El aborto es una prestación sanitaria básica que las administraciones autonómicas deben facilitar y costear. Lo primero ha sido resuelto mediante diferentes modalidades contractuales con las clínicas que ya los realizaban; lo segundo sigue sin resolverse en algunas comunidades autónomas donde la gratuidad se está garantizando a costa del presupuesto de las clínicas, creando deudas insostenibles.

Los centros especializados han soportado la situación, evitando que las mujeres costeasen su aborto, pero es imposible asumir un compromiso de las administraciones a las que los centros recuerdan, sin éxito, que la viabilidad de la sanidad es responsabilidad del Gobierno y no de quien la facilita.

Entre otros casos, en la Comunidad de Madrid se han generado más de 2,5 millones de euros en concepto de deuda entre la Administración y los centros. En Castilla La Mancha asciende a 1.300.000 euros; en Aragón, la prestación de aborto, sin pagar desde que el PP llegó al poder, suma una deuda de 800.000 euros.

Comparado con partidas presupuestarias más gravosas, el aborto provocado no es un recurso costoso: el 90% de los abortos se realizan antes de la semana 14 y el coste oscila entre los 275 y los 500 euros. ¿Qué lleva a no sufragar su deuda? Para Acai existe un interés claro por dejar de financiar públicamente el aborto, privando de su derecho a las grandes perjudicadas: las mujeres.

La actual situación económica constituye el argumento perfecto para disculpar el impago y para, en un momento posterior, justificar una reforma que podría dejar de considerar el aborto como una prestación sanitaria básica, realizando con ello un recorte "político" disfrazado de recorte "económico"; y encontrando su "acomodo" en la Ley General de Recursos Sanitarios Básicos anunciada por Mariano Rajoy.