Un grupo de abogados de varios países europeos, entre ellos España, están investigando los supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel en su última ofensiva militar en la franja de Gaza y acumulando evidencias para juzgar a los responsables.

El grupo de abogados está coordinado desde Londres por el jurista Daniel Makover, y participan en la investigación colegas de España, Holanda, Bélgica y Noruega con el objetivo de llevar ante los tribunales a altos oficiales israelíes que puedan ser acusados de crímenes de guerra, informa hoy el diario Haaretz.

Israel y el movimiento islamista Hamás han sido acusados de crímenes de guerra por la comisión internacional que encabezó el fiscal sudafricano Richard Goldstone y que investigó la última ofensiva militar israelí "Plomo fundido" en Gaza entre diciembre y enero pasados.

En esa contienda murieron unos 1.400 palestinos, la mayoría civiles y entre estos cientos de menores de edad, y 13 israelíes.

Según el diario, las pruebas que buscan los abogados se centran en oficiales con un rango superior al de comandante de batallón, para en aquellos casos en los que sea posible presentar denuncias contra ellos y que los poderes judiciales de cada país emitan órdenes internacionales de detención.

Consultado por el diario, Makover declinó revelar información que pueda identificar a los posibles criminales o de cuántos se trata, pero confirmó que los nombres de algunos militares israelíes ya están en poder de la Policía británica y que pedirán a las autoridades judiciales que los arresten en cuanto pisen suelo británico.

El pasado día 16 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó a Israel en base a las conclusiones del Informe Goldstone, que en los próximos días será votado también en la Asamblea General de Naciones Unidas.

De acuerdo al derecho internacional, varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos, han exigido a Israel que abra una investigación sobre el comportamiento de su Ejército en la guerra de Gaza, y las últimas informaciones en medios locales apuntan a que el gobierno de Benjamín Netanyahu podría crear una comisión especial.

El Ejército israelí asegura que ha investigado unas cien denuncias de palestinos y organizaciones de derechos humanos, y que en ninguno de los casos ha encontrado pruebas incriminatorias contra sus hombres.