Cuando una antigua cárcel es tu único techo: más de 200 personas afrontan su desalojo en Mallorca

En la antigua cárcel de Mallorca malviven desde hace años más de 200 personas que podrían verse en la calle en las próximas semanas. Varios agentes de la Policía Local les informaron el pasado martes de que debían abandonar el espacio –propiedad del Ayuntamiento– de forma voluntaria cuanto antes. De lo contrario, se iniciará un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros. De momento, con ayuda de la PAH están presentando alegaciones en las que denuncian no contar con una alternativa habitacional. 

A principios de marzo la Policía Local comenzó a identificar a los residentes para saber cuántas personas vivían dentro del complejo. En un primer momento, el censo publicado por el Ajuntament de Palma hablaba de unas 207, que ahora han ampliado a 226. Desde la plataforma aseguran que al menos son 300 los afectados y que algunos llevan más de una década allí. 

En el antiguo penal, ubicado a menos de tres kilómetros del centro de la capital balear, estuvieron recluidos durante décadas cientos de presos del franquismo. Se inauguró en 1968, cuando dejó de ejercer como tal el convento de les Caputxines, que entre 1936 y 1941 alojó a más de 2.000 represaliados. En 1999 quedó completamente abandonado y, desde entonces, se han hecho diferentes promesas de rehabilitación que han quedado en saco roto. 

En 2013 el Ajuntament de Palma adquirió el edificio a través de una permuta con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), a cambio de otra parcela en la ciudad. En todo este tiempo, en el que la crisis habitacional de la isla no ha hecho más que agravarse –paralelamente a su éxito turístico–, sus celdas se han convertido en pequeños dormitorios para trabajadores y familias que se han visto expulsadas del mercado inmobiliario.

"No creo que ni a las ratas les guste estar viviendo así. Hay toneladas y toneladas de basura porque en treinta años nadie ha ido a limpiar o a poner, al menos, unos cubos de basura", cuenta la Ángela Pons, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Mallorca. Junto con otras asociaciones se están movilizando para ayudar con mantas, ropa de abrigo, limpiando poco a poco o llevando hornillos y material con el que poder cocinar comida caliente, ya que no hay ni luz ni agua. 

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Un informe presentado por los bomberos evidencia esta situación de insalubridad y falta de suministros, pero niega Pons que en alguna de las diez páginas del documento se inste a los desalojos o se hable de derrumbes: "Este informe, que es el que están usando para ir con tanta prisa con el proceso, lo que cuenta es que hay personas que necesitan ayuda, porque están viviendo en condiciones precarias, pero no es una invitación a los desahucios". "Un gobierno democrático no puede ser el primero en dictar una orden de desahucio y luego pensar que esta gente no tiene dónde ir", lamenta la activista. 

La mayoría de los ocupantes trabajan en el sector del turismo o de la construcción, con contratos temporales que van encadenando. "Aunque hay de todo", asegura Pons: "incluso parejas donde los dos trabajan y, aun así no pueden alquilar, porque exigen unos requisitos imposibles". Uno de los perfiles con más presencia es el de jóvenes de origen árabe, que están a la espera de poder regular su situación el mes que viene. Han organizado una pequeña oficina para ayudarles con los trámites. Sin embargo, para ello, necesitan empadronarse y, según denuncian desde la PAH, a algunos, "a pesar de tener sus cosas dentro", les están diciendo que "es falso que vivan allí". Calculan que hay unas 15 personas en esta situación, a las que se suman otras decenas que tienen miedo a abandonar las instalaciones por este motivo. 

Desde el Ayuntamiento explican a Público que el procedimiento de recuperación posesoria se puso en marcha el pasado 24 de febrero y, al día siguiente, se estableció el control de acceso al recinto "con el objetivo de tener identificadas" a todas las personas ocupantes. "Durante los días 25 y 26 de febrero, efectivos de la Policía Local de Palma y de Serveis Socials llevaron a cabo estas tareas de identificación en el marco del dispositivo habilitado", aseguran.

Una vez cerrado el censo el día 27, el control de acceso se ha mantenido de forma continuada y aseguran que así seguirá hasta que se complete el desalojo, "con la finalidad de evitar la entrada al recinto de personas que no aparezcan en el censo municipal". Esa misma jornada, tras la celebración de una Junta de Gobierno extraordinaria, se aprobó el inicio formal del expediente de recuperación y se empezaron a enviar las notificaciones individuales a cada persona censada. Una vez resueltas, se abrirá un plazo de cuatro días para que se vayan voluntariamente y, de no producirse, se recurrirá a la vía judicial.

Luisa, más de tres años viviendo en la cárcel

Luisa tiene 58 años y es mallorquina de nacimiento. Llegó al penal hace algo más de tres años, después de que su marido, oficial de obra, enfermara del ojo derecho. Ella también sufre una incapacidad y durante un tiempo estuvo cobrando la renta municipal, pero la pareja ahora subsiste con una única paga de 1.015 euros que cobra el hombre. "Antes vivíamos de alquiler, pero, con esta situaciones, nos quitaron todo. Tuve que vender hasta los muebles", relata a este medio. 

"Entonces me tocó por primera vez ocupar", dice con pena y algo de nerviosismo por la situación actual. Tenía una conocida que se había instalado en uno de los antiguos pisos de los funcionarios de la prisión y la informó de que quedaba uno vacío. Un hombre le pidió 70 euros y le dio la llave: "Cuando abrimos la casa tenía muchísima basura. Nosotros la limpiamos y la pintamos entera". Para limpiar, ducharse o cocinar necesitan recoger agua de las fuentes municipales, "que cada vez ponen más lejos".  Tampoco tienen luz y se las apañan con generadores y hornillos de gas. 

"Es que no tenemos ninguna probabilidad de acceder a un alquiler o a una casa y no nos dan ninguna alternativa habitacional", denuncia. A esta parte del complejo, separada de las celdas –donde la vida es aún más precaria– todavía no les han dado aviso de desahucios, pero temen ser los siguientes. "De aquí no me voy. Es esto o la calle, y mejor estoy aquí, que por lo menos tengo un techo que me protege de la lluvia y el frío", deja claro. 

 Las alegaciones de los ocupantes  

Este medio ha tenido acceso al documento base que los residentes de la antigua prisión están presentando como alegación ante el Ajuntament de Palma de Mallorca. En primer lugar,creen que la resolución administrativa no ha tenido en cuenta en su histórico de antecedentes "la realidad que ha rodeado la okupación de la antigua cárcel" y aseguran que "la corporación municipal que ahora notifica el inicio de este desalojo masivo no ha llevado a cabo ninguna actuación en relación a ofrecer una resolución habitacional". 

"En el antecedente de hecho del acuerdo no se expone cómo se va a solucionar el problema habitacional de las personas que se pretende desalojar, (más de 300 personas) lo cual también debe integrar el expediente administrativo", añaden. Y subrayan: "No se incorpora ni un solo informe de la Oficina Antidesnonaments adscrita al Ayuntament de Palma, realizado en los últimos dos años". Tachan el expediente de desalojo de "incompleto" y tramitado "de manera urgente", frente a actuaciones "premeditadas, ilícitas e interesadas". 

En cuanto a un posible riesgo de incendio, denuncian que existe y es conocido desde al menos el año 2023 y  "en todo este tiempo no se ha hecho nada por aminorarlo". Además, subrayan que "nunca se han llevado a cabo labores de limpieza", permitiendo la "generación de un espacio insalubre, que ahora se está denunciando". Además, en el documento, los afectados dejan por escrito que, hasta la fecha, no ha habido ninguna intervención de los servicios sociales adscritos al Ajuntament  de Palma. 

Desde el Ayuntamiento, dicen a Público haber ofrecido "la cartera de servicios municipales" a todos los residentes, además de "haber instado en reiteradas ocasiones a las entidades sociales y del tercer sector para que aporten los recursos que tengan disponibles y los pongan, si quieren, a disposición de estas personas". Para facilitar esta comunicación, subrayan,  "hemos habilitado además un correo electrónico en el que pueden comunicar e informar de sus recursos disponibles".

Según datos de esta administración, alrededor de un 70% de los ocupantes se encuentran en situación irregular, por lo que han instado a "Delegación de Gobierno que actúe en el marco de sus competencias". "También hemos mantenido recientemente una reunión con el Obispado de Mallorca, con el que ya se está trabajando para valorar diferentes soluciones", han señalado. 

 Otro centenar de familias pendientes de desahucio 

A este proceso de desalojo en la capital del archipiélago se suman las más de 170 notificaciones de desahucio que han llegado a los vecinos de terrenos cercanos a Son Bordoy, un proyecto que prevé construir más de 700 viviendas (150 protegidas y 350 a precio tasado). Tanto en estos solares, como en los aledaños –que serán modificados para facilitar la conexión o el alumbrado– fueron cedidos, según defienden las familias afectadas, por el exalcalde Joan Fageda, para dar solución a un desahucio anterior. 

Los orígenes de esta hilera de chabolas y casas prefabricadas están en la inmigración peninsular de temporeros del turismo y el sector primario que llegaron a finales del siglo XX a la isla. Sus hijos y nietos se han criado en estas mismas casas. "Esas tierras se las concedieron hace 28 años a estas familias, que tienen su casa hecha, que viven con sus niños y mascotas, que están completamente integradas y tienen todo su proyecto montado en este barrial, donde ahora quieren poner una glorieta", lamenta Pons. 

La activista intervino, junto a un representante de los vecinos, en un pleno municipal el pasado 29 de enero. Esa misma semana cerca de una veintena de personas se concentraron en la plaza de Cort para exigir una solución. "Aquí no hay vivienda social, no hay albergues, no hay nada. El día 26 tenemos otro desahucio de una mujer con cuatro niños y no hemos tenido las narices de encontrar un albergue para ellos. Esa es la realidad de Palma", dice con rabia la portavoz de la PAH, que teme que este año haya una nueva oleada de desahucios, porque se van a terminar muchos contratos de alquiler "y no los renueva, porque aquí lo que interesa es el turista". 

Iván Murray Mas, geógrafo de la Universidad de les Illes Balears, explica que este proyecto pretende, prácticamente, "generar un pueblo entero, sin tener en cuenta nada de lo que conlleva desarrollar un proyecto urbanístico": soluciones de movilidad, uso de recursos, equipamientos y servicios… "Además, es vergonzoso que lo que estén implantando es vivienda a precio tasado, que son la mayoría. A estas viviendas solo van a poder acceder, tal cual está el mercado, personas con un alto poder adquisitivo, es decir, no va a ayudar a solucionar el problema de vivienda que tenemos ahora mismo", explica.

 Víctimas de la turistificación  

En 2025 más de mil personas vivían en alguno de los más de 35 poblados de chabolas identificados en la capital balear, según datos de un censo que elaboró en junio de ese año el Ayuntamiento. Además de edificios abandonados como el de la prisión, son cada vez más habituales los asentamientos de infraviviendas, tiendas de campaña o caravanas en los que viven trabajadores de todo tipo. "No hay un perfil. Son españoles e inmigrantes que vienen a trabajar en la construcción, en el turismo o en cualquier sector, porque ahora mismo aquí el alquiler es imposible", dice Pons. El precio medio de una habitación no baja de los 700 euros y el alquiler de una casa fácilmente se puede ir a los 2.000 euros. 

Este problema no es exclusivo de Mallorca. En Ibiza, en 2025, se desalojó uno de los asentamientos más grandes del archipiélago, el de Can Rova, donde aparcaban sus caravanas cientos de trabajadores. Con su cierre, las camper no han desaparecido, se han dispersado a otros terrenos. A finales de febrero el tribunal de Instancia número 5 de Ibiza decretó la orden de lanzamiento de un solar convertido en parking, entre el estadio Palladium Can Misses y el segundo cinturón de ronda, E-20. 

La Cátedra de Estudios Urbanos de la Universitat de les Illes Balears publicó en 2024 los resultados de una encuesta en la que analizaron el fenómeno de las autocaravanas con residencia fija en la ciudad de Palma. El estudio reveló que, de los 150 vehículos identificados, más de la mitad eran residencia fija y sus inquilinos contaban con contrato de trabajo. El 93% confirmó, además, haber buscado otra alternativa y tres de cada cuatro dejaría de dormir sobre ruedas si encontraba un alquiler decente. 

Es la cara B del lujo y la vida tranquila que proyecta el archipiélago. "Estamos llegando a una situación de desborde tan bestia y a unas contradicciones tan enormes, que se está poniendo en riesgo hasta al propio sector turístico, porque los trabajadores ya no pueden más. Cuando afecta a policías o médicos, es que la cosa es grave", sentencia Murray. Su análisis es claro: la política de vivienda en la isla ha sido "ausente" en cuanto a derechos, pero sí ha tenido un protagonismo brutal en "mercantilización turística".  

Más del 50% de las viviendas en propiedad en la isla son lo que el INE llama "no principales", es decir, segundas residencias o inversiones especulativas. Para describir lo que sucede en Palma, el geógrafo recurre a Gabriel Cañellas, presidente del Govern Balear entre 1983 y 1995, cuyo objetivo era que "Baleares fuera la segunda residencia de Europa".