intentaron reforzar su capital indiscriminadamente. Todo ello respondió a una estrategia planificada y sabemos que la mayoría de ustedes pensó que se les estaba vendiendo un plazo fijo, sin ningún tipo de riesgo. Pero por desgracia no fue así.

Una voz trémula apuñala el silencio:

- Aquí va a haber sangre.

Nunca llegó a derramarse, aunque durante dos años fluyeron las amenazas. La frase supone un “homenaje” del escritor Diego Ameixeiras a las víctimas de la mayor estafa financiera cometida en nuestro país. Matarte lentamente, publicada por Xerais en 2013 y traducida al español por Akal dos años después, es una novela negra que quiere ser social, o viceversa. Vidas cruzadas que transitan por un escenario ambientado en Santiago de Compostela, donde una pareja de ancianos intoxicados por las preferentes decide suicidarse, lo que lleva a su hijo a tomarse la justicia por su mano. “Se me quedó grabada porque contiene toda la indignación y la desesperación de los preferentistas”, explica Ameixeiras, que se propuso bucear “en las historias humanas que había detrás de un robo inmoral”. Su personaje opta por una solución drástica, al contrario que la sociedad gallega. “La venganza cabía en la ficción. En cambio, me asombró la respuesta pacífica de la gente, cuyo comportamiento fue ejemplar”.

El llamamiento a la sangre tuvo lugar en varias localizaciones. Fue escuchado en el transcurso de las protestas de los preferentistas y también en el Parlamento de Galicia en diciembre de 2012, justo después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciase en el Congreso que los ahorradores sufrirían una quita del 40%. "Si tiene que haber sangre, va a haber sangre”, amenazó uno de los afectados desde la tribuna de invitados de la Cámara autonómica. Hay otras versiones más gore, como la sobrecogedora “el río Miño va a bajar lleno de sangre”. Clodomiro Montero, empleado de Abanca y responsable sectorial del sindicato nacionalista CIG, subraya que las represalias no pasaron de los insultos y las agresiones. “Quienes pusieron la cara fueron los trabajadores de las oficinas, pero no presentaron denuncias porque entendían que los clientes estaban desesperados. Hubo quien lo pasó muy mal y quien sigue sufriendo persecuciones, patadas, zarandeos, puñetazos, empujones… Hasta fue agredida una compañera contratada a través de una ETT que sólo llevaba dos días en la empresa, por lo que, obviamente, ella no tenía nada culpa de nada”.

Las escenas de tensión vividas en las sucursales de Caixa Galicia y Caixanova (posteriormente, tras su fusión, denominadas NovaCaixaGalicia, NCG Banco y Abanca) tenían un motivo justificado: entre 2003 y 2011, colocaron a 116.660 pequeños ahorradores con escasos o nulos conocimientos financieros casi 1.832 millones en participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, dos productos de alto riesgo nada aconsejables para el perfil de sus tenedores, clientes de plazo fijo alérgicos a las aventuras bursátiles. “Ese dinero no procedía de la especulación, sino que fue ganado muy duramente por los emigrantes en Suiza, por la gente embarcada o en un plataforma petrolífera”, afirma Xosé, nombre ficticio de un afectado coruñés al que en 2003 le convirtieron 30.000 euros en preferentes al 3,5% de interés. Ninguna bicoca: un punto y medio, quizás dos puntos más de lo que le habrían pagado en un depósito a plazo, aunque ese dinero carecía de liquidez y era irrecuperable, pues se trataba de emisiones perpetuas que cotizaban en un mercado secundario controlado por las propias entidades bancarias.

La prehistoria de las preferentes ya la conocen. Su nombre de pila entraña el primer engaño: no son participaciones, sino acciones (del inglés preference share); y tampoco son preferentes, en el sentido de que no estaban destinadas a los clientes especiales, como se hizo creer, sino que sus poseedores tenían preferencia frente a los accionistas a la hora de cobrar en el caso de que el banco quebrase. Dado que las cajas no contaban con accionistas, la trampa estaba hecha: si la entidad lo estipulaba, ellos no cobraban los intereses prometidos; en caso de bancarrota, los ahorros se esfumaban, al contrario de lo que sucedía con las cuentas a plazo fijo, garantizadas por el Estado hasta los 100.000 euros. El problema residía en que los ahorradores pensaban que su dinero estaba a buen recaudo, y no serían conscientes de la encerrona hasta el corralito de otoño de 2011. “Lo que ha ocurrido ha sido la transformación engañosa de un ahorro seguro en un producto de alto riesgo”, explica el periodista Andreu Missé en el libro La gran estafa de las preferentes (Alternativas Económicas).

Aunque las primeras emisiones, a través de paraísos fiscales, tuvieron lugar en 1998, no fue hasta la crisis desatada una década después cuando los bancos y cajas se lanzaron a la búsqueda desesperada de capital para cubrir sus pérdidas, provocadas en parte por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. No tenía mucho sentido que una caja coruñesa, cuya finalidad era supuestamente social, invirtiese en un rascacielos de 52 plantas en Benidorm. El carácter inicial de banca de proximidad, asentada en el territorio y centrada en el ahorro de clientes minoristas y en el desarrollo de pymes, se había perdido por el camino. “En las últimas emisiones, los responsables presionaron a los empleados para que colocasen las preferentes, porque querían tapar agujeros”, reconoce Montero, sindicalista en NCG Banco. Los paisanos estaban en el punto de mira de los directivos bancarios, quienes contaron con la permisividad y connivencia de las autoridades económicas y políticas, quienes adaptaron la legislación para favorecer los desmanes de los banqueros. Las generaciones de la posguerra, de la emigración a Europa a partir de los sesenta y, en general, de los trabajadores y pequeños propietarios se vieron atrapadas en las preferentes, recapitalizaron las cajas con sus ahorros (convertidos, sin saberlo, en acciones) y acudieron involuntaria y forzosamente a su rescate cuando llegaron las quitas, que en ese momento carecían de soporte legal a nivel comunitario.

El Eurogrupo había exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sacrificase a los ahorradores, que perderían hasta el 70% de su dinero, lo que le permitiría pedir a Bruselas un rescate de sólo 41.300 millones, casi 20.000 menos de lo previsto. Al contrario que España, otros países optaron por proteger a los más débiles y recurrir al dinero público para rescatar a los bancos. “Nos dimos cuenta de que éramos piezas en un tablero, en concreto, peones”, recuerda Xesús Domínguez, portavoz de la coordinadora de plataformas de afectados en Galicia. “Mi padre tenía un hostal en O Grove y quería reformar el edificio, por lo que lo acompañé a tres bancos para saber de cuánto dinero disponía. Era una excusa para comprobar si tenía preferentes, porque a él, con una miopía magna y una movilidad reducida, le habían dicho que no había ningún problema”. Les dieron largas, aunque pasadas las horas descubrieron que en uno tenía 30.000 euros en subordinadas de Telefónica al 3,5% de interés y 24.000 euros en un seguro de vida “a recuperar una vez muerto” al 4% de interés; en otro, 6.000 euros en acciones, que se fueron devaluando hasta los 3,5 euros por título; y en Caixa Galicia, 24.000 euros en preferentes al 4% de interés.

“Me dijo que había recurrido a tres entidades para tener los huevos en cestos distintos, pero ya ves de qué le sirvió”, añade Domínguez. En el caso de las preferentes, pese a que la última emisión había sido en 2009, a su progenitor se las colocaron, como a tantos otros, un año después. “No existía el mercado secundario; simplemente, un cliente se desprendía de ellas y la caja buscaba a otro comprador”. Quien se la vendía era consciente de que el valor real había caído en picado, en algunos casos hasta el 25% del valor nominal, si bien tanto el padre de Xesús como el resto de los gallegos no lo sabrían hasta el corralito. Sucedió poco después de la transformación de Novacaixagalicia (cuya fusión, impulsada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, resultó un fracaso) en NCG Banco, producida en septiembre de 2011. El rescate consumió, en dos años, 9.052 millones en ayudas públicas, a los que habría que sumar los 1.832 millones en preferentes y subordinadas, bloqueadas por las autoridades, que ordenaron el cierre del mercado. “Cuando dejaron de pagar los intereses, la gente se dio cuenta de que su producto no estaba garantizado”, rememora Domínguez. “Fue uno de los detonantes que visibilizó la estafa”.

¿Qué hizo la sociedad gallega? Salir a la calle y, de paso, dinamitar los tópicos. Yoli Viñas fue la primera en atrincherarse con una pancarta en una sucursal de Tui, un municipio de la comarca del Baixo Miño, a la que también pertenece O Rosal, rebautizado como el kilómetro cero de las preferentes. La mitad de sus 6.300 habitantes estaba atrapada, aunque Xulio Vicente va más allá y estima que buena parte de los vecinos, directa o indirectamente, había sido víctima del engaño. “Más que de ahorradores, debemos hablar de familias, porque detrás de una cuenta bancaria hay hijos, padres y abuelos. Más de ochocientas familias enteras saqueadas, que podrían haber perdido entre quince y veinte millones”, comenta el portavoz de la plataforma local. Además de él, su hija de siete años, hoy adolescente, fue una de las afectadas. Le había ingresado 4.000 euros, destinados a darle unos estudios en el futuro, en una cuenta infantil al 2,5 y 3,25% de interés. Unos ahorros que, según le habían asegurado, podría retirar cuando considerase oportuno, hasta que se percató de que se los habían tragado las preferentes. Vicente se convertiría en uno de los adalides de la lucha popular, pues ayudó a crear plataformas en otras localidades. “Me dediqué a patear el país después de las elecciones autonómicas del 21 de octubre de 2012, porque el arbitraje impulsado por Feijóo se frustró tras las promesas de la campaña electoral”, afirma el también portavoz de la coordinadora regional.

Hasta entonces, el PP había presentado a los preferentistas como unos inversores a la procura de suculentos dividendos, pero las concentraciones dentro y fuera de las sucursales visibilizaron el perfil de los afectados: una persona mayor o jubilada sin conocimientos del mundo financiero, aunque había menores, analfabetos, invidentes, enfermos de alzhéimer, emigrantes retornados, agricultores, funcionarios, obreros, viudas que habían cobrado el seguro de vida tras el fallecimiento de su marido, indemnizados por un accidente o un despido, humildes trabajadores que habían logrado pellizcar un dinero para redondear la pensión… O sea, gallegos, no tiburones capitalistas.

Entre ellos figuraba Lois Baúlo, que había sufrido graves secuelas tras un accidente y no dudó en pasearse por una sucursal de Cambados en paños menores mientras tapaba sus partes con una pancarta en la que podía leerse: "Políticos Bankeiros Ladrones. Soy discapacitado psíquico, tengo dos hijos, mujer en el paro, tengo hipoteca. ¿Preferentes? "¡Huelga de hambre ya!". Le debían más de 60.000 euros y en 2015 fue absuelto por la Audiencia Provincial de Pontevedra tras ser condenado por un juzgado a indemnizar a dos policías locales con 480 euros por las lesiones que supuestamente les había causado durante una protesta. También reclamó lo suyo Domitila Vicente, una señora de 81 años con achaques que, pese a necesitar un andador para caminar, fue multada por “alterar la seguridad [...] e intentar penetrar hasta el interior del Concello de O Rosal en tres ocasiones”, lo que implicaba saltar una valla y vencer la resistencia de los agentes. La octogenaria había trabajado en el campo, luego en Suiza y, de regreso a casa, en la limpieza, aunque en su informe de vida laboral debería constar el oficio de superabuela, a tenor de la acusación. Después de media vida como clienta de la caixa, ya viuda, se enteró de que su pequeño gran tesoro de 18.000 euros estaba secuestrado hasta 2018.

“Los gallegos depositaban dinero, pero también confianza”, afirma Xosé, quien detalla el varapalo sufrido por los ahorradores, que trasciende lo económico. “Se dirigían a la entidad bancaria como si fueran al notario, donde prevalecía la regla de la formalidad en los negocios. Hablamos de gente de origen campesino, para quien la palabra era fundamental y definitiva en el trato, que de pronto ve traicionada esa confianza. El problema no es sólo que te engañen con el dinero, sino que además lo hagan personas en la que habías confiado hasta entonces, lo que desacreditó una institución que había sido para ellos casi una prolongación de la Administración del Estado”. Una de las estampas de Galicia a principios de cada mes: los pensionistas colapsaban las oficinas para cobrar la paga y los niños venían al mundo con una libreta de la caixa bajo el brazo. Cuando los padres estaban en la emigración, lo primero que hacían esos abuelos era abrirle una cuenta de ahorro al nieto. Unos y otros fueron objeto de la deslealtad y la infamia, alentada por directivos que, precisamente, se habían encargado durante ese tiempo de asegurarse un retiro millonario.

Las protestas ciudadanas, trasladadas por el BNG y el PSdeG al Parlamento autonómico, forzaron al presidente gallego a buscar una solución. Las tímidas concentraciones organizadas por Adicae dieron paso a todo tipo de movilizaciones, algunas masivas: caceroladas ante las sucursales, pitadas ante los ayuntamientos, interrupciones de plenos, manifestaciones ante las instituciones públicas, camisetas y pancartas reivindicativas al paso de la Vuelta a España, marchas a la sede de la TVG para forzar su aparición en los informativos... En las fotos de los periódicos podía salir tu madre, tu tío, tu abuela o tu hermano. Eso que ahora llaman la gente o el pueblo, “sin distinción de procedencia, clase o ideología”, matiza Xosé. “El origen fue popular, y luego se sumaron movimientos sociales, sindicales y políticos”. Era el rostro de Galicia, y Feijóo no podía abstraerse del problema. Aunque nunca se dignó a recibir a los portavoces de las plataformas, exigió una “solución de Estado” para que los afectados (“gente de buena fe que metió dinero que no le devuelven”, terminó reconociendo) pudiesen canjear las preferentes y obtener liquidez. Al tiempo, eximió de culpa a la entidad que él había alentado (la fusión de la caja del norte —producto de la unión en 1978 de las de A Coruña, Ferrol y Lugo— y la del sur —constituida en el 2000 por las de Vigo, Pontevedra y Ourense—) y descargó la responsabilidad sobre el Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda socialista, cuyos mecanismos de control habían fallado, según él. Las elecciones autonómicas estaban a la vuelta de la esquina y Feijóo, que había apostado por José María Castellano para liderar NCG Banco, necesitaba desmovilizar la calle, por lo que pidió permiso al supervisor del sistema bancario y a la Comisión Europea para organizar un arbitraje, procedimiento que permitiría alcanzar acuerdos sin pasar por el juzgado.

Esta operación política de Feijóo dio sus frutos hasta las elecciones, cuando se reveló como un burdo mecanismo para aplacar los ánimos de los manifestantes. Primero, se atendieron los casos más graves. Luego, los que involucraban a cabecillas de plataformas que se habían significado en la lucha, con el objetivo de desactivar las protestas más enconadas. Desde la coordinadora denuncian que el criterio de selección del sistema de laudos arbitrales, encargado a una consultora pagada por el banco, también obedeció a la militancia de los afectados, por lo que muchos simpatizantes del PP se vieron pronto beneficiados. Sin embargo, alguno siguió participando en las reuniones de los perjudicados para boicotearlas desde dentro, a modo de sindicalistas amarillos, apunta Domínguez. “Eran agentes electorales”, cree el portavoz de la coordinadora, quien destapó que estaban siendo llamados a arbitraje los inscritos en “listas elaboradas por alcaldes conservadores”. En una entrevista con este diario en octubre de 2012, Xavier Vence dejaba claro que “una parte muy grande de los afectados formaba la base social del PP”. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago, quien ejercería de portavoz del BNG tras los comicios, acusaba al presidente de la Xunta de haber sido un “cómplice del engaño” de las preferentes. “Los pequeños ahorradores cayeron en la trampa de comprar un producto envenenado con el que los gestores de las cajas quisieron salvar el pellejo. El objetivo fue coger el ahorro de los clientes y convertirlo en capital, y eso se hizo con el conocimiento y visto bueno de Feijóo”.

El zorro se había puesto a cuidar las gallinas con el fin de obtener en las elecciones los huevos necesarios para revalidar su cargo. “Galicia fue el primer lugar donde el Gobierno permitió un arbitraje tras verse obligado a ello para desmontar la presión, aunque fue un tongo”, asegura a Público Andreu Missé. NCG Banco sólo reconocía la existencia de 43.000 perjudicados, poco más de un tercio del total, mientras que la Xunta presumía de celebrar quinientos arbitrajes diarios —una cifra que Domínguez rebaja a trescientos—, que terminaron convirtiéndose en una promesa electoral. “En la campaña, el alcalde de O Rosal nos convoca junto a Nava Castro, presidenta del Instituto Galego de Consumo, quien nos garantiza que, si el PP gana las elecciones, todos recuperaríamos el dinero en seis meses”, rememora Xulio Vicente. “Tuve claro que la solución al problema no estaba en la entidad: había que manifestarse ante la Administración”, añade el portavoz de la plataforma del Baixo Miño y militante del BNG, quien decidió encerrarse junto a otros vecinos en la casa consistorial, donde permanecieron seis meses. “Paralizamos la actividad administrativa, porque era imposible trabajar con bombos y cornetas. Llegamos a juntarnos cientos de personas, hasta que ocupamos el Concello de Tui y nos repartimos”.

Cuando fueron desalojados, continuaron quejándose en el exterior, pese a que les empezaron a llover multas para amedrentarlos, a modo de ley mordaza. “Recurrí tres causas penales y ocho administrativas, de las cuales perdí dos”, enumera Vicente. “Fue escandaloso, porque más de una decena de vecinos fuimos acusados de circular por la plaza del pueblo sin cinturón, tocando el claxon y hablando por el móvil, entre ellos uno que había fallecido cuatro años atrás”. Domitila y sus compañeros integraban lo que Rafael Louzán, entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, calificó de “comando” de “radicales” que tenían como objetivo “hundir al PP”. Los preferentistas liderados por Xulio, el ideólogo de la banda, habían forzado al PP a trasladar el congreso provincial desde la capital hasta el recinto ferial de Silleda por "razones de seguridad", según justificó el partido. Sin embargo, esos elementos desestabilizadores fueron, a ojos de Carlos Varela, “unos líderes sociales que estuvieron a la altura de las circunstancias”. El entonces fiscal superior de Galicia recuerda que ellos “mantuvieron viva la protesta y unidos a los afectados, infundiéndoles ánimos hasta que finalmente les dieron la razón mediante el arbitraje y por vía judicial”.

Sin lucha, declara a Público, no habría solución. “La movilización social tuvo lugar porque hubo ciudadanos que constituyeron las plataformas y prolongaron el conflicto, lo que obligó a las autoridades a buscar salidas. Su perseverancia permitió que los ahorros fuesen devueltos finalmente a los perjudicados”, destaca Varela, cuya labor al frente de la Fiscalía Superior de Galicia otorgó legitimidad a las reivindicaciones. “Él hizo algo que no se había hecho en ningún sitio: presentar una demanda civil colectiva pidiendo la cesación de estas prácticas, la nulidad de los contratos y que se devolviera el dinero”, subraya Missé, lo que concedió “prestancia y categoría” a las reivindicaciones. La acción, dirigida contra las cinco emisiones realizadas entre 2003 y 2009, puso el foco sobre el perfil de las víctimas y buscó que no sólo beneficiase a los demandantes en el proceso, sino también a todos los afectados. Pese a que consiguió su objetivo en parte, pues no logró el resarcimiento económico, sentó las bases para que las futuras sentencias fuesen favorables. “La Justicia les dio la razón porque vio que eran jubilados y simples ahorradores mal informados, incapaces de entender lo que firmaban, no personas avezadas en prácticas de inversión”, afirma Varela, cuya estrategia judicial hubiese garantizado el reembolso de los ahorros si se llevase a cabo hoy en día.

O Rosal fue el epicentro de las preferentes y, gracias al empuje de vecinos como Xulio Vicente, de la lucha popular, pero los temblores pronto se dejaron sentir en otras latitudes. Desde ese rincón de Galicia situado en la esquina inferior izquierda de la región, lindando con Portugal, las plataformas se extendieron a O Morrazo, O Salnés, Santiago, Costa da Morte, Carballo, A Coruña, Ferrolterra, Lugo, Val de Lemos y Ourense, entre otros pueblos y comarcas. Tras un año de movilizaciones, las protestas se recrudecieron en 2013, cuando supieron que las pérdidas podrían alcanzar el 70%. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) obligó a convertir las preferentes en acciones y no en depósitos a plazo, como les habían prometido. Luego, para transformar esos títulos en dinero, debían pagar un 14%, lo que provocó que finalmente los afectados perdieran entre el 39 y el 65% de sus ahorros, según datos del FROB [los porcentajes están redondeados al alza]. “Al igual que había sucedido durante la marea negra del Prestige, éramos conscientes de que nos estaban engañando”, recuerda Domínguez. “Aunque se publicaban noticias sobre las manifestaciones, nosotros aparecíamos como floreros, acompañando informaciones sobre los arbitrajes o las soluciones de la Xunta”. Había un problema económico, mas también político, por lo que apuntaron hacia las administraciones. “Incidimos en que el rescate financiero iba a cargo de los contribuyentes”, añade este protésico dental y militante del BNG, que primero lideró la plataforma de Santiago y luego dio el salto a la coordinadora gallega. Su queja cabía en una pancarta: “Estafados por los bancos, expoliados por el Gobierno”.

Las tomas de ayuntamientos a partir de entonces se sucedieron. Los actos públicos del PP fueron boicoteados. Los alcaldes conservadores fueron forzados a pedir la colaboración de Feijóo, y el de Oia hasta amenazó por escrito con darse de baja del partido si su líder no ofrecía una salida. “Les dijimos que si no eran parte de la solución, eran parte del problema”, afirma Domínguez. Algunos regidores hacían noche con los afectados, mientras que otros salían escoltados por la policía o huían por la ventana trasera de la casa consistorial, como sucedió tras un pleno en Ponteareas. No extrañó que el Concello de Pontevedra, en manos del BNG, cerrase sus puertas en solidaridad con los preferentistas ni que cancelase cuatro cuentas con NCG Banco, pero sí que lo hiciese el de Cangas, con el PP al frente. El de Tui anunció que asumiría las costas de los abogados en el caso de que fallase el arbitraje. Feijóo fue objeto de un escrache en la residencia oficial de Monte Pío, una inoportuna visita que se trasladó a los domicilios de José Luis Pego, ex director general de Caixanova, y de José María Castellano y José Luis Méndez, su antecesor al frente de Caixa Galicia (el hasta entonces omnipotente presidente de la entidad tuvo que salir por patas de un conocido restaurante de su ciudad, A Coruña, cuando varios comensales le advirtieron de que su presencia les resultaba incómoda; posteriormente, se le perdió la pista).

“Hubo una respuesta popular muy bien organizada por Xulio y Xesús, que fueron de los más activos. El papel de las plataformas, integradas por personas extraordinarias, fue fundamental”, asegura Missé. “Hablaron con sus vecinos, movilizaron a los perjudicados y, en definitiva, se batieron el cobre por la causa”. También ejercieron presión sobre los directores y empleados de NCG Banco, algunos de los cuales pidieron la prejubilación o fueron trasladados a otras sucursales. La oficina principal de Moaña llegó a echar el cierre para garantizar que sus empleados trabajaran “sin coacciones”, como ya había sucedido durante doce días en mayo de 2012. Ellos siguieron protestando ante las puertas de una entidad fantasma, al igual que los afectados de Cangas, Gondomar y O Rosal, mientras que en A Coruña esgrimían el lema “somos honrados, venimos sin cuchillo”, en referencia al apuñalamiento en Valencia de un empleado prejubilado de Bankia que había colocado 400.000 euros a los padres y a la abuela de su agresor, un policía local de 38 años que terminaría suicidándose en Nochebuena tras ingresar en prisión. No fue la única víctima que se cobraron las preferentes, que minaron la salud de unos y espolearon la enfermedad de otros, mas los daños colaterales de esta gran estafa dan para otra historia.

En Galicia no hubo sangre, pero sí guerra, como demostraron las movilizaciones, que se llevaron por delante el tópico de que los gallegos son pasivos y sumisos, no suben ni bajan, emigran antes de protestar… Castelao lo resumió en una viñeta protagonizada por un paisano que le dice a otro: “Mexan por min e teño que dicir que chove” (en plural, nos mean encima y tenemos que decir que llueve). “La idea de pueblo desmovilizado, que no reclama, es una construcción cultural hecha desde fuera. Una visión, a veces interesada, con la que se despacha una realidad por descubrir”, critica Ameixeiras. “Aunque es cierto que tenemos un pasado de pueblo muy ofendido y sufrido, lo que lleva a una cultura no tanto de resignación como de introspección y de resistencia hacia adentro”, añade el autor de Matarte lentamente, convencido de que el suyo no es más pasivo que otros pueblos de la península. Quizás falte contexto: “Somos una sociedad con diferencias y fisuras, pero nuestro interés pasa por reducirlas, de ahí que la confrontación ideológica sea menor que en otros sitios. Vemos la realidad con matices y somos muy poco dados al blanco o negro. El gallego procura evitar el enfrentamiento y, para ello, recurre al humor o trata de entender al otro. Es menos cainita y no demoniza tanto al contrario. Con tal de evitar el choque, está dispuesto a ceder, tanto en las opiniones como en los derechos, algo que la opinión pública española puede interpretar como pasividad. En resumen, nuestra sociedad tiene un comportamiento más parecido a las de países europeos como Reino Unido o Francia, consideradas avanzadas”, explica Xosé. La esencia de su carácter la captó el escritor Víctor Freixanes en la columna Eloxio da moderación, publicada en La Voz en 2014: "Mejor un mal acuerdo que un buen pleito, por mucha razón que las partes piensen que tienen”.

Sin embargo, no hacía falta una estafa de tales dimensiones para que la población saliese a la calle. En la historia reciente, hay otros casos, como el de la defensa de la sanidad pública o el de la ría de Pontevedra, aunque el más significativo fuese Nunca Máis, el movimiento popular surgido tras la marea negra del Prestige, que en 2002 tiño de negro la costa. “La sociedad gallega se mueve cuando se produce una injusticia manifiesta, pero a la hora de encarar los problemas cotidianos es menos explosiva y violenta. Lleva el conflicto interior sin demasiada tragedia, lo que no debe interpretarse como una ciudadanía adormecida”, aclara Xosé. Su reflexión coincide con la del abogado coruñés Xosé Antón Pérez Lema, quien recuerda la lucha de los labradores hace un siglo contra el sistema foral y el caciquismo, un movimiento de masas que sucumbió con la guerra civil. “No somos un pueblo dado a abstracciones, sino que defendemos cuestiones concretas. Históricamente, hemos actuado para defender nuestros intereses, aunque fuera hay gente que confunde las abstracciones con el protagonismo de la ciudadanía”, afirma el letrado de la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), que ha llevado causas de los preferentistas.

“Digamos que el gallego no protesta por protestar, mas cuando hay una causa importante lo hace como el que más. Necesita algo tangible, como este robo descarado, para manifestarse; entonces se queja de manera enérgica pero templada, sin violencia”, sostiene el escritor ponferradino Fernando Cabeza Quiles, autor de Galicia, o galego e os galegos (Toxosoutos), un ensayo que trata de sacudir los tópicos de su tierra de adopción. “Desde los irmandiños hasta la guerrilla antifranquista, hemos sido un pueblo rico en movilizaciones”, abunda el filósofo Antón Baamonde. “Los pocos obreros que había en Galicia, véase los estibadores de la CNT o las cigarreras de la Fábrica de Tabacos, protestaban, si bien hay que tener en cuenta que el carácter de país agrario donde la Iglesia era la principal propietaria”. Pérez Lema también rechaza el tópico de que el gallego sea individualista y, más allá de los recientes ejemplos, saca a colación experiencias colaborativas como las cooperativas de mariscadoras, los montes en man común o las cofradías de pescadores.

“Hacía falta una chispa para que la masa crítica pasase a la acción”, cree Domínguez. Una injusticia manifiesta, en palabras de Xosé: “Defendiendo el dinero robado, los gallegos defendieron el trabajo de años, o sea, su propia vida”. Andreu Missé, que además ha investigado el engaño sufrido por ahorradores de Euskadi, Catalunya o Madrid, va más allá de la “causa justa” que movió a los gallegos a reivindicar públicamente lo suyo. “Lo más importante de todo es que las manifestaciones demostraron que sólo se obtienen resultados si la gente se moviliza”, deduce el director de la revista Alternativas Económicas. “La unión fue eficaz”, recalca Carlos Varela, quien en 2015 sería homenajeado por los preferentistas por su labor como fiscal superior de Galicia, aunque él siempre ha pecado de humilde al subrayar que sólo usó “los instrumentos que proporciona la ley” para defender “hasta el final” a los afectados, que recuperaron los ahorros “gracias a su perseverancia”. Para las plataformas, en cambio, Varela fue la “piedra angular” de la lucha, como se encargaron de recordarle Domínguez y los presentes en la comida que le brindaron en Santiago, a la que asistió la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, defensora de los perjudicados desde Bruselas. “Fue él quien nos dio los argumentos jurídicos para ver que no era una estafa individual, sino colectiva. Luego no se le renovó como fiscal superior por ser incómodo para el poder”, sostiene Domínguez.

Xulio Vicente también quiere honrar la capacidad de sufrimiento de las personas mayores: “Mostraron una dignidad bestial. Son un espejo para la gente joven y se merecen un reconocimiento”. El de Encarnación Santos, un ejemplo para la plataforma del Baixo Miño, será póstumo. La anciana, a la que habían estafado 150.000 euros, falleció a los 72 años tras convertir su azada en un símbolo de las protestas. “Las preferentes agravaron su enfermedad y, tras la multa, lo llevó muy mal”, comenta Vicente, quien recuerda las “secuelas irreversibles” que padecen otros compañeros. Santos fue multada con cien euros por hacer ruido con el apero de labranza, aunque en la denuncia constaba como un “objeto contundente que pone en peligro la integridad de las personas". Golpeaba el sacho con un palo de hierro y así se ahorraba la bocina. Las sanciones ascendieron a más de 20.000 euros, si bien fueron anuladas tras los recursos.

La Justicia daba la razón a los preferentistas, que recuperaron 326 millones en 5.881 sentencias judiciales a su favor. El dato es de mediados de 2015, pero los fallos siguieron siendo a favor de los afectados, quienes además obtuvieron 496 millones en los arbitrajes y 800 millones en los canjes. Nueve de cada diez habían recuperado su dinero, aunque la coordinadora estima que actualmente quedarían unos cien millones (de 1.832 millones estafados) por devolver a unas 10.000 personas (de 116.660 que cayeron en la trampa), incluidas las que no recibieron la quita. Los motivos son diversos, según Domínguez: no solicitar el arbitraje, haber fallecido, no poner una demanda, la falta de acuerdo entre herederos... “Es más, al principio algunos empleados de la entidad y sus familias no pudieron ir al arbitraje porque se suponía que conocían el producto”, asevera el sindicalista de NCG Banco. “De hecho, hubo compañeros que atravesaron apuros económicos y, a la vez, serios problemas familiares, porque sus hermanos o padres habían dejado de hablarles porque entendían que habían sido estafados”.

Otro tópico que se resquebraja: los gallegos son desconfiados. “Pues no, como se ha demostrado aquí, porque confiaron totalmente en esos canallas”, apunta Cabeza Quiles. “Los empleados de las sucursales eran vecinos de toda la vida, pero no hay que echarle la culpa a ellos, porque esto ha sido un problema político. También debemos señalar que hubo valores humanos al otro lado, ya que algunos trabajadores prefirieron ser prejubilados a vender productos tóxicos”, sostiene Domínguez. “Es más, al principio no existió mala fe, sino exceso de confianza por parte de los empleados, porque durante años las habían colocado sin dificultad alguna. No había conciencia de la situación real de las entidades debido a la falta de información. Nadie esperaba que las cajas quebrasen y que un producto suyo no tuviera liquidez”, asegura Clodomiro Montero, quien explica cómo los bancos lograron colocar tantas preferentes: “Galicia es una zona catadora de pasivo, que era invertido en otras partes del Estado, por lo que aquí tuvieron un mayor impacto que en otras regiones”. La herida estaba abierta, pero el precio a pagar fue una multa de sólo 2,05 millones impuesta a la entidad por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por infracciones muy graves en su comercialización. Una minucia en comparación con los casi dos mil millones estafados.

Si los directivos bancarios salieron impunes, los gestores públicos tampoco asumieron responsabilidades políticas, ni en Santiago ni en Madrid. “Es loable que los gallegos se manifiesten para recuperar sus ahorros; sin embargo, cuando llega el momento de ir a las urnas y enderezar el país, no actúan en consecuencia. Es algo inexplicable”, concluye Vicente. El filósofo Antón Baamonde analiza el resultado de las urnas, que en Galicia mantienen a Feijóo en la Xunta e invariablemente conceden la mayoría de los votos al PP en las elecciones municipales, generales y europeas: “Las victorias conservadoras tienen más que ver con la inepcia de las estructuras políticas que con la sociología. Habría que hacer muchas matizaciones a esto, aunque está claro que el problema no es la falta de movilización, como ha quedado demostrado, sino la incapacidad de las alternativas electorales de configurarse como un modelo sólido, fiable y solvente”.

Llegados a este punto, sólo cabe hacerse una pregunta: “¿Podría volver a repetirse el engaño de las preferentes?”. La formula Clodomiro Montero, quien también ofrece una respuesta. “Sí, porque no cambiaron las políticas comerciales ni hay una normativa que defienda a los clientes: son todo parches. En cualquier momento, puede estallar otro caso con diferentes productos”, advierte el representante en NCG Banco del sindicato nacionalista CIG, que denuncia que ya se dan las condiciones para “una tormenta perfecta”. Por ello, demandan a los gobernantes medidas para poner coto a las “políticas comerciales agresivas” de la banca. “La semilla para una nueva estafa ya está plantada”.