Unos 200 vecinos de la Cañada Real Galiana protestan contra el desalojo de ayer con una marcha por la A-3

Protestar contra el violento desalojo y posterior derribo de varias chabolas en la Cañada Real Galiana ayer y exigir que se legalice este poblado madrileño son las peticiones de unos 200 habitantes de esta zona, en su mayoría de origen magrebí, que han marchado entre las 10.20 y las 14.00 horas por la A-3 (carretera de Valencia) hasta Vicálvaro. 

Entre gritos de "no a la violencia", la protesta ha transcurrido sin incidentes y ha sido escoltada en todo momento por la Policía hasta su llegada a Vicálvaro, donde los manifestantes se han concentrado frente a la Junta Municipal.

"Marcha espontánea" 

El vocal de la asociación de Vecinos de la Cañada Real, Miguel Martín, ha precisado que "de forma espontánea" los vecinos habían decidido acudir ante la Junta Municipal del distrito para protestar por "la injusticia sufrida".

En este sentido, Martín ha explicado que los vecinos reclaman que se acabe de una vez por todas "el atropello que están sufriendo en la zona".  

"No queremos que nos traten como a perros" 

Una de las participantes en la manifestación, Mariam, de 28 años, ha declarado que no quieren que se les eche de la zona y que les traten "como a perros", ya que su objetivo es que se legalice el poblado y, por tanto, tener las mismas obligaciones económicas que otros ciudadanos.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha lavado las manos respecto a la polémica suscitada sobre los asentamientos ilegales.

A su juicio, son un "problema heredado" por su Gobierno con el que éste "no tiene nada que ver", una postura que también ha defendido públicamente la consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño.  

Paralizado el derribo

Por otro, lado una jueza de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha paralizado el derribo de siete de las viviendas ubicadas en la Cañada Real Galiana por parte del Ayuntamiento de Madrid, tras la suspensión cautelar promovida por los afectados la semana pasad.

La juez prolonga así la suspensión provisional de derribo determinada por un plazo de 3 días, por lo que "de momento evidentemente no se van a demoler las siete viviendas", manifestó.