El 91% de las empleadas domésticas no tiene los mismos derechos que el resto de trabajadores

El director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, Joaquín Nieto, ha denunciado este miércoles que sólo el 9% de las empleadas domésticas a nivel mundial tiene los mismos derechos que el resto.

El otro 91% de las empleadas domésticas, ha señalado, no cuenta sin embargo con un salario adecuado, ni con los tiempos habituales de descanso, con derechos de maternidad o con la correspondiente protección social.

El 91% restante no tiene un salario adecuado, tiempos habituales de descanso, derechos de maternidad ni suficiente protección social

Así lo ha puesto de manifiesto en comparecencia informativa a petición propia ante la Comisión de Empleo del Congreso para hablar sobre los convenios que el Gobierno español no ha ratificado y, especialmente, sobre la situación de trabajo doméstico en nuestro país.

Nieto, que acudió como 'número dos' de IU por Madrid en las elecciones generales de 2008, ha asegurado que la necesidad de reforzar los derechos de las empleadas domésticas "no es menor", en tanto que se trata de un sector creciente que, a nivel mundial, ha pasado en 20 años de 33 millones a 53 millones de trabajadores, y que en sólo en España ocupa a unas 700.000 personas.

Según el máximo representante de la OIT en España, es preciso poner en valor el trabajo doméstico en sí mismo, ya que, "no sólo implica la limpieza de las casas, sino también de cuidado de los seres más queridos".

"Este trabajo no está suficientemente valorado en la sociedad, tal vez porque lo ejercen mayoritariamente las mujeres y los inmigrantes", ha reflexionado Nieto. De hecho, al menos un 83% de los empleados domésticos son mujeres, y cerca de un 7,5% de las mujeres asalariadas en el mundo se dedican a estas labores.

Si bien, también ha recalcado que los derechos de estos trabajadores y trabajadoras tienen un "interés económico", puesto que incluso en tiempos de crisis no han dejado de crecer, hasta el punto de que "han servido para mitigar la caída de los afiliados a la Seguridad Social" en los últimos años y explican "una parte considerable del repunte de los ocupados" en los últimos meses.

Protegerles contra el desempleo es posible

"Este trabajo no está suficientemente valorado, tal vez porque lo ejercen mayoritariamente mujeres e inmigrantes"  Respecto, a los argumentos del Grupo Parlamentario Popular, que ha puesto de manifiesto las dificultades para establecer una protección por desempleo para estas trabajadoras, puesto que no suelen ser contratadas a través de empresas y a menudo presentan causas de despido difícilmente comprobables, Nieto ha admitido que esta cuestión "tiene complejidades", pero "es posible".

"Las dificultades no tienen por qué justificar que las empleadas domésticos no tengan los mismos derechos. Se requiere sabiduría y capacidad de adaptación", ha apostillado.

Por ello, ha recordado a los Grupos Parlamentarios que la Comisión Europea ha instado a los diferentes países miembro a que ratifiquen el convenio 189 relativo a los derechos de los trabajadores domésticos, y ha subrayado que países como Italia, Alemania o Bélgica ya lo han hecho.

Así, ha confiado en que los datos aportados en la Comisión sean considerados "suficientemente relevantes como para que se considere si ha llegado el momento de ratificar este convenio 189".

Asimismo, el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España también ha pedido la ratificación del convenio 188 sobre el trabajo en la pesca, un sector "muy repartido por el litoral español".

Al respecto, Nieto ha informado de que los agentes sociales han consensuado a nivel europeo una propuesta conjunta de directiva sobre los derechos de los trabajadores en la pesca, que está siendo estudiada por los servicios técnicos de la UE.

Finalmente, el responsable de la OIT en España ha pedido la ratificación también de sendos convenios sobre la protección de la maternidad (183) y el trabajo a tiempo parcial (175).

El PP justifica la no- ratificación

Varios grupos exigen al Gobierno que ratifique el convenio relativo a sus derechos laboralesPor el PP, Carmen Álvarez-Arenas ha recordado que la no ratificación de España no es una excepción, ya que sólo once países han realizado ese trámite, y ha señalado que los principales problemas se derivan de la prevalencia de la contratación personal y no a través de empresas, lo que dificulta la implantación de exigencias como las de seguridad o higiene, o la prestación por desempleo.

Sobre ésta, la diputada ha señalado que en una contratación entre dos particulares es difícil demostrar la causa del despido para poder acceder al paro, y además el derecho a prestación por desempleo incrementa de forma importante los costes salariales para el empleador. "No es que no se vaya a ratificar, no digo que sea imposible, pero hay muchas dificultades y habrá que seguir trabajando en ello", ha zanjado.

La socialista Concha Gutiérrez ha criticado que el Gobierno no haya ratificado aún el convenio 189 "sin ninguna explicación", y ha defendido que es "apremiante" cumplir ese trámite porque el convenio sirve para evitar la discriminación a los trabajadores del hogar, que son sobre todo mujeres, pero también para luchar contra la trata. Por eso, el PSOE presentará iniciativas para agilizar los trámites de ratificación de todos los convenios de la OIT que están pendientes.

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cree que es urgente ratificar este convenio, sobre todo porque se está produciendo una "nueva sumersión" de los trabajadores del hogar en la economía sumergida, mientras que el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reconocido estar sorprendido por la demora en la ratificación, tras el plazo "más que razonable" de un año para hacerlo.

Carles Campuzano, de CiU, ha criticado que el Congreso tenga que instar de nuevo al Gobierno a ratificar un convenio contra el que no puede haber argumentos, y el responsable de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, ha criticado que ni los convenios ni las directivas europeas se traspongan a la normativa nacional "en sus justos términos".